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Avanza "mini versión" de la Ley Jaguar para impulsar proyecto de Marina de Limón

El oficialismo y la oposición alcanzaron este martes un acuerdo multipartidista que logró avanzar uno de los proyectos de ley que el anterior Congreso no pudo aprobar: una reforma a la Ley de Japdeva que le permita suscribir alianzas estratégicas para desarrollar inversiones de infraestructura.

El proyecto en cuestión es el expediente 24.259, que fue presentado en abril de 2024 por la entonces diputada socialcristiana María Marta Carballo Arce y el cual había sido dispensado del trámite de comisión con 40 votos a favor y 7 en contra, para terminar empantanado en el plenario con una veintena de mociones que nunca llegaron a votarse debido a la falta de consenso político.

Esta iniciativa era una versión "acotada" de la fallida Ley Jaguar 2.0 presentada por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, y que había naufragado en la Sala Constitucional. En la sentencia integral que dio muerte a ese proyecto, los magistrados señalaron que la pretensión de permitir que Japdeva suscribiera alianzas estratégicas para la inversión en infraestructura, dejando sin aplicación los procedimientos ordinarios de contratación pública, era inconstitucional por violación del artículo 182.

El artículo 182 constitucional establece que los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas deberán hacerse mediante licitación.

La Sala dejó abierta una posibilidad en su sentencia, al señalar que las alianzas estratégicas son, en tesis de principio, constitucionales, pero siempre sujetas al principio de reserva de ley que así lo autorice para las instituciones involucradas, y se cumplan las demás previsiones del ordenamiento para su habilitación, aunque advirtió que en la medida que tales alianzas involucren algún tipo de infraestructura, en ese ámbito concreto sí estaría vedada la figura de la alianza estratégica, por expresa disposición del artículo 182 de la Constitución Política.

El texto de consenso establece que cualquier alianza deberá contar con estudios técnicos y de factibilidad debidamente sustentados, que garanticen beneficios económicos, financieros y sociales reales para la provincia de Limón. También permite que esas alianzas incluyan bienes inmuebles propiedad o bajo administración de las partes, así como la infraestructura necesaria para cumplir los objetivos estratégicos acordados, pero excluye el patrimonio natural del Estado.

Asimismo, la versión acordada añade una salvaguarda sobre los muelles de Japdeva: las instalaciones que se construyan en ellos no podrán salir del dominio público ni podrán enajenarse, arrendarse o gravarse, directa o indirectamente. No obstante, el texto permite que el socio estratégico las explote de manera conjunta con Japdeva y bajo las condiciones que fije el reglamento respectivo.

Uno de los puntos más sensibles del expediente se relaciona con la contratación pública. El texto actualizado mantiene que las alianzas estratégicas que celebre Japdeva quedan exceptuadas de los procedimientos ordinarios de contratación pública, conforme al inciso h) del artículo 3 de la Ley General de Contratación Pública. Sin embargo, incorpora de forma expresa que deberán sujetarse a los principios constitucionales de transparencia, eficiencia, igualdad, publicidad, libre concurrencia, rendición de cuentas, fiscalización y control de la Hacienda Pública.

La redacción pactada también obliga a que el reglamento de Japdeva incluya procedimientos para seleccionar aliados estratégicos. Esos procedimientos deberán considerar, al menos, el análisis de riesgos y ventajas de cada alianza, la administración de esos riesgos, la experiencia técnica del aliado, su capacidad financiera, los mecanismos de fiscalización por parte de Japdeva, los mecanismos de resolución de conflictos mediante comités expertos y la obligación de que los aliados no estén alcanzados por el régimen de prohibiciones de la Ley General de Contratación Pública.

Además, cada alianza estratégica deberá recibir autorización y aprobación final del Consejo de Administración de Japdeva. El texto también fija un plazo máximo de 50 años para cualquier alianza y mantiene la prohibición de generar prácticas monopolísticas absolutas o relativas.

La redacción acogida fue enviada a publicación en La Gaceta y a consulta a la Contraloría General de la República, Japdeva, el MOPT, la Procuraduría General, Aresep, Mideplán, Casa Presidencial y municipalidades de la provincia de Limón, por lo que hasta ambos procesos culminen, el proyecto quedará suspendido de su conocimiento en el plenario.

Álvaro Ramírez Bogantes, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) señaló en el plenario legislativo y en un posterior vídeo enviado a la prensa que su bancada esperará a las respuestas que rinda la Contraloría General para definir su apoyo final al proyecto de ley.

Queremos que haya una marina en Limón, queremos que haya una terminal de cruceros en Limón, pero estos proyectos se tienen que hacer en el marco de los principios constitucionales, de la libre concurrencia, de la transparencia, de la fiscalización y control de la hacienda pública. Japdeva tiene la facultad de hacer alianzas estratégicas, eso quedó reiterado en el texto sustitutivo que se aprobó hoy, amparado a estos principios que son esenciales para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos y de este tipo de alianzas".

Abril Gordienko López, diputada unipersonal del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) coincidió en que la idea del nuevo texto era asegurarse que las alianzas estratégicas que suscriba Japdeva estén sujetas a principios constitucionales de transparencia, eficiencia, igualdad, publicidad, libre concurrencia, rendición de cuentas y fiscalización de los recursos.

No queremos que, por ejemplo, esto se convierta en una herramienta para escoger a dedo cuáles serían esos socios estratégicos para las alianzas. Y, por otra parte, asegurarnos de que las instalaciones que se vayan a construir en los muelles de Japdeva permanezcan como dominio público, que no puedan ser enajenados, arrendados o gravados"

Por su parte Claudia Dobles Camargo, diputada unipersonal de la Coalición Agenda Ciudadana señaló que "queremos más infraestructura en todo el país, sobre todo queremos más infraestructura en Limón, y para esto estamos absolutamente dispuestos a revisar cuáles mecanismos podrían agilizar los procesos de inversión en infraestructura".

Nosotros estamos de acuerdo en las alianzas estratégicas, estamos de acuerdo en las alianzas público-privadas para generar infraestructura, pero siempre nos parece importante que sea bajo los valores de la contratación administrativa, de transparencia, publicidad, trazabilidad, competitividad. Y nos parecía que el texto que venía en corriente legislativa no necesariamente mantenía esos mecanismos de control ni tampoco esos estándares. El acuerdo es alrededor de un texto sustitutivo que pretende, justamente, mejorar mejorar esto, mantener los valores de la contratación administrativa, garantizar el mejor servicio público y, sobre todo, evitar que esto pudiera generar un mecanismo para que se haga una contratación a dedo, o que se escoja al aliado estratégico de manera absolutamente discrecional".

Los portavoces de los grupos parlamentarios de oposición coincidieron en un punto que constituye el principal desafío jurídico que afrontará este texto en caso de prosperar en el Congreso: si la Sala Constitucional avalará que, pese a su señalamiento inicial de que no se pueden hacer alianzas estratégicas para infraestructura, las salvaguardas puestas por la Asamblea en este nuevo texto sean lo suficientemente robustas para equipararse a las de la Ley de Contratación Pública.

Juan Manuel Quesada, subjefe de fracción del oficialista Pueblo Soberano celebró el acuerdo alcanzado con la oposición. "Creo que ha sido una jornada bastante importante, beneficiosa, y que nos abre las puertas para continuar con este proyecto hacia adelante", dijo.

El informe del Departamento de Servicios Técnicos señaló que este proyecto requiere para su aprobación una votación no menor a dos tercios del total de miembros de la Asamblea Legislativa (38 votos), debido a que modifica competencias funcionales de un ente autónomo.

Breves

— El plenario rechazó las 14 mociones de reiteración presentadas por miembros de la anterior Asamblea Legislativa al expediente 24.625 "Definición del límite entre los cantones de Alajuela y Belén de las provincias de Alajuela y Heredia", arrancando su discusión en primer debate. El diputado José Miguel Villalobos, del oficialismo, señaló que debido a dos votos de los años 1990 y 2000 de la Sala Constitucional, esta iniciativa podría ser inconstitucional debido a que ese tribunal señaló que la modificación de los límites de las provincias requiere el mismo procedimiento constitucional para crear nuevas provincias: una reforma constitucional, y un plebiscito en las provincias involucradas.

Villalobos, pese a ser diputado por Alajuela, dijo que apoyaba el proyecto (que trasladaría territorio alajuelense a la provincia de Heredia) y se ofreció a redactar la consulta de constitucionalidad posterior al primer debate, para intentar que la Sala Constitucional en su actual conformación cambie la jurisprudencia.

— Con 53 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 25.114 "Aprobación de la adhesión de la República de Costa Rica al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA), al Protocolo al Acuerdo de Asociación de Economía Digital y a la decisión del Comité Conjunto del Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA) relativa a la adhesión de la República de Costa Rica al DEPA a la cual se anexan las condiciones de adhesión de la República de Costa Rica al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA)". 

Comisiones integradas

La presidenta legislativa anunció la conformación de las siguientes comisiones:

Comisión Permanente Especial de Redacción

Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera

Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda

Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera

Leyes publicadas

Este martes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.