El informe DFOE-CAP-IAD-00006-2025 de la Contraloría señala filtraciones y baja cobertura, pero también consigna mejoras en la depuración de beneficiarios y la coordinación con el MEP.

El informe DFOE-CAP-IAD-00006-2025 de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Avancemos generó amplia atención al advertir deficiencias en cobertura y control, así como una reducción del 20% en el presupuesto entre 2022 y 2024.

Sin embargo, el mismo documento incluye datos que evidencian avances recientes en la gestión del programa, particularmente en la depuración de beneficiarios y en la coordinación interinstitucional.

De acuerdo con el informe, entre 2022 y 2024 el número de personas beneficiarias que recibieron el subsidio sin figurar en los registros del Ministerio de Educación Pública (MEP) pasó de 18.778 a 6.194, lo que representa una reducción de casi dos tercios en el campo conocido como filtraciones. La Contraloría atribuye esta mejora al fortalecimiento del intercambio de información con el MEP y al uso del censo educativo para verificar la condición académica de los estudiantes.

El informe también consigna una mejora del 76,9% en la asignación del beneficio entre las personas elegibles que permanecían en lista de espera, al pasar de más de once mil casos en 2022 a poco más de dos mil en 2024.

Asimismo, la CGR reconoce que entre 2022 y 2024 se fortaleció la coordinación entre el IMAS y el MEP para el trámite y verificación de la ayuda económica, mediante la consulta de censos educativos y la habilitación de mecanismos de búsqueda activa de nuevos beneficiarios.

Estos avances contrastan con otros hallazgos señalados en el informe, como el aumento de los tiempos de atención —que pasaron de 3,5 a 5,5 meses en promedio—, la reducción de 18.908 beneficiarios y la persistente desarticulación de los componentes de alfabetización digital y apoyo académico.

La Contraloría ordenó a las instituciones involucradas —IMAS, MEP, MTSS y el Consejo de Coordinación del Programa— implementar acciones para fortalecer la visión sistémica del programa, reducir los tiempos de espera y mejorar la trazabilidad de los registros de beneficiarios. Los primeros informes de avance deberán entregarse en 2026.