Hablar de una educación de calidad requiere tener como pilar fundamental a la persona estudiante, como protagonista de su proceso educativo y sujeto de derechos; además entender que este proceso es integral y que involucra a todas las personas que se relacionan con las niñeces y adolescencias desde los diferentes contextos en los que interactúan.
Las personas estudiantes con discapacidad durante muchos años han vivido las consecuencias de recibir procesos educativos que no se adaptan a sus características y necesidades específicas, que son poco accesibles, flexibles y carentes de igualdad y equidad de oportunidades.
La condición de discapacidad es uno de los principales factores de la exclusión, discriminación, marginación y estigma social de niñeces y adolescencias; según el Estado Mundial de la Infancia las niñeces y adolescencias excluidas son aquellas que sus entornos no les benefician ya sea por violencia o malos tratos, pero también cuando no pueden acceder a servicios que les permitan una participación plena; en este caso en concreto niñeces y adolescencias que por su condición de discapacidad no tienen acceso a educación accesible, juego y recreación, libertad de expresión, participación desde la igualdad y equidad de oportunidades, socialización, comunicación alternativa, entre otros elementos que ponen en vulneración sus derechos humanos.
Según la Unesco “a escala mundial, un adolescente, un niño y un joven de cada cinco se encuentra completamente excluido de la educación”. Algunos de los factores de exclusión son la pobreza, el entorno, el género y la discapacidad, siendo la discapacidad uno de los elementos que más exclusión causa, sobreponiéndose sobre los demás y causando uno de los más altos porcentajes de no escolarización de estas niñeces y adolescencias.
La educación inclusiva es el camino hacia la educación de calidad que garantice los Derechos Humanos de la población estudiantil con discapacidad de nuestro país, una educación para todas las niñeces y adolescencias sin importar las condiciones, necesidades y características individuales.
Una educación fundamentada en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, como garantes del derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación y con un Estado que impulse las políticas inclusivas y vele para que los Centros Educativos tengan los recursos humanos, económicos, de infraestructura y tecnológicos que el sistema de educación inclusivo requiere para un desarrollo integral de sus niñeces y adolescencias.
Para lograr tener Centros Educativos con educación de calidad, es necesario fortalecer los procesos de educación inclusiva, brindándole estrategias, orientaciones y adaptaciones a las personas estudiantes, a las personas docentes y las familias de las personas estudiantes con el fin de lograr un trabajo colaborativo enfocado en el interés superior de la persona estudiante y su autonomía progresiva.
En el año 2018 Costa Rica publicó el Decreto Ejecutivo 40.955 ("Establecimiento de la inclusión y la accesibilidad en el Sistema Educativo Costarricense") que vino a complementar el marco jurídico que tiene el país en derechos de las personas con discapacidad. Este decreto dicta la implementación gradual de prácticas inclusivas en todos los Centros Educativos del país en un periodo máximo de 12 años; a raíz de estas disposiciones se empiezan a realizar procesos de inclusión educativa de personas estudiantes de Centros de Enseñanza Especial a Centros Educativos de Enseñanza General Básica.
La situación actual ha tenido avances positivos en el reconocimiento de la diversidad como un eje fundamental en la enseñanza, sin embargo, también atraviesa grandes retos ya que existen barreras actitudinales por parte de las personas docentes, falta de recursos humanos y económicos en los Centros Educativos, entre otros muchos desafíos; lo más preocupante es que en muchos casos las prácticas se siguen alejando de ser inclusivas y respetuosas para las personas estudiantes con discapacidad, lo cual vulnera sus derechos humanos. Es necesario la atención prioritaria que equipare oportunidades permitiendo un desarrollo integral de esta población estudiantil como sujeta de derechos.
Según el Ministerio de Educación Pública (MEP) el país tiene un 2.1% de porcentaje de exclusión y señalan también que Costa Rica tiene una posición privilegiada debido a la garantía de una educación gratuita y universal donde se crean acciones con el objetivo de reducir factores que ocasionan exclusión de las personas estudiantes de sus procesos educativos.
Nuestro país tiene un importante y robusto marco normativo y legislativo que respalda la educación inclusiva, sin embargo, la práctica no necesariamente se alinea con lo establecido y cada zona del país pareciera un mundo diferente e incluso con sus propias normativas. Desde un enfoque de territorialidad se establece que la accesibilidad a derechos, como en este caso, el de educación debe darse en igualdad de condiciones sin importar el territorio.
Sin embargo, se puede observar como la ejecución de prácticas inclusivas varía de un lugar a otro, e incluso desde el sentir de las personas estudiantes, familias y personas docentes, en ocasiones la información que se les brinda no es la igual en todos los lugares, del mismo modo sucede con la capacitación, evaluación y seguimiento de los procesos educativos inclusivos, en muchos lugares existe gran apoyo desde los gestores administrativos, pero en otros lugares parecieran inexistentes.
Otro aspecto importante en esta importante transición y transformación en la que el sistema educativo costarricense se encuentra es que es necesario romper paradigmas como el médico-rehabilitador, lo cual permitirá ver los verdaderos alcances de la educación integral y respetuosa para las personas con discapacidad. Trabajar desde un enfoque de los Derechos Humanos, en el cual se garantice la NO discriminación, la igualdad y equidad de oportunidades, la accesibilidad, la autonomía progresiva y el interés superior de la persona estudiante según sus características y necesidades.
Garantizar el derecho a la educación es una de las principales consideraciones éticas en la actualidad, esta educación debe ser integral, de calidad e inclusiva considerando que todas las niñeces y adolescencias pueden aprender y tienen sus intereses, necesidades, capacidades y condiciones únicas; es por esto que la educación debe ser flexible, accesible y adaptada según estos elementos. La educación inclusiva crea entornos libres de discriminación, estima y marginación.
Eliminar barreras, adaptar espacios y mediaciones pedagógicas, capacitar a las personas docentes y fortalecer la participación de las personas estudiantes con discapacidad permite crear centros educativos inclusivos que respetan la dignidad humana, la justicia, la igualdad y la equidad. Estas consideraciones deben extenderse a todos los entornos donde las niñeces y adolescencias con discapacidad se desenvuelven.
Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.
