Le escribo desde el archipiélago canario con un ruego que dejo escrito desde el principio de esta carta: comparezca usted, por favor, ante la Corte Penal Internacional (CPI), donde su responsabilidad penal internacional está comprometida por la presunta responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Vaya por delante que desciendo de un palestino originario de la Cisjordania ocupada, obligado a emigrar el pasado siglo y que tuvo la fortuna de encontrar la hospitalidad proverbial de Canarias. Mi padre fue un afortunado, como lo es la condición de estas islas, bañadas por el Océano Atlántico y pobladas de gentes que, como en Palestina, abren sin remilgos sus puertas al recién llegado y le convidan a tomar café y a conversar… Al igual que ocurre en muchas ciudades y pueblos de América Latina y de España.
Comparezca ante la CPI, tribunal que vio la luz gracias a un tratado internacional firmado en Roma en 1998, para evitar la repetición de los crímenes que victimizaron a millones de judíos y la impunidad de los responsables. Es necesario que usted comparezca para que, con todas las garantías a las que tiene derecho, tenga un juicio justo, haga valer los motivos y las pruebas en las que se basa para rechazar su responsabilidad por los crímenes tan horrendos por los que se le investiga.
Como los nazis juzgados en Núremberg o en tribunales nacionales (caso de Adolf Eichmann), usted tiene derecho al debido proceso. Durante la investigación y el posible juicio ante la CPI, usted tiene todos los derechos que minuciosamente enuncia el Estatuto de la Corte.
Mientras se realice la investigación, no puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. No puede ser objeto de coacciones, ni sufrir intimidación o amenazas, torturas ni otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Tiene derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete si fuera interrogado en un idioma que no comprendiera. Le asiste el derecho a ser informado de los motivos que llevan a creer que ha cometido crímenes de la competencia de la CPI. Puede guardar silencio sin que ello sea motivo para determinar su culpabilidad o su inocencia. Puede ser asistido por un abogado de su elección o, si lo necesitara, pedir que se le asigne un abogado de oficio en interés de la justicia. Además, se reconoce su derecho a ser interrogado únicamente en presencia de su abogado, salvo si renunciara usted a su derecho a asistencia letrada.
Sepa, primer ministro, que se le presume inocente en tanto no se demuestre su culpabilidad. Tiene derecho a ser oído públicamente en audiencia justa e imparcial en la que disfrute de garantías como ser informado sin demora y detalladamente de los cargos que se le imputan; disponer de tiempo y medios para preparar su defensa; comunicarse libre y confidencialmente con su defensor; ser juzgado sin dilaciones indebidas; estar presente en el proceso y defenderse personalmente o asistido por un defensor; interrogar y hacer que se interroguen a los testigos de cargo y a que comparezcan los testigos de descargo; oponer excepciones y presentar pruebas; declarar de palabra o por escrito en su defensa sin prestar juramento; a que la Fiscalía ponga en conocimiento de su defensa las pruebas que pudieran indicar su inocencia como acusado, o a atenuar su culpabilidad, o que puedan afectar a la credibilidad de las pruebas de cargo.
No continúo señalando derechos y garantías que aparecen con detalle en el Estatuto de la CPI y en instrumentos internacionales de derechos humanos, algunos suscritos por Israel, caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) o la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984), tratados en los que Israel es parte desde que los ratificó el 3 de octubre de 1991.
Esos derechos y garantías son el producto concordante de los sistemas jurídicos de la mayor parte de los Estados del planeta y configuran el derecho al debido proceso, a un juicio justo, esencia de todo sistema jurídico civilizado que ha de respetarse a toda persona acusada de cometer crímenes y delitos y que, como consecuencia, sea llevada ante un tribunal independiente e imparcial encargado de administrar justicia.
Los magistrados de la Corte y el Fiscal deben desempeñar sus funciones con total independencia. Y, como persona investigada y enjuiciada, tiene usted derecho a pedir la recusación de cualquier magistrada o magistrado de cuya imparcialidad dude. Si fuera enjuiciado y la CPI le declarase culpable dictando sentencia condenatoria, puede recurrir el fallo y la pena impuesta. Por esta, no tema: no pueden condenarle a muerte sino, a lo sumo, a reclusión perpetua.
Esos derechos y garantías representan mucho más que las garantías y derechos que han tenido miles y miles de niñas y niños, mujeres y hombres de la Palestina ocupada, víctimas de los gravísimos crímenes por los que a usted se le investiga. Esa abismal diferencia dibuja precisamente la frontera que separa la civilización de la barbarie. Lo sabe y debería, junto con todo su gobierno, detenerse a pensarlo y poner fin a las atrocidades, reconociendo los legítimos derechos del pueblo de Palestina a vivir en su tierra en paz y dignidad, libres al fin de la ocupación.
¡Cuántas palestinas y palestinos han sido víctimas de genocidio, ejecuciones extrajudiciales, torturas, malos tratos, detenciones y juicios arbitrarios…!
Discúlpeme por aventurar su responsabilidad. No soy yo quien debe decidirlo, sino la CPI, porque los crímenes se han cometido, presuntamente, en territorio de un Estado Parte en el Estatuto de la Corte: Palestina. Y esto sirve de sustento a la competencia de la Corte para ejercer sus funciones.
Comparezca pues, señor primer ministro, ante la CPI y ejerza su derecho a la defensa con todas las garantías y salvaguardias que tiene.
Y sepa también usted que la dignidad de Palestina y de las palestinas y palestinos de todas las edades sigue en pie, incólume, en Gaza y Cisjordania, incluso bajo el terror de las armas de su ejército, sufriendo sin cesar violencia indiscriminada, hambre, penurias y arbitrariedades. Y en todos y cada uno de los miles de cadáveres de las víctimas inocentes que yacen bajo los escombros.
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