En las últimas semanas, algunos sectores han cuestionado el  proyecto de ley 24.738, que busca garantizar un financiamiento permanente para las redes de monitoreo sísmico, volcánico y meteorológico del país. La principal crítica proviene de las aseguradoras, que señalan que el 0.6% sobre ciertas pólizas encarecería los seguros y añadiría cargas adicionales a los consumidores.

Como director del OVSICORI-UNA, considero necesario responder a esas preocupaciones con respeto, pero también con firmeza. El debate no puede quedarse únicamente en lo financiero, porque lo que está en juego es la seguridad de millones de personas y la resiliencia de Costa Rica frente a desastres naturales. La experiencia nos muestra que cada colón invertido en prevención reduce exponencialmente las pérdidas humanas y económicas posteriores.

Quienes respaldamos la iniciativa estamos claros en que estas redes constituyen la primera línea de defensa del país: generan alertas, cuantifican la amenaza, iluminan decisiones de protección civil y orientan estándares de construcción y uso del suelo. Además, recuerdan que la interrupción o el deterioro del monitoreo comprometen datos irremplazables y, con ello, la capacidad de anticipar y modular el riesgo. En términos de gobernanza del riesgo, el proyecto no es una erogación discrecional, sino una infraestructura de conocimiento indispensable para políticas públicas basadas en evidencia.

El proyecto de ley no es un impuesto más, sino un mecanismo para sostener en el tiempo una infraestructura científica que funciona 24/7 y que ha demostrado salvar vidas. ¿Cómo valorar el costo de un sistema que alerta con minutos de anticipación a comunidades enteras, que informa a los cuerpos de emergencia en tiempo real, o que orienta las decisiones de reconstrucción tras un terremoto o una erupción volcánica? Esa es la magnitud del aporte que muchas veces pasa desapercibido hasta que ocurre la tragedia.

Ahora bien, se han planteado objeciones desde el sector asegurador: el 0.6% encarecería las pólizas y sumaría cargas a otras contribuciones ya existentes. Estas preocupaciones merecen una respuesta técnica y proporcional.

En primer lugar, el porcentaje es acotado y su destino es público y verificable (auditado); en segundo lugar, los costos sistémicos de la falta de monitoreo, tanto para las familias como para el propio mercado asegurador, son mayores a la contribución propuesta. Cada colón invertido en prevención y alerta temprana reduce en un factor de 4 los costos de siniestros catastróficos, acelerando la recuperación económica y atenuando la volatilidad actuarial. Por definición, alimenta la solvencia del propio sistema de seguros al disminuir la incertidumbre extrema.

Tercero, el mecanismo alinea incentivos, pues quienes suscriben seguros lo hacen para transferir riesgo. Financiar la inteligencia pública que mide y reduce ese riesgo es coherente con la función de aseguramiento.

Cuarto, en términos de política económica, la vía propuesta (un 0.6% sobre primas específicas) es predecible, con baja volatilidad y diversificada en la base contributiva. Alternativas como partidas ordinarias anuales o donaciones intermitentes son insuficientes para cubrir la naturaleza 24/7 del monitoreo y la depreciación acelerada del instrumental. La experiencia revela que interrupciones presupuestarias provocan huecos de datos y fallas de mantenimiento que cuestan más que sostener de forma estable el sistema.

Entiendo la inquietud de quienes administran seguros, pero vale recordar que las propias aseguradoras se benefician directamente del monitoreo científico: contar con datos confiables permite calcular riesgos con mayor precisión, diseñar productos más justos y proteger mejor su cartera. Lejos de ser sectores en pugna, ciencia y seguros son (o deberían ser) aliados naturales. Invertir en conocimiento reduce la incertidumbre y fortalece la estabilidad del sistema asegurador.

Además, este mecanismo garantiza que comunidades rurales y zonas alejadas no queden fuera de la cobertura científica. Las estaciones instaladas en territorios de difícil acceso cumplen una función social insustituible: protegen a quienes tienen menos recursos para enfrentar un desastre. Esa equidad territorial es parte de lo que este proyecto asegura.

Por supuesto, el financiamiento debe ir acompañado de transparencia y rendición de cuentas. Quienes trabajamos en las redes de monitoreo somos los primeros interesados en establecer metas claras, indicadores verificables y auditorías que muestren a la ciudadanía cómo cada recurso se transforma en seguridad y conocimiento. Insistimos en que cada colón será invertido en el mantenimiento y la expansión de las redes de monitoreo, no en salarios o compensaciones económicas para las personas científicas.

La discusión sobre este proyecto debería centrarse en datos y en la responsabilidad compartida de un país expuesto como el nuestro, no en percepciones o cálculos de corto plazo. El 0.6% no es un gravamen improductivo, es un seguro colectivo que blinda nuestro futuro. Costa Rica tiene la oportunidad de dar un paso histórico: reconocer que la ciencia aplicada al monitoreo es tan esencial como cualquier otra inversión en infraestructura pública.

Esa decisión está hoy en manos de la Asamblea Legislativa. Nuestro país no puede darse el lujo de discutir el costo de la prevención cuando el costo de la tragedia es, sencillamente, inmensurable.

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