Hace un tiempo escribí un blog titulado “Haciendo que la biodiversidad pague: un vistazo a las nuevas oportunidades”, inspirado en las conversaciones de la COP16 de Biodiversidad, realizada en el mes de octubre del año 2024. Allí exploraba cómo los créditos y mercados de biodiversidad podían abrir una nueva puerta y conectar la conservación con el desarrollo económico.

Hoy, tras profundizar en distintos estudios y espacios de aprendizaje sobre finanzas sostenibles y biodiversidad, siento que esa mirada empieza a expandirse: no se trata solo de generar ingresos para conservar, sino de repensar toda la arquitectura financiera que sostiene, o amenaza, a la naturaleza.

A partir de las lecturas, webinars y materiales analizados, comprendí una premisa fundamental: la biodiversidad no necesita del dinero; la economía necesita de la biodiversidad.

Según estimaciones de PwC (2023), el 55% del PIB mundial, que ronda los 58 billones de dólares, está altamente expuesto a riesgos derivados de la naturaleza y sus servicios ecosistémicos. Sin embargo, continuamos tomando decisiones financieras como si el capital natural fuera infinito. Esa “invisibilidad de la naturaleza” es, quizás, uno de los mayores desafíos que tenemos por delante.

Este nuevo enfoque propone abordar la brecha de financiamiento desde ambos lados: aumentar las inversiones positivas y, al mismo tiempo, reducir los flujos financieros que dañan los ecosistemas, como subsidios perjudiciales o inversiones sin salvaguardas ambientales. Este doble enfoque me parece transformador porque nos invita a pensar en cambios estructurales, no solo en proyectos puntuales.

En el caso de Paraguay, el potencial para aplicar mecanismos financieros innovadores vinculados a la biodiversidad es muy alto, especialmente en los sectores agropecuario, forestal y financiero. El sector forestal, por ejemplo, ha crecido en exportaciones de madera aserrada y manufacturas madereras, aunque enfrenta desafíos en sostenibilidad y manejo responsable de los recursos forestales. Además, iniciativas como “Paraguay + Verde” buscan fortalecer la sostenibilidad en las zonas rurales, mejorar los ingresos de pequeños productores y promover prácticas forestales racionales.

Por otro lado, el sistema financiero paraguayo ya cuenta con plataformas de alianzas sostenibles, como la Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS), una plataforma de cooperación voluntaria que promueve la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en las decisiones financieras. A través de capacitaciones, estudios y compromisos sectoriales, la MFS ha logrado posicionar las finanzas sostenibles del Paraguay como un eje estratégico dentro del sistema financiero nacional, evidenciando que existen actores con capacidad técnica y voluntad institucional para adoptar e impulsar nuevos instrumentos financieros verdes, alineados con los objetivos de sostenibilidad y conservación del país.

Además, la reciente adhesión de Paraguay a la iniciativa BIOFIN ofrece una ventana de oportunidad estratégica para fortalecer la planificación financiera ambiental, identificar brechas económicas y promover la integración de la biodiversidad en los procesos presupuestarios nacionales.

Con estas condiciones iniciales, sectores productivos con impacto sobre la naturaleza, instituciones financieras sensibilizadas y un proceso nacional de financiamiento de la biodiversidad en marcha, Paraguay está en posición de explorar instrumentos como incentivos fiscales verdes, bonos de biodiversidad o reformas de subsidios agrícolas. Es importante recordar que en este país ya existe la figura del Pago por Servicios Ambientales (PSA), vigente desde el año 2006, como un mecanismo económico pionero que reconoce y remunera los beneficios que brindan los ecosistemas. Si bien aún existen brechas en su aplicación y escalamiento, este instrumento va ganando fuerza como una herramienta clave para incentivar la conservación y atraer inversiones privadas hacia la sostenibilidad.

En la misma línea, Paraguaycuenta con un marco específico para créditos de carbono a partir de la Ley N.º 7190/2023 “De los Créditos de Carbono”, que definió titularidad, registro y reglas para la participación en mercados de carbono. Dicha ley fue reglamentada por el Decreto N.º 3369/2025, creando estructuras y procesos para la generación, custodia y transferencia de créditos con criterios de integridad y trazabilidad.

Además, Paraguay y Singapur firmaron el Acuerdo de Implementación bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París, el pasado 23 de mayo del corriente, abriendo una vía concreta para cooperación y transacciones de créditos de carbono de alta calidad; Singapur ya anunció la contratación de créditos basados en naturaleza que incluyen proyectos en Paraguay.

Con estas herramientas, Paraguay consolida un entorno propicio para transformar el riesgo ecológico en oportunidades de inversión y resiliencia, alineando la conservación con la competitividad productiva de largo plazo.

Quizás la mayor enseñanza de este recorrido es comprender que financiar la biodiversidad no representa un gasto, sino una inversión estratégica en resiliencia. Cada dólar destinado a conservar bosques, suelos o fuentes de agua se traduce en ahorros futuros, ya sea por la reducción de riesgos climáticos, la prevención de desastres o el mantenimiento de la productividad agrícola y forestal.

Invertir en naturaleza implica asegurar los cimientos biofísicos de la economía, porque los ecosistemas saludables sostienen la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua, la estabilidad climática y, por ende, la competitividad del país.

A medida que profundizo en este proceso de aprendizaje y análisis, me resulta cada vez más evidente que el futuro de las finanzas sostenibles no radica solo en compensar la pérdida ambiental, sino en rediseñar los flujos económicos para regenerar valor natural. La verdadera transformación vendrá cuando la naturaleza deje de ser un costo externo y se reconozca como un activo esencial del desarrollo.

Valorar, proteger y restaurar la biodiversidad no es una tarea ambiental, sino una condición económica y social para la resiliencia a largo plazo.

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