Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles pasaría de 0,25% a un 0,75%.

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Montserrat Ruiz Guevara, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.239) que propone reducir la tarifa general del impuesto al valor agregado a un 10% y, en paralelo, modernizar y fortalecer el impuesto sobre bienes inmuebles mediante la creación de una Agencia Catastral Nacional adscrita al Ministerio de Hacienda.

Según la exposición de motivos, la reforma busca aliviar el costo de vida y, a la vez, mejorar la progresividad del sistema fiscal con la creación del Catastro Único Nacional que permita valorar inmuebles con criterios homogéneos y combatir la evasión, el texto justifica esta reforma indicando:

La estructura tributaria de Costa Rica presenta desequilibrios que han sido diagnosticados de manera recurrente tanto por organismos nacionales como internacionales. Uno de los principales problemas es la desproporción entre los impuestos al consumo, que representan la columna vertebral de la recaudación fiscal, y los impuestos a la propiedad, que en la mayoría de los países desarrollados constituyen una fuente central de progresividad, pero que en nuestro país continúan subutilizados”.

La exposición de motivos explica:

La reforma que aquí se propone busca corregir de manera integral este desequilibrio mediante una redistribución gradual de la carga tributaria desde el consumo hacia la propiedad, acompañada de mecanismos regulatorios y tecnológicos que aseguren la efectividad del traslado de beneficios a la ciudadanía”.

Adicionalmente, la reforma propone crear la Agencia Catastral Nacional como órgano técnico de Hacienda que tendrá entre sus funciones la administración del Catastro Nacional Único que sea interoperable con municipalidades y Registro Nacional, así como definir las metodologías de valoración y actualizar valores fiscales cada tres años. Según el proyecto, la agencia se financiará con el 2% de lo recaudado por concepto del impuesto a los bienes inmuebles.

Además, la propuesta aumenta la tarifa del impuesto a los bienes inmuebles de 0,25% a un 0,75% del valor de la propiedad en un periodo de dos años, manteniendo el 0,25% para las municipalidades (monto que cobran actualmente) y el monto adicional sería destinado al Gobierno Central, en compensación a la rebaja del IVA. Adicionalmente, aumenta el valor exento del pago de este impuesto de 45 a 60 salarios base, siempre y cuando se trate de la vivienda habitual de una persona física.

Dato D+: El salario base de referencia para este año es de 462.200 colones.

La iniciativa propone que la reducción del IVA se aplique de forma gradual, empezando el primer año con una reducción a los bienes esenciales de consumo cotidiano que no formen parte de la canasta básica tributaria, y a los servicios de transporte estudiantil debidamente autorizados por el Consejo de Transporte Público. Al segundo año se aplicaría la rebaja al resto de bienes y servicios que actualmente tienen un IVA del 13%, siempre y cuando el Catastro Nacional Único haya alcanzado, como mínimo, una cobertura del cincuenta por ciento (50 %) del territorio nacional. A partir del tercer año la rebajo se aplicaría a todos los bienes y servicios, sin importar el avance del Catastro Nacional Único.

El texto incorpora una cláusula legal de traslado que obligaría a reflejar la rebaja del IVA en los precios finales y ordena al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) a crear un Observatorio de Precios que será el ente encargado de publicar semanalmente comparativos de precios de bienes y servicios antes y después de la rebaja al IVA, desagregados por sector económico. Además, incluye una cláusula de revisión de los resultados que deberá realizar la Asamblea Legislativa cuando se cumplan dos años desde la aplicación de la rebaja al IVA.

El proyecto ahora deberá ser asignado a una comisión legislativa para iniciar su trámite ordinario.