Faltando pocos días para que concluya el plazo para tramitar la cédula de identidad, necesaria para ejercer el voto, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica informó que alrededor de 36 mil jóvenes con derecho a hacerlo aún no habían realizado el trámite. A esta información se puede añadir lo notificado por el propio TSE en las elecciones nacionales de 2022, cuando reportó un alto nivel de abstencionismo (40,0 % en primera ronda y 43,2 % en segunda). Con algunas fluctuaciones, se trata de una tendencia ascendente desde finales de finales de los noventa.

Los datos señalan un proceso clave para comprender la realidad de nuestra comunidad política contemporánea. Se trata del “lado ciudadano” de aquello que politólogas y politólogos denominan erosión o declive democrático en las democracias occidentales. En este caso, dicha erosión se manifiesta en la desconexión de la ciudadanía respecto de sus deberes cívicos, incluso en relación del más básico: el ejercicio del sufragio para elegir representantes periódicamente.

Las explicaciones de la ciencia política costarricense para este proceso apuntan a la percepción ciudadanía de importantes incumplimientos de las autoridades electas con respecto a sus expectativas, al desencanto producido por la corrupción, la corporativización de los partidos políticos y, en general, al desgaste de las promesas democráticas.

En una dirección semejante, el filósofo argentino Roberto Gargarella agrega que los fundamentos sociológicos de las instituciones político-representativas están hoy debilitados. Instituciones como el Congreso o los partidos políticos son “trajes demasiado estrechos” para el cuerpo de nuestras complejas demandas políticas actuales, lo que contribuye al desencanto ante las previsibles insuficiencias de su desempeño.

En su obra ‘Divide y Votarás’, el politólogo Ronald Alfaro (CIEP-UCR) agrega una pieza explicativa interesante a este rompecabezas. Existe evidencia de que quienes crecen y se desenvuelven en ambientes familiares en donde no se participa políticamente, y donde no se vota, tampoco participan. Así, el abstencionismo es un proceso que se va construyendo a través de generaciones. En términos aristotélicos: la acción política del sufragio es también un hábito. Su falta de ejercicio refuerza la inacción posterior y se transmite intergeneracionalmente.

Por mi parte, siguiendo al pensador Michael Sandel (‘El descontento democrático’), creo que el neoliberalismo ha promovido una cultura que dificulta comprender y justificar la vida política y, de ahí, el autogobierno popular. Al reducir ideológicamente la vida social al mercado y los roles que ahí cumplimos, se erosiona la vigencia social de las nociones de comunidad política y de espacios colectivos de acción ciudadana. En ese contexto, actos mínimos como el sufragio periódico son vistos como un esfuerzo sin beneficio individual inmediato (v.g. "Ya soy mayor de edad pero, ¿para qué inscribirme para votar? ¿Qué gano con ello?").

Lo cierto es que la abstención electoral no sólo indica el declive de nuestra democracia, sino que contribuye en la reproducción de las condiciones que lo engendran. Este círculo vicioso es uno de los rostros de la crisis democrática de nuestro tiempo.

Ahora bien, ¿qué hacer? En cuanto al diseño institucional del sistema político costarricense, propongo dos medidas:

  • Posicionar como política estatal prioritaria la educación para la democracia, orientada a fomentar la participación y la deliberación ciudadana activa, el deber cívico del voto, el respeto a la pluralidad política, la alfabetización mediática e informacional frente a la desinformación y la propaganda engañosa, y la comprensión profunda de la estructura y fundamentos de la República Democrática. Tal programa interinstitucional debe reposicionar la centralidad de una educación cívica que abarque todos los niveles de la educación formal (primario, secundario y universitario), con un enfoque transversal en múltiples disciplinas; y esfuerzos estatales activos para también llegar a ámbitos informales de sociabilidad política.
  • Hacer efectiva la obligación constitucional del sufragio (art. 93 Constitución Política de la República de Costa Rica), mediante un mecanismo sancionatorio para la omisión de ese deber. Esta medida funcionaría como un dique mínimo frente a la despolitización ciudadana, pues propiciaría que cada persona participe democráticamente, al menos, mediante el ejercicio del voto periódico para elegir representantes. Mediante el reposicionamiento del hábito de votar, también se podrían activar otras formas de participación política. En este respecto, resulta especialmente interesante el modelo de la República del Uruguay, donde existen sanciones pecuniarias razonables y marcos de excusas justificadas amplios.

Con todo, sin un abordaje político-constitucional del trasfondo cultural, estas medidas serán, a lo sumo, diques provisionales. El objetivo de tal abordaje debe ser construir las condiciones de la virtud cívica y reabrir aquello que Hannah Arendt denominó ‘espacio de aparición’: el ámbito político que se crea cuando la ciudadanía se encuentra, delibera y actúa colectivamente. Y en todo este asunto debemos encarar una discusión bastante incómoda, pero acaso decisiva: el papel de la economía política contemporánea en la erosión democrática y en la despolitización de la propia comunidad. Porque, al fin y al cabo, la abstención electoral es sólo el síntoma más visible de un vaciamiento político profundo que se viene gestando desde hace tiempo en nuestra sociedad.

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