La seguridad será uno de los temas centrales en la campaña electoral hacía las elecciones del 2026. Costa Rica ha estado viviendo una ola de homicidios y violencia sin precedentes; hasta el 25 de agosto de 2025 se registraban 571 homicidios. Además, la Fuerza Pública y el OIJ han alertado sobre la operación de al menos 200 bandas criminales en el territorio nacional. Este contexto plantea tres preguntas elementales: ¿Qué van a proponer las candidaturas a la presidencia al respecto?, ¿Tales propuestas respetan nuestro sistema democrático?, y ¿Son sostenibles en el tiempo?

Las candidaturas tienen consensos (más policías, mejor coordinación, centros de comando, más tecnología), pero las diferencias radican en el cómo y en el equilibrio entre prevención y represión. De momento, ninguna candidatura aborda la necesidad de más plazas en el OIJ, la Fiscalía y el Poder Judicial.

Antes de revisar cada propuesta, propongo los siguientes lentes para evaluarlas:

Primer punto: el énfasis exclusivo en la “mano dura” suele ofrecer respuestas rápidas de percepción popular, pero pocas soluciones estructurales. La experiencia regional lo demuestra: es posible reducir temporalmente los delitos, pero como lo he indicado en otros artículos de opinión, sin prevención social, educación y oportunidades para las personas, el fenómeno se seguirá reproduciendo. Medidas como aumento de plazas policiales, los centros de comando o megaoperativos deben ir acompañadas de inversión sostenida en prevención y adaptación social.

Segundo punto: la coordinación entre poderes y cuerpos policiales es fundamental, pero no es suficiente. Convocar consejos o crear centros de mando solo tiene impacto real si existen canales de intercambio de inteligencia policial, protocolos claros de supervisión y controles para evitar abusos y corrupción.

Tercer punto: financiamiento y viabilidad. Varias propuestas requieren recursos significativos, como la contratación de más policías, inversión en infraestructura carcelaria, y centros tecnológicos; todo ello con la necesidad de mostrar fuentes claras sin sacrificar al Estado Social de Derecho. Propuestas como vender activos públicos como el Banco de Costa Rica (BCR) merecen un debate nacional.

Una lectura por cada candidatura:

  • Jose Aguilar (Avanza): propone un “choque fuerte” y más tecnología. Es legítimo fortalecer la inteligencia policial, pero un “choque fuerte” sin matices puede aumentar las víctimas colaterales y vulnerar derechos humanos. No podemos esperar a que “se apague el incendio” como dice el candidato, para pensar en prevención; la prevención debe ser política pública desde el primer día de gobierno.
  • Luz Mary Alpízar (PPSD): plantea reforzar la educación y “valores”. La educación es crucial; pero conviene que precise programas concretos y metas medibles. Sus frases vacías no permiten conocer realmente su propuesta. ¿Cuáles son los “valores” que se deben rescatar?
  • Claudio Alpízar (Esperanza Nacional): habla de mejorar los programas de consumo de drogas, sin claridad técnica (reducción de riesgos vs. enfoque abstencionista). La unificación de cuerpos policiales concentraría el poder punitivo y no es la vía para mejorar la seguridad.
  • Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana): una de sus propuestas es la “revisión de penas”, sin precisar en qué consistiría. En lo preventivo menciona Puente al Desarrollo y a la Seguridad. Además, detalla parcialmente el financiamiento de sus propuestas. Acertadamente continuaría con la política de “megaoperativos” del gobierno 2018-2022. Considero que el aumento de penas no asegura la disminución de la criminalidad. Sus propuestas, deben ir acompañadas de un impulso a la educación pública y la generación de empleo para ser realmente efectivas.
  • Natalia Díaz (Unidos Podemos): resume su propuesta en tres palabras: presencia, castigo y prevención; como todas las candidaturas plantea mejor coordinación entre cuerpos policiales, no rechaza la construcción de “megacárceles”, aunque habla de “rehabilitación real”. Plantea un plan de control en barrios peligrosos sin considerar que el sicariato está ocurriendo en cualquier barrio y calle del país. Creo que la ampliación penitenciaria es necesaria pero no al estilo “Bukele”.
  • Juan Carlos Hidalgo (PUSC): propone vender el BCR para financiar seguridad y mayor cooperación internacional. Creo que la cooperación internacional es clave para desarticular al crimen organizado, y que la venta del BCR debe evaluarse con rigor económico y social. No dice mucho más, sin políticas de prevención su propuesta no llegará muy lejos.
  • Boris Molina (UCD): habla de “justicia eficiente” sin concretar la idea. Está a favor de atacar las finanzas del crimen organizado, aunque no nos dice de qué manera lo hará. Le hace falta claridad ya que sus propuestas tienen muchas formulas vacías.
  • Álvaro Ramos (PLN): propone enfocarse en la prevención del delito recuperando el espacio público y generando oportunidades laborales y educativas para las personas jóvenes. Acertadamente revisaría los cambios hechos por el gobierno actual al Servicio Nacional de Guardacostas, la policía de Fronteras y la de Control de Drogas. No menciona que medidas tomaría contra el crimen organizado. Su propuesta tiene un buen enfoque urbano-criminal; sin embargo, falta mostrar el cómo lo logrará.
  • Ariel Robles (FA): habla de atacar a líderes narco junto con un plan de prevención para personas jóvenes y medidas contra el lavado de activos. Concuerda con Claudia Dobles sobre la necesidad de realizar megaoperativos y con Álvaro Ramos en cuanto a la recuperación de espacios públicos. Pienso que tiene un balance interesante entre lo punitivo y preventivo.
  • Fernando Zamora (Nueva Generación): Sugiere hacer independiente al Ministerio Público y crear un Tribunal Constitucional autónomo del Poder Judicial; lo cual considero es innovador, aunque se debe tener mayor claridad respecto de cómo impulsaría la propuesta y de que manera se realizarían los nombramientos de magistraturas y fiscalías. Desde mi perspectiva sus propuestas de reformas penales podrían comprometer derechos fundamentales (v. gr. presunción de inocencia).

Recomendaciones finales. La próxima administración, sea cual sea, debe priorizar: (1) fortalecimiento de inteligencia policial con controles civiles, (2) inversión en educación y en generación de empleo, (3) coordinación real y transparente entre poderes, (4) políticas contra las finanzas del crimen con mecanismos como los capitales emergentes o extinción de dominio, y (5) monitoreo público de indicadores de homicidios, decomisos por tipo de droga y desarticulación de estructuras criminales. La seguridad debe trabajarse todos los días, y quienes votamos merecemos propuestas claras, medibles y compatibles con una democracia que protege a la ciudadanía y defiende los Derechos Humanos.

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