En Costa Rica se ha mantenido una moratoria a la explotación de hidrocarburos (petróleo y gas natural) durante cinco gobiernos consecutivos. Sin embargo, siempre hemos señalado que ninguna victoria del movimiento ecologista es permanente; lo único permanente es la voracidad extractivista, que intenta instalarse una y otra vez sobre nuestros territorios.
Hoy Costa Rica sigue siendo un país libre de explotación petrolera y de gas natural (incluido el fracking), principalmente gracias a la participación y lucha de múltiples sectores de la sociedad civil. Haber sostenido esta moratoria frente a una actividad tan destructiva es, sin duda, una victoria que debemos defender. No debemos olvidar nuestra historia de lucha, especialmente ahora, cuando la campaña electoral rumbo a las elecciones del 2026 está plagada de políticos oportunistas, seducidos por la industria extractivista transnacional.
Podemos disfrutar de un mar Caribe sin derrames de petróleo gracias a la lucha de ecologistas, pueblos indígenas y afrodescendientes, pescadores, académicos y diversos sectores de la sociedad civil, que desde finales de los años noventa se organizaron en la coalición ADELA (Acción de Lucha Antipetrolera). El nombre honra a Adela Pita, una mujer indígena bribri que en los años ochenta enfrentó con valentía a la maquinaria de la petrolera PEMEX.
Nuestro trabajo ha alcanzado importantes victorias en los ámbitos legal, político y administrativo. No obstante, aún persisten quienes anteponen sus intereses privados, amparándose en la demagogia de “cálculos alegres”, para intentar instalar negocios extractivistas sobre la tranquilidad y la ecología de este pequeño país tropical.
La “mula vuelve al trigo”. El actual gobierno de Rodrigo Chaves ha mantenido desde sus inicios un discurso confrontativo hacia el movimiento ecologista, y el tema de hidrocarburos no ha sido la excepción. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos (Niza, Francia), el mandatario declaró a Radio Francia Internacional:
“Yo lo que dije es: ‘midamos esos recursos y basemos el debate sobre si vale la pena o no’. Puede ser que no tengamos suficientes hidrocarburos en nuestro subsuelo. Puede ser que estemos sentados sobre una cantidad enorme de esos recursos. El valorarlos es el primer paso para tener un debate racional al respecto”.
En octubre del año pasado, Chaves anunció haber solicitado al gobierno de Noruega apoyo para estudios sobre exploración y explotación de petróleo y gas, bajo el argumento de que ese país “es el campeón del mundo en aprovechar los recursos y conservar el ambiente”. La respuesta diplomática noruega fue una negativa clara, dejando a nuestro gobierno en ridículo. Era previsible: Noruega no arriesgaría su imagen internacional ayudando a un pequeño país megadiverso de Centroamérica a sacrificar su biodiversidad en nombre del petróleo.
Además, el Poder Ejecutivo, junto con otras fuerzas políticas conservadoras y el poderoso lobby petrolero en nuestro país, han bloqueado sistemáticamente el proyecto de ley N.° 23.579, que busca declarar a Costa Rica como un territorio libre de exploración y explotación de petróleo y gas. Esto demuestra que el tema sigue muy presente en la agenda de los opacos intereses que defienden el extractivismo.
La moratoria: conquista en disputa
La exploración y explotación de hidrocarburos está prohibida en Costa Rica gracias a una moratoria vigente hasta el 2050, firmada y ratificada por los últimos gobiernos, menos el actual. Sin embargo, esta medida podría ser levantada en cualquier momento desde el Poder Ejecutivo.
La primera moratoria surgió a inicios de los 2000, gracias a la presión del movimiento ecologista en campaña electoral. En el 2002, durante su toma de posesión, el presidente Abel Pacheco declaró que la verdadera riqueza del país eran sus recursos naturales, no el oro ni el petróleo, comprometiéndose a no facilitar concesiones petroleras ni mineras. Más tarde, bajo el gobierno de Laura Chinchilla, la moratoria se formalizó por decreto, pasando de ser un gesto político a un compromiso escrito en blanco y negro.
Los logros no fueron solo políticos: también se obtuvieron victorias clave en el ámbito judicial y técnica-administrativa, principalmente ante SETENA. En el 2002 se demostró la inviabilidad ambiental de los proyectos de la petrolera Harken, cuyos estudios de impacto incumplían la normativa. Tras la anulación del contrato, la empresa reclamó indemnizaciones millonarias, llegando incluso a exigir en arbitraje internacional $57.000 millones, lo que fue denunciado como un intento de “extorsión”. Finalmente, Costa Rica ganó el litigio.
La mano peluda: corrupción y puertas giratorias
Uno de los impactos más graves del extractivismo en países tropicales es el intervencionismo político. Además de los daños ambientales, la industria hidrocarburífera ha manchado democracias con corrupción, prevaricato y conflictos de interés.
Ejemplo de ello es el caso del exministro de Ambiente Roberto Dobles, quien tras su gestión se vinculó a la UCCAEP proponiendo derogar la moratoria, y posteriormente firmó un contrato con una petrolera para recibir un porcentaje de las ganancias de la explotación. Su carrera como consultor energético ilustra las puertas giratorias entre negocios petroleros y cargos públicos.
Llamado al 2026
Desde el movimiento ecologista exhortamos a las y los candidatos presidenciales para las elecciones de 2026 a posicionarse de forma transparente ante el electorado: ¿de qué lado estarán?
Desde OILWATCH Costa Rica insistimos en que sostener la moratoria petrolera y evitar la explotación de gas natural no solo es estratégico para la protección de los bienes comunes, sino también fundamental para la defensa de una democracia sana y libre de los vicios del extractivismo.
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