Seis días después de aprobar MARPOL (Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques), la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate el proyecto de adhesión al Protocolo de Londres de 1996. Esta secuencia revela una estrategia coordinada, que podría transformar definitivamente el sector marítimo nacional; pero también expone una realidad incómoda: Costa Rica posee aproximadamente 500,000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo versus apenas 51,000 kilómetros cuadrados terrestres y, sus instituciones siguen organizadas como si fuera un país continental.

¿Qué es realmente el Protocolo de Londres?

El Protocolo de Londres de 1996 es uno de los instrumentos ambientales marinos más revolucionarios del siglo XX, aunque pocos costarricenses conocen su importancia.

Moderniza y fortalece el Convenio de Londres de 1972 - que Costa Rica ratificó mediante Ley N.° 5566, con un enfoque completamente diferente, para proteger los océanos.

La revolución está en la filosofía. El Convenio de Londres original de 1972 establecía "listas negras" de sustancias prohibidas: mercurio, cadmio, pesticidas persistentes, desechos radiactivos. Todo lo demás podía verterse al mar con permisos básicos. El Protocolo de Londres 1996 invierte completamente esta lógica: prohíbe todo vertimiento, excepto lo específicamente permitido.

Es así como, solo siete categorías de materiales pueden considerarse para vertimiento marino: materiales de dragado, desechos de pescado, plataformas marinas en desuso, materiales geológicos inertes, materia orgánica de origen natural, objetos voluminosos de hierro y acero, y - sorprendentemente - flujos de CO₂ para secuestro de carbono.

Esta "lista positiva" significa que cualquier vertimiento debe justificarse científicamente, someterse a evaluación rigurosa de impacto ambiental, y demostrar que no existen alternativas terrestres viables. Es el estándar más exigente del mundo en protección marina.

¿Por qué es relevante para Costa Rica? Porque mientras MARPOL regula lo que los buques NO pueden tirar al mar, el Protocolo de Londres regula lo que las instalaciones terrestres SÍ pueden verter deliberadamente. Son las dos caras de la misma moneda como modelo de protección integral del océano.

Un país marítimo con instituciones terrestres

Mientras MARPOL, recién aprobado el 24 de junio de 2025, mantiene la ilusión de simplicidad al concentrar las responsabilidades operativas en las dos autoridades portuarias (JAPDEVA e INCOP) - aunque requiere silenciosamente la coordinación de múltiples instituciones como MINSA, MINAE/SETENA, Dirección de Navegación y Seguridad, y Comisión Nacional de Emergencias -, el Protocolo de Londres expone crudamente desde el inicio una realidad incómoda: la gestión marítima costarricense está fragmentada entre múltiples instituciones que históricamente han operado sin coordinación efectiva.

La implementación del Protocolo de Londres requerirá coordinación entre varias instituciones: el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) para evaluaciones de impacto ambiental; el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para regulación marítima; el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) para recursos hídricos; las universidades públicas para investigación científica y; las autoridades portuarias para operaciones de dragado.

Esta dispersión no es accidental. Es el resultado de décadas de desarrollo institucional que priorizó la gestión terrestre sobre la marítima. Cuando se crearon estas instituciones, Costa Rica pensaba en café, banano y ganadería; no en convertirse en un hub marítimo regional.

El contraste es evidente: países marítimos como Noruega tienen ministerios específicos del mar, agencias integradas de gestión marina y sistemas de ventanilla única para permisos ambientales marinos. Costa Rica mantiene un sistema donde cada institución maneja "su pedacito" del océano, sin visión integral.

La oportunidad de reformular la gestión institucional marítima

El Protocolo de Londres puede convertirse en el catalizador que Costa Rica necesita para reformular décadas de gestión marítima fragmentada. No es una imposición externa, sino una oportunidad de modernización que el país puede aprovechar inteligentemente.

La experiencia internacional demuestra que los países que mejor implementan marcos ambientales marinos complejos son aquellos que aprovechan la oportunidad para reorganizar sus instituciones.

Por ejemplo, Noruega desarrolló un modelo exitoso: creó una ventanilla única que coordina todas las evaluaciones ambientales marinas. Un solo trámite satisface tanto las obligaciones MARPOL como las del Protocolo de Londres, reduciendo tiempos de gestión de 18 meses a 6 meses.

Canadá implementó una coordinación digital en donde las empresas presentan información una sola vez y, el sistema la distribuye automáticamente a todas las autoridades competentes. El resultado es que los puertos canadienses se convirtieron en referencia continental, para eficiencia en servicios ambientales marinos.

Costa Rica tiene la oportunidad de diseñar un sistema de coordinación que convierta la complejidad regulatoria en ventaja competitiva.

Imaginen una plataforma digital donde la Refinadora Costarricense de Petróleo - RECOPE presente un solo estudio de impacto ambiental, que automáticamente se evalúe por MINAE, SENARA, MOPT y las universidades públicas de manera coordinada; o donde los concesionarios portuarios obtengan permisos ambientales integrales, que cubran tanto obligaciones MARPOL como del Protocolo de Londres.

Esto no requiere crear nuevas instituciones. Requiere voluntad política para establecer protocolos de coordinación, sistemas de información compartida, y - más importante - reconocer que la gestión marítima moderna exige enfoque integral; no fragmentado. Además, organismos regionales como la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo - COCATRAM podrían facilitar programas de capacitación especializada, que apoyen este proceso de modernización institucional.

El momento crítico: oportunidades y cronograma

La implementación simultánea de MARPOL y el Protocolo de Londres creará un sector económico completamente nuevo en Costa Rica: la gestión especializada de vertimientos marinos y evaluación ambiental marina integral.

Se necesitarán laboratorios especializados en análisis de sedimentos y evaluación de materiales de dragado, empresas consultoras en evaluación de impacto ambiental marino que puedan servir tanto el mercado nacional como centroamericano y, certificadoras de cumplimiento de protocolos internacionales. El mercado regional para estos servicios supera los $30 millones anuales.

Las universidades costarricenses podrán desarrollar programas especializados en geoingeniería marina y gestión ambiental portuaria, atrayendo financiamiento internacional y estudiantes de toda la región. La Universidad Estatal a Distancia - UNED cuenta con el programa especializado del PROCIP, que durante años ha desarrollado metodologías de análisis portuario que podrían adaptarse perfectamente a los requerimientos del Protocolo de Londres.

Particularmente prometedor es el campo emergente de gestión de CO₂: el Protocolo incluye regulaciones pioneras sobre secuestro de carbono en formaciones geológicas submarinas. Costa Rica podría posicionarse como centro regional para proyectos de captura y almacenamiento de carbono marino; un mercado emergente valorado en miles de millones de dólares globalmente.

El cronograma es crítico. El Protocolo de Londres debe aprobarse e implementarse coordinadamente con MARPOL para maximizar beneficios y minimizar costos administrativos:

  • 2025: Aprobación legislativa del Protocolo de Londres. Diseño del sistema de coordinación institucional entre ambos marcos. Una vez publicados en La Gaceta, ambos instrumentos entrarán en vigor automáticamente, creando obligaciones inmediatas para las instituciones nacionales.
  • 2026: Licitación de nuevas concesiones en Puerto Caldera, incluyendo obligaciones ambientales integrales. Inicio de servicios básicos de evaluación ambiental.
  • 2027: Operación completa de servicios ambientales especializados. Primera certificación internacional de puertos costarricenses bajo estándares integrales.
  • 2028: Posicionamiento como centro regional de servicios ambientales marinos. Exportación de servicios especializados a mercados centroamericanos.

La ventana de oportunidad es limitada. Panamá desarrolla también protocolos ambientales avanzados para mantener su liderazgo regional. Colombia moderniza el Grupo Puerto de Cartagena como hub ambiental del Caribe. Los países que completen primero su modernización ambiental atraerán el tráfico marítimo premium: navieras internacionales que pagan mejores tarifas, por servicios certificados.

La aprobación de MARPOL y la rápida tramitación del Protocolo de Londres sugieren que Costa Rica puede abordar exitosamente marcos ambientales complejos cuando adopta enfoques pragmáticos y planificación coordinada. El Protocolo de Londres representa, más que una obligación ambiental adicional, la oportunidad de consolidar la modernización del sector marítimo costarricense que el país decidió emprender con MARPOL.

Los seis días entre ambas aprobaciones no son coincidencia. Es evidencia de una planificación estratégica que Costa Rica no había demostrado en décadas de política portuaria. La pregunta ahora no es si Costa Rica puede implementar el Protocolo de Londres. La pregunta es si aprovechará completamente esta oportunidad de modernización institucional y económica.

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