Diputada Johana Obando y fiscalas adjuntas de la FANNA presentan iniciativa que busca tipificar nuevos delitos y garantizar una respuesta más firme ante la violencia contra personas menores de edad.
La diputada independiente Johana Obando Bonilla, junto a fiscalas de la Fiscalía Adjunta para la Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA), presentó hoy en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley (expediente 25.194) que busca reforzar la protección de los derechos de las personas menores de edad y cerrar vacíos en la legislación vigente.
La iniciativa establece principios rectores como el interés superior de la persona menor de edad, la autonomía progresiva, la no discriminación, el respeto a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el respeto a la opinión en todo procedimiento que le afecte, con el fin de armonizar la normativa nacional con los estándares internacionales de derechos humanos. El proyecto además propone reformas sustanciales al Código Penal, al Código Procesal Penal y a leyes especiales, de manera que las sanciones se agraven cuando las víctimas sean personas menores de edad o con discapacidad.
El texto también establece que todos los delitos en perjuicio de menores serán de acción pública, eliminando la instancia privada, y obliga a funcionarios públicos y privados a denunciar de inmediato cualquier sospecha de maltrato.
Entre las innovaciones, se plantea la creación de nuevos tipos penales que hoy no están contemplados, tales como:
- Incumplimiento de la responsabilidad parental.
- Lesiones por negligencia.
- Denegación al derecho de educación.
- Denegación al derecho de salud.
- Agresión psicológica calificada.
- Administración abusiva de los bienes propiedad de las personas menores de edad.
- Enfrentamiento físico entre personas menores de edad.
- Facilitación de bienes inmuebles para enfrenamientos físicos.
- Exhortación para ejercer violencia sobre personas menores de edad.
- Suministro deliberado de productos o sustancias que afectan la salud.
- Agresión psicológica a personas menores de edad.
- Dolor o sufrimiento físico a personas menores de edad.
- Agresión física, psicológica, personal en centros de cuido y enseñanza.
- Agresión física, psicológica, personal a persona menor de edad con discapacidad, en centros de cuido y enseñanza.
- Tratos crueles por su orientación sexual y/o identidad o expresión de género.
- Tratos crueles o inhumanos por su condición de discapacidad.
- Falta de protección de la niñez y adolescencia frente al contenido nocivo de internet y otros medios electrónicos.
- Tenencia de rótulos en protección a las personas menores de edad frente a medios informáticos.
- Omisión de denuncia.
- Incumplimiento de una medida de protección en favor de personas menor de edad.
El proyecto también contempla la creación de la Comisión de Atención de Casos Urgentes (CACUPME), un órgano interinstitucional que atenderá de manera inmediata situaciones de alto riesgo, y refuerza la participación obligatoria del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) como querellante o coadyuvante en procesos penales.
La exposición de motivos justifica esta iniciativa señalando:
El diseño de medidas especiales para proteger a las personas menores de edad es una obligación de parte del Estado. No es por lo tanto una opción o una posibilidad sino, un deber. Para ello el Estado tiene dos caminos que no son distantes entre sí: la prevención y la represión. Ambos caminos son necesarios porque las personas menores de edad son vulnerables".
Por su parte, la diputada Johana Obando destacó la importancia de la iniciativa:
Este proyecto de ley viene a dejar claro que el país va a priorizar los derechos de las personas menores de edad. Tenemos que defender a la población más vulnerable con firmeza y convicción. Este proyecto viene a tipificar conductas que existen y que hoy no pueden juzgarse”.
El texto ahora deberá ser asignado a una comisión legislativa para iniciar su trámite ordinario.
