Randall Zúñiga pidió a diputados fijar plazos a las entidades financieras y diferenciar entre información básica y secreto bancario.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, detalló ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa las dificultades que enfrentan las autoridades para seguir la ruta del dinero en casos de fraudes bancarios, un fenómeno que calificó como creciente y de alto impacto económico y social.

La comparecencia se dio en el marco de la discusión del proyecto de ley tramitado bajo el expediente 24.658, que plantea eliminar el requisito de orden judicial para levantar el secreto bancario en casos vinculados a la delincuencia organizada. Aunque reconoció la pertinencia de esa iniciativa, Zúñiga pidió a los legisladores que no pierdan de vista el problema de las estafas electrónicas, cuya incidencia supera con creces a otros delitos.

"Este año vamos a cerrar con unos 30.000 fraudes bancarios, cuando hace cuatro años apenas había 2.000. El aumento ha sido exponencial", advirtió el director del OIJ.

El jerarca comparó el atractivo que representan para los delincuentes los fraudes electrónicos frente a los asaltos tradicionales. Recordó que un atraco en la calle conlleva el riesgo de ser detenido o incluso de perder la vida en caso de que la víctima se defienda, mientras que en el ciberespacio ese riesgo es inexistente.

En un asalto callejero, la víctima pierde lo que lleva en la billetera o en la cartera: 10.000, 40.000, 50.000 colones, como mucho. Pero en una cuenta bancaria están los ahorros de toda una vida: 800.000, 1.000.000, 10.000.000, lo que sea que tenga la persona. Y los delincuentes se lo llevan".

Zúñiga añadió que, a diferencia de lo que ocurre en un barrio donde varios robos generan presencia policial inmediata, en el ciberespacio la actividad delictiva no despierta alertas inmediatas, lo que facilita la operación de bandas organizadas.

El director del OIJ puso énfasis en el perfil de las víctimas. Según dijo, una parte significativa de los afectados son adultos mayores, más vulnerables a engaños relacionados con claves de acceso o supuestas llamadas de entidades bancarias. "Una gran parte son adultos mayores, personas vulnerables a quienes engañan con temas de claves y demás", señaló.

Uno de los principales obstáculos para recuperar los fondos radica en los tiempos de respuesta de las entidades financieras. El jefe policial explicó que, para determinar si una persona sospechosa tiene cuentas, el OIJ debe enviar solicitudes a los 84 bancos que operan en el país, cuyas respuestas pueden tardar desde una semana hasta ocho meses.

Hoy tenemos una latencia de tres a seis meses de respuesta por parte de los bancos. Y el problema empieza desde la primera pregunta. Debemos ir a los 84 bancos físicamente, entregar un oficio y esperar".

El funcionario señaló que incluso cuando se desarrolló un software para centralizar la información, la normativa vigente obliga a tramitar oficios individuales para cada entidad y con firma judicial, aun cuando lo único que se pide es confirmar si una persona posee o no una cuenta.

En sus palabras, la situación resulta irracional e ilógica en tiempos modernos, pues cuando finalmente se logra obtener una respuesta, los fondos ya han desaparecido.

Zúñiga dimensionó el impacto económico al indicar que en los últimos cinco años se han sustraído más de 120.000 millones de colones (unos 55 millones de dólares), lo que equivale al presupuesto anual del OIJ.

Cuando investigamos un caso de un ciudadano al que le robaron uno o dos millones de colones, que era todo lo que tenía de ahorro, lo que quiere es que se recupere el dinero lo más pronto posible. Pero si un banco responde en ocho meses, ese dinero ya se perdió".

Ante este panorama, el director del OIJ pidió que la ley en discusión establezca plazos obligatorios de respuesta para las entidades financieras y que se clarifique la diferencia entre dos tipos de información: confirmar la existencia de una cuenta y acceder a detalles protegidos por el secreto bancario, como montos, transacciones o números de tarjetas.

Hay que ponerle plazos a los bancos. Además, debemos aclarar que preguntar si alguien tiene o no un producto financiero no constituye un levantamiento del secreto bancario".

Zúñiga mencionó que en varios países europeos la Fiscalía puede solicitar directamente esta información cuando existe una declaratoria de crimen organizado, e incluso en algunos casos la restricción se limita a delitos graves como narcotráfico, corrupción o homicidio.

El director cerró su exposición recordando que la agilidad en el acceso a la información financiera puede marcar la diferencia entre recuperar o perder los recursos sustraídos.

Al final, pasa un año desde que se robaron el dinero hasta que podemos rastrearlo. Eso es irracional e ilógico en tiempos modernos".

El proyecto de ley, impulsado por la diputada Sofía Guillén Pérez del Frente Amplio, tiene un ambiente mayoritariamente positivo en la comisión. Aunque la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) expresó su objeción y pidió archivar el proyecto, la diputada María Marta Carballo del PUSC, presidenta de la comisión, expresó su apoyo a la iniciativa; así como el diputado oficialista Manuel Morales Díaz.