La iniciativa establece principios rectores como el interés superior de la persona menor de edad, la autonomía progresiva, la no discriminación, el respeto a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el respeto a la opinión en todo procedimiento que le afecte, con el fin de armonizar la normativa nacional con los estándares internacionales de derechos humanos. El proyecto además propone reformas sustanciales al Código Penal, al Código Procesal Penal y a leyes especiales, de manera que las sanciones se agraven cuando las víctimas sean personas menores de edad o con discapacidad. El proyecto fue presentado junto con las fiscalas de la Fiscalía Adjunta para la Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA)