¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, sigamos utilizando las mismas metodologías de votación heredadas desde tiempos de los griegos, con papeletas y crayolas? Este rezago genera una desconexión entre el sistema político y una ciudadanía que ya se comunica, participa y organiza a través de medios digitales. Hoy, el 85,4% de los hogares en Costa Rica tiene acceso a internet y más del 90% de la población usa redes sociales y aplicaciones de mensajería de forma cotidiana, según datos del INEC y del CICOM-UCR. La falta de modernización electoral provoca una brecha cada vez mayor entre las dinámicas sociales y la manera en que se canaliza la voluntad popular.

El desfase entre ciudadanía y sistema político

En Costa Rica, los números de abstencionismo confirman esta desconexión. En la segunda ronda presidencial de 2022, el 43,2% del electorado se abstuvo de votar, y en las elecciones municipales de 2024 el abstencionismo rondó el 67% a nivel nacional. Estas cifras reflejan un sistema que no logra movilizar al electorado y que limita la participación ciudadana.

Mientras tanto, en otras partes del mundo, la falta de adaptación institucional ha generado crisis profundas. El caso de Nepal es una advertencia: la frustración ciudadana derivó en protestas violentas, incendios de edificios públicos y muertes. En medio de ese caos, los manifestantes recurrieron a plataformas como Discord para organizarse y expresar sus demandas. Este ejemplo muestra el riesgo de que, cuando las instituciones no abren canales modernos de participación, la gente busca alternativas por su cuenta, muchas veces en contextos de crisis que ponen en peligro la estabilidad democrática.

En Costa Rica aún no hemos llegado a esos niveles de confrontación, pero seguimos atados a un modelo rígido y lento que limita la participación directa. Por eso es legítimo cuestionar si debemos avanzar hacia una democracia más abierta y digital, que permita opinar, deliberar y decidir con mayor agilidad, antes de que la desconfianza y la frustración nos lleven a escenarios más radicales.

La oportunidad tecnológica

La tecnología ya ofrece soluciones para dar este paso. Sistemas basados en blockchain y criptografía permiten registrar votos de manera transparente, auditable e inmutable, brindando confianza tanto a electores como a instituciones. Estas herramientas no solo facilitarían la participación, sino que también fortalecerían la legitimidad democrática al cerrar la brecha entre ciudadanía y sistema político.

Es importante aclarar que avanzar hacia la digitalización de las votaciones no significa excluir a quienes no utilizan internet o redes sociales. El cambio debe ser gradual, progresivo e inclusivo: durante años coexistirán tanto las papeletas físicas como los sistemas digitales, hasta que la cobertura tecnológica y la confianza ciudadana permitan una transición completa. No se trata de eliminar de inmediato los métodos tradicionales, sino de abrir nuevos canales de participación que fortalezcan la democracia y que, con el tiempo, vayan sustituyendo de forma natural al papel y la crayola.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) continúa apostando por urnas físicas y escrutinios manuales. Ni siquiera se ha implementado un sistema digital no remoto —es decir, máquinas de votación en los propios centros—, mientras que en otros países ya se exploran métodos más avanzados. Esta falta de innovación genera dudas sobre la capacidad del TSE para adaptarse a las nuevas realidades sociales y tecnológicas.

Un mundo en cambio acelerado

El mundo avanza con rapidez, y existen ejemplos positivos que Costa Rica debería observar. Estonia implementa desde hace más de una década el e-voting, que permite votar en línea de forma segura y que hoy es referente mundial. Suiza, por su parte, ha experimentado con plataformas basadas en blockchain; aunque algunos proyectos se pausaron por motivos de seguridad, demostraron que la innovación es posible si se implementa con rigor. Otros países también han iniciado pruebas piloto que, aunque imperfectas, apuntan hacia la digitalización de los procesos electorales.

Estos casos confirman que la innovación democrática es factible siempre que esté acompañada de transparencia, seguridad y respaldo institucional. En el caso costarricense, con más de ocho de cada diez hogares conectados a internet y una población altamente digitalizada, existen condiciones sociales para dar ese paso. El reto es garantizar que las brechas de acceso —particularmente en adultos mayores, personas con baja escolaridad y hogares de menores ingresos— no se conviertan en nuevos factores de exclusión política.

Costa Rica no puede esperar a que la frustración social obligue a soluciones improvisadas. Debe adelantarse, con planificación y visión, para que la transformación digital de la democracia sea un proceso ordenado, seguro y legítimo.

Un llamado a la acción

Nos encontramos en un punto de inflexión. Costa Rica tiene tiempo y condiciones para actualizar su sistema político, pero no puede seguir “pateando la bola” hacia adelante. La ciudadanía pide respuestas, soluciones y herramientas para participar activamente. Los partidos políticos, el TSE y la próxima administración deben entender que los cambios que se requieren no son meramente estéticos: son estructurales y definirán la legitimidad futura de nuestra democracia.

Costa Rica necesita políticos capaces de ver la innovación no como un lujo postergable, sino como una necesidad urgente para mantener vivo el espíritu republicano. Modernizar el sistema de votación no es solo una cuestión técnica: es un paso indispensable para recuperar la confianza ciudadana y garantizar la sostenibilidad de nuestra democracia en el siglo XXI.

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