El proyecto recoge el texto final que había sido rechazado el pasado 13 de agosto por el plenario legislativo en otro expediente.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), José Joaquín Hernández Rojas, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.200) que pretende que reforzaría las herramientas legales para combatir los capitales emergentes asociados al crimen organizado. 

La iniciativa propone añadir tres artículos (20 bis, 20 ter y 22 bis) a la Ley 8754 (Ley contra la delincuencia organizada), con el fin de asegurar con rapidez bienes y productos financieros cuando existieran indicios fundados de origen ilícito y, al mismo tiempo, fijar reglas de notificación más expeditas para personas jurídicas.

El texto habilitaba al Juzgado Contencioso‑Administrativo y Civil de Hacienda para decretar medidas cautelares "anticipadas y provisionales", ordenar anotaciones e inmovilizaciones registrales y girar congelamientos preventivos al sistema financiero, con un mes de plazo para que el Ministerio Público presentara la denuncia.

El expediente presentado retoma la redacción final de una iniciativa previa (expediente 22.834) que tras prácticamente cuatro años de trámite fue rechazada por el plenario de la Asamblea Legislativa el pasado 13 de agosto,  al no alcanzar la mayoría calificada necesaria en segundo debate para su aprobación. Ese día, la mayoría de la Asamblea acogió una moción de reconsideración, por lo que ese expediente todavía podría ser aprobado en segundo debate, si se vota antes del 9 de diciembre de este año, fecha en que vence su plazo cuatrienal. 

La versión final del texto, retomada en el nuevo expediente, incluye las recomendaciones hechas por la Sala Constitucional a la versión original consultada en octubre de 2024.

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Votación del 13 de agosto de 2025.

Tras presentar el proyecto, el diputado Hernández señaló:

El mes anterior, este proyecto no logró en la votación de segundo debate, los 38 votos necesarios para convertir esta iniciativa en Ley de la República. Considero que al país le urge contar con un procedimiento efectivo para quitarle los recursos ilícitos al crimen organizado, con los cuales financia y mantiene sus estructuras de narcoactividad".

Dato D+: El artículo 45 de la Constitución Política, que habla sobre la inviolabilidad de la propiedad, establece que para que la Asamblea Legislativa imponga limitaciones a ese principio por medio de una ley, esta requiere mayoría calificada de dos tercios (38 votos) para ser aprobada.

Sobre la decisión de volver a presentar el texto rechazado en agosto, Hernández agregó:

No podemos dejar de luchar por rescatar a nuestro país de este grave problema, hago un llamado respetuoso a todas y todos los diputados que votaron en contra, a reconsiderar su posición, ya que esta medida cautelar anticipada y provisional, se aplicaría solo con autorización de un Juez de la República que compruebe que existen suficientes elementos para determinar con grado de probabilidad, que los bienes pueden ser producto de actividades ilícitas".

El expediente ahora deberá ser asignado a una comisión legislativa para que inicie su trámite correspondiente.