La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para la Modernización y Reforma del Estado dictaminó afirmativamente, este jueves, el proyecto de ley presentado por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles para cerrar el Ministerio de Gobernación y Policía, y redirigir sus competencias a otras entidades.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 24.719, salió de comisión sin modificaciones al texto presentado por el Poder Ejecutivo, aunque con consenso en la comisión de que habrá cambios que tendrán que hacérsele mediante el procedimiento de mociones de fondo vía artículo 137 del reglamento legislativo, las cuales se presentan en el plenario para el conocimiento en comisión.
Según la exposición de motivos del proyecto, el Ministerio de Gobernación y Policía ha perdido progresivamente sus competencias esenciales desde la creación del Ministerio de Seguridad Pública en 1973, pues las responsabilidades de seguridad, tranquilidad y orden público han recaído mayoritariamente en esta última cartera, dejando al Ministerio de Gobernación y Policía con un papel reducido y sin un marco competencial definido.
"Este ministerio ha perdido su razón de ser y es posible reorientar sus competencias, recurso humano, físico y financiero a otras instituciones existentes, lo cual permitirá que las tareas que se le designaron originalmente sean ejecutadas con mayor claridad y con mayor precisión de responsabilidades, y con ello se posibilitará una orientación estratégica más precisa, ágil y eficiente de los recursos y la toma de decisiones por parte del Poder Ejecutivo", dijo Presidencia en noviembre de 2024.
El Ejecutivo sostiene que el ministerio opera como un "cascarón" administrativo, donde únicamente la Oficina Nacional de Control de Propaganda se considera una dependencia sustantiva. Además, el 80% de su presupuesto se destina a órganos desconcentrados como la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) y la Imprenta Nacional, que tienen mayor capacidad operativa que el propio ministerio.
El proyecto de ley pretende redistribuir las funciones y órganos desconcentrados del Ministerio de Gobernación y Policía de la siguiente manera:
- Ministerio de Seguridad Pública: Recibirá a la DGME y al Tribunal Administrativo Migratorio, consolidándolos como órganos desconcentrados con independencia funcional. Además, asumirá las competencias migratorias y de seguridad relacionadas.
- Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán): Será el nuevo ente rector de Dinadeco, reorientándola hacia el desarrollo económico comunitario.
- Ministerio de la Presidencia: Se hará cargo de la Imprenta Nacional.
El documento destaca que, para 2023, el ministerio administró un presupuesto de ₡10.193 millones, de los cuales ₡8678 millones se destinaron a los órganos desconcentrados.
Según el gobierno, Dinadeco podría aprovechar la experiencia de Mideplán en planificación y desarrollo regional, mientras que la Imprenta Nacional ganaría capacidad operativa al vincularse con el Ministerio de la Presidencia.
La propuesta incluye reformas a múltiples leyes para reflejar el cierre del ministerio y la reasignación de sus competencias. Entre ellas destacan la Ley General de Migración y Extranjería, la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad y la Ley de la Imprenta Nacional.
De aprobarse a como lo propone el Ejecutivo, la Dirección General de Migración y Extranjería se convertiría en un órgano de desconcentración mínima y el Tribunal Administrativo Migratorio sería un órgano de desconcentración máxima, ambos del Ministerio de Seguridad Pública; la Imprenta Nacional sería un órgano de desconcentración mínima del Ministerio de la Presidencia; y la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad sería un órgano desconcentrado mínimo del Mideplán.
Como consecuencia, también se suprimirían la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional y la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería como órganos desconcentrados, siendo sus competencias asumidas por la Dirección General de la Imprenta Nacional y la Dirección General de Migración y Extranjería respectivamente, excepto aquellas que le corresponden al jerarca o sean propias del ministerio al que pertenecen.
La diputada jefa de fracción del Frente Amplio, Rocío Alfaro Molina, puso en tela de duda la verdadera disposición del oficialismo de hacerle las modificaciones al texto que fueron acordadas en mesas de trabajo.
La diputada Vanessa de Paul Castro Mora, del Partido Unidad Social Cristiana, cuestión que se quiera pasar la Imprenta Nacional bajo control de la Presidencia, pues no encaja con las funciones entre una y otra institución. A criticas similares se sumaron Carlos Felipe García, también de la Unidad.
El presidente de la comisión, Eliecer Feinzaig Mintz del Partido Liberal Progresista, fustigó a la oposición por pretender que el gobierno, que planteó un texto inicial que no le gusta a las fracciones, sea quien redacte un texto sustitutivo que reuna las observaciones que ellos desean ver plasmadas en el texto.
Si les parece correcto el cierre de Gobernación pero no detalles de esto, asumamos la responsabilidad de redactar el texto sustitutivo. ¿Por qué estamos esperando a que el gobierno que propuso lo que no nos gusta se siente a redactar lo que queremos? ¿Acaso no tenemos iniciativa como diputados de oposición para sentarnos a redactar ese texto sustitutivo? Además señores, matemática simple: Frente Amplio, Unidad Social Cristiana, Nueva República, Liberal Progresista y estoy casi seguro que Liberación Nacional, todos tenemos objeciones similares a este proyecto de ley. Si el gobierno insiste en un texto que para nosotros es inaceptable, ese proyecto muere en el plenario, pero la idea hoy, a 20 semanas de dejar nosotros nuestras funciones, de empezar de cero con un proyecto de ley al que hay que hacerle consultas, audiencias, que salga publicado en La Gaceta, todo ese trámite es un desperdicio de recursos públicos, un error de cálculo de toda naturaleza; ya tenemos un expediente avanzado, un consenso de lo que hay que hacer con ese proyecto".
Breves
La sesión del plenario de este jueves terminó abruptamente por ruptura de quórum. Solo 38 diputados se habían hecho presentes, por lo que cuando la diputada independiente ex-oficialista, María Marta Padilla Bonilla abandonó el plenario, se rompió definitivamente el quórum.
Proyectos dictaminados
Aparte del proyecto mencionado en esta nota, no se reportaron otros expedientes dictaminados en las comisiones este jueves.
Leyes publicadas
En el Alcance N.° 158 a La Gaceta N.° 233 del jueves 11 de diciembre de 2025 se publicaron y entraron a regir las siguientes leyes:
— Ley 10.794 "Declaratoria de AFS Costa Rica como Institución Benemérita de la Educación y Cultura Costarricense", que se tramitó bajo el expediente 24.324. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate en la Comisión Plena Primera el 22 de octubre de 2025, por lo que transcurrieron 50 días para que fuera publicada en La Gaceta.
— Ley 10.795 "Ley para la modernización del trámite presupuestario municipal por medio de la reforma a los artículos 99, 104, 105, 106 y 111 del Código Municipal, Ley n.º 7794, de 30 de abril de 1998, artículos 30 y 33 de la Ley n.º 7509, de 9 de mayo de 1995, y artículo 16 de la Ley n.º 10.475, de 18 de julio de 2024", que se tramitó bajo el expediente 24.447. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate en la Comisión Plena Primera el 22 de octubre de 2025, por lo que transcurrieron 50 días para que fuera publicada en La Gaceta. (Nota: Las reformas al Código Municipal hechas por este proyecto rigen el 1 de enero de 2026).
— Ley 10.797 "Reforma del inciso c) del artículo 27 de la Ley General de la Persona Joven, Ley N.º 8261 del 20 de mayo de 2002 y sus reformas, para el aumento en la representación de las juventudes estudiantes de universidades privadas en la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven", que se tramitó bajo el expediente 23.596. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate en la Comisión Plena Primera el 22 de octubre de 2025, por lo que transcurrieron 50 días para que fuera publicada en La Gaceta.
— Ley 10.798 "Presentación electrónica de los índices notariales, mediante reforma del artículo 27 del Código Notarial, Ley N.º 7764, de 17 de abril 1998", que se tramitó bajo el expediente 24.809. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate en la Comisión Plena Segunda el 22 de octubre de 2025, por lo que transcurrieron 50 días para que fuera publicada en La Gaceta. (Nota: Esta ley entrará a regir el 11 de diciembre de 2026).
— Ley 10800 "Reforma parcial a la Ley N.° 3883, Ley sobre inscripción de documentos en el Registro Público", que se tramitó bajo el expediente 24.033. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate en la Comisión Plena Segunda el 22 de octubre de 2025, por lo que transcurrieron 50 días para que fuera publicada en La Gaceta.
— Ley 10.802 "Reforma del artículo 193 de la Ley N.º 7594, Código Procesal Penal, del 10 de abril de 1996", que se tramitó bajo el expediente 25.232. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 28 de octubre de 2025, por lo que transcurrieron 44 días para que fuera publicada en La Gaceta.
— Ley 10808 "Ley de transparencia fiscal. Reforma del artículo 115 de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas", que se tramitó bajo el expediente 24.013. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 28 de octubre de 2025, por lo que transcurrieron 44 días para que fuera publicada en La Gaceta.
— Ley 10.813 "Ley contra el silencio en delitos sexuales en perjuicio de la niñez y personas con discapacidad. Responsabilidad civil solidaria, deber de denuncia y garantía de cumplimiento de protocolos de investigación", que se tramitó bajo el expediente 23.928. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 28 de octubre de 2025, por lo que transcurrieron 44 días para que fuera publicada en La Gaceta.
— Ley 10.817 "Derogatoria de los artículos 163, 164, 165 y 166 de la Ley N.° 4573 de 4 de mayo de 1970, Código Penal, y sus reformas", que se tramitó bajo el expediente 24.418. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 28 de octubre de 2025, por lo que transcurrieron 44 días para que fuera publicada en La Gaceta.
— Ley 10.818 "Reforma al inciso s) contenido en el artículo 8 de la Ley N.° 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta", que se tramitó bajo el expediente 24.320. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 28 de octubre de 2025, por lo que transcurrieron 44 días para que fuera publicada en La Gaceta. (Nota: Esta ley rige a partir del 1 de enero de 2026).
— Ley 10.828 "Desafectación de uso público y autorización a la Municipalidad de Nicoya para que done un inmueble de su propiedad a las Temporalidades de la Arquidiócesis Tilarán-Liberia", que se tramitó bajo el expediente 24.800. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 30 de octubre de 2025, por lo que transcurrieron 42 días para que fuera publicada en La Gaceta.
— Ley 10.830 "Reforma del nombre de la Ley 9602 'Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Registral Inmobiliaria' del 22 de octubre de 2018, para que se denomine 'Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Registral del Registro Nacional'; y adición de un artículo 8 a la Ley N.° 9602, en procura de evitar el fraude sobre bienes y derechos registrables", que se tramitó bajo el expediente 24.161. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 30 de octubre de 2025, por lo que transcurrieron 42 días para que fuera publicada en La Gaceta.
— Ley 10.832 "Autorización para que la Municipalidad de San Carlos done un inmueble de su propiedad a la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rosa de Pocosol, San Carlos, Alajuela", que se tramitó bajo el expediente 24.836. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate en la Comisión Plena Tercera el 19 de noviembre de 2025, por lo que transcurrieron 22 días para que fuera publicada en La Gaceta.
En el Alcance N.° 159 a La Gaceta N° 233 del jueves 11 de diciembre de 2025 se publicó la siguiente ley:
— Ley 10.836 "Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2026" que se tramitó bajo el expediente 25.177. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 27 de noviembre de 2025, por lo que transcurrieron 14 días para que fuera publicada en La Gaceta.
