Entre récords de homicidios y el avance del crimen organizado, declarar un régimen excepcional no es un exceso, es una responsabilidad constitucional”.

Costa Rica enfrenta hoy una crisis de seguridad que deja en el pasado páginas de historias de paz y respeto. El año 2023 el país cerró con 907 homicidios, la cifra más alta de los últimos tiempos, con una tasa de 17,2 por cada 100.000 habitantes y en el 2024, aunque se dio un pequeño descenso a 880 asesinatos, el panorama aun alarma: es el segundo año más violento, con una cifra de 16,6 por cada 100.000 personas.

Las sombras del crimen organizado siguen propagándose en el 2025. Entre el 1.º de enero y el 31 de julio, hubo 502 homicidios, lo que proyecta un cierre cercano a los 847 casos y una tasa estimada de 16,0 muertes por cada 100.000 habitantes. Expertos del OIJ advierten que podríamos llegar entre 850 y 900 homicidios, cifra todavía inquietante. Incluso hay proyecciones que apuntan a un eventual cierre de 2025 cercano a las mil víctimas fatales.

El sufrimiento humano y el daño institucional es irrebatible. La violencia no es solo estadística: es pérdida de control estatal en regiones como San José, Limón y Puntarenas. Estas son zonas donde el miedo se apodero de las calles, un terrorismo cotidiano en sectores en donde en otros tiempos imperaba la armonía y el desarrollo vecinal.

¿Existe conmoción interna? La realidad habla por sí sola.

La crisis de homicidios y criminalidad organizada cumple todos los criterios de conmoción interna, tal como lo define la Constitución Política (artículo 121 inciso 7) y los tratados internacionales ratificados por Costa Rica, como la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 27) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 4). Estos instrumentos permiten, en situaciones de gravedad extrema para la seguridad del Estado, la aplicación de regímenes de excepción siempre que sean proporcionales, temporales y con control institucional y judicial. Lo que no sobrevendría aquí es negar derechos; lo que proponemos es recuperarlos donde el crimen los ha secuestrado.

Seguridad integral, efectiva y democrática

No se requieren demostraciones de fuerza: urge un estado de excepción focalizado, bien diseñado, bajo un Plan Técnico de Seguridad que coordine, OIJ, Fuerza Pública, Policía de Fronteras, Fiscalía, Juzgados Penales y Ministerio de Justicia y Paz, con supervisión legislativa y judicial, esto con metas concretas, por ejemplo:

  • Reducción del homicidio en 20% en seis meses.
  • Decomisos de drogas y armas +30%.
  • Desarticulación de delitos organizados en al menos 15%.
  • Indicadores claros y rendición semanal de cuentas al Poder

El plan está técnicamente sustentado, legalmente autorizado y democráticamente controlado.

No es seguridad vs democracia. Es seguridad con democracia.

Costa Rica ya no puede esperar. La violencia está reconfigurando el país. Sin embargo, tampoco podemos caer en el “facilismo” autoritario: debemos cuidar nuestras instituciones mientras las reforzamos. Un régimen excepcional correcto es aquel que vigila tanto como se ejecuta y que resguarda derechos, mientras actúa con eficacia.

La alternativa es más drástica: permitir que la violencia siga erosionando la paz social, el turismo, la inversión, nuestra ancestral economía nacional y sobre todo la confianza de la ciudadanía para con su Estado.

La conmoción interna no es un recurso extremo: es una necesidad acertada si va acompañada de límites claros, transparencia absoluta y control institucional. Es hora de actuar con firmeza y visión de futuro. La seguridad no se negocia, pero tampoco se sacrifica la democracia.

Este seria el gran pacto nacional de cara a los próximos 25 años.

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