La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente este martes un proyecto de ley que reforma el artículo 18 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, para eliminar la necesidad de contar con autorización judicial para levantar el secreto bancario en determinadas investigaciones y ampliar las facultades del Ministerio Público.
Con la modificación, tramitada bajo el expediente 24.658, la Fiscalía General podrá requerir información financiera de los investigados o de terceros vinculados en casos de delincuencia organizada y las entidades financieras tendrán un plazo máximo de diez días hábiles para entregar los datos solicitados, siempre mediante resolución fundamentada de la Fiscalía o del juzgado.
El texto establece que la información pedida deberá ser estrictamente necesaria para fines investigativos, y las personas afectadas podrán recurrir la medida ante un juez, aunque el recurso no suspenderá el acceso a los datos.
Uno de los cambios centrales se refiere a delitos como narcotráfico, homicidio y sicariato contemplados en la Ley 8204. En estos casos, el levantamiento del secreto bancario se ejecutará sin intervención judicial previa.
Las obligaciones de congelamiento de fondos, custodia de valores y resguardo de documentos se mantienen. Estas medidas se aplicarán en cuanto las entidades financieras reciban notificación formal de una investigación o presenten una denuncia, y regirán hasta que el proceso concluya con sobreseimiento, archivo o sentencia absolutoria firme.
El proyecto también dispone que cuando la Unidad de Análisis Financiero del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) notifique a un banco sobre una investigación en curso, deberá informar al Ministerio Público. A partir de ese momento, la Fiscalía contará con cinco días naturales para valorar si solicita la entrega de información de clientes vinculados.
Finalmente, la propuesta introduce sanciones para quienes abusen de estas potestades. Cualquier funcionaria o funcionario del Ministerio Público que formule requerimientos con el fin de vulnerar datos personales o crediticios podrá ser castigado con prisión de uno a seis años, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles, administrativas o disciplinarias.
Breves
— Con 24 votos a favor y 18 en contra se rechazó en segundo debate, por falta de mayoría requerida, el expediente 24.462 "Modificación de la Ley N° 10332 "Autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional"".
— Con 17 votos a favor y 26 en contra se rechazó el expediente 25.187 "Ratificación del nombramiento del señor Mauricio Alberto Soto Rodríguez como miembro propietario del Órgano Superior de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, N° 9736".
Proyectos dictaminados
— La Comisión de Ambiente dictaminó afirmativamente el expediente 24.299 "Derogatoria de la Ley N°5979, "Crea Parque Nacional Simón Bolívar de la Cultura y lo Adscribe al Ministerio de Cultura"", el expediente 24.325 "Modificación al artículo 35 de la Ley N° 7575, "Ley Forestal" y sus reformas, que autoriza la intervención del Benemérito Cuerpo de Bomberos en Áreas Silvestres Protegidas"
— La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó afirmativamente el expediente 24.312 "Ley para la Rendición de Cuentas de los Diputados y Diputadas de la República de Costa Rica".
— La Comisión de Asuntos Económicos volvió a dictaminar afirmativamente el expediente 23.171 "Ley de apoyo y recuperación del sector empresarial ante escenarios de vulnerabilidad", y también dictaminó afirmativamente el expediente 24.658 "Reforma del Artículo 18 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, Ley 8754 del 22 de julio de 2009, para desjudicializar el levantamiento del secreto bancario en investigaciones por delincuencia organizada".
— La Comisión de Asuntos Sociales rechazó el expediente 24.431 "Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Acupuntura, Medicina China y Afines".
— La Comisión de Gobierno y Administración dictaminó afirmativamente el expediente 23.936 "Reforma del artículo 80 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078, de 4 de octubre de 2012 y adición de un artículo 15 bis a la Ley de Regulación de Escuelas de Manejo, N° 8709, de 3 de febrero de 2009", el expediente 24.344 "Reforma de los Artículo 2 y 234 de la Ley Nº 9078 “Ley de Tránsito por vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial y sus reformas”".
Por el contrario, rechazó el expediente 24.459 "Reforma del artículo 235 y del inciso 1) del artículo 242 de la Ley General de Migración y Extranjería N.º 8764 publicada en La Gaceta N.º 170 de 1º de setiembre de 2009, y sus reformas, para dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Policía Profesional de Migracion" y el expediente 24.464 "Ley para promover el desarrollo de infraestructura estatal".
— La Comisión Especial de Turismo dictaminó afirmativamente el expediente 24.392 "Ley de Aeroparques Turísticos" y rechazó el expediente 24.238 "Reforma al artículo 1 de la Ley que crea el derecho de propina a trabajadores de restaurantes, Ley N° 4946 del 1 de febrero de 1972, para garantizar su distribución entre todos los colaboradores del servicio".
Leyes publicadas
En el Alcance N° 125 a La Gaceta N° 182 del martes 30 de septiembre de 2025 se publicó y entró a regir la siguiente ley:
— Ley 10.749 "Ley de aprobación del Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo (Convenio 190)" que se tramitó bajo el expediente 22.569. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 8 de septiembre de 2025 por lo que transcurrieron 22 días para que fuera publicada en el diario oficial.
