El proyecto propone dos reformas a la Ley General de Migración y Extranjería para que los recursos del Fondo Especial de Migración puedan utilizarse para la contratación de policías, inversión en infraestructura física de las delegaciones regionales policiales, en compra y mantenimiento de vehículos, así como en capacitación y esquipo de uso policial. Y para que un 10% del Fondo Social Migratorio sea destinado a la Policía Profesional de Migración a fin de que sea utilizado en contratación de policías, infraestructura física de las delegaciones regionales policiales y coordinaciones regionales policiales, compra y mantenimiento de vehículos, así como en capacitación y compra de equipo policial.