Por fin se firmó el refrendo: qué alegría que la Contraloría General de la República diera luz verde al contrato entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la constructora Van Der Laat y Jiménez S.A. por $394,9 millones y sí, más de $4 millones adicionales para trabajos de contingencia que requiera la construcción del hospital de Cartago.

Este proyecto será una realidad, después de más de tres años de atrasos, durante los cuales el gobierno parecía intentar declarar desierta la primera licitación adjudicada a la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura y lanzara una campaña en contra del sitio donde se levantará la obra (la más grande en la historia de la CCSS).

Es una buena noticia, sin duda, pero también es una oportunidad para desenmascarar la narrativa del presidente Rodrigo Chaves, quien –en su visita a la provincia en el marco del 204 aniversario de la Independencia– ha culpado a la Contraloría del atraso del proyecto.

¡Mentira! Desde el inicio de su gestión, este gobierno se opuso a la construcción del hospital que había dejado lista para adjudicar la administración anterior.

Esto llevó a la reconocida académica Giselle Boza Solano, a calificar de cínicas las declaraciones del mandatario, pues si alguien se ha opuesto a la construcción del hospital es, precisamente, el presidente Rodrigo Chaves.

La paralización de este gobierno al hospital de Cartago no ha sido un asunto técnico, sino político. La Cámara Costarricense de la Construcción, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el Colegio de Geólogos, entre otros, han reiterado que el terreno es adecuado y que, con la tecnología actual, es posible construir en cualquier parte de un país sísmico como Costa Rica.

Basta ya de echar culpas: asuma su responsabilidad, presidente.

Mientras tanto, en la zona norte de Cartago la historia es distinta. Luego de tres años de lucha de los habitantes de Oreamuno, Alvarado y Turrialba, apenas se lograron reparar 12 kilómetros de la Ruta Nacional 230, como lo dio a conocer el Ministerio de Obras Públicas y Transportes previo a la visita del mandatario.

El resto —unos 10 kilómetros críticos entre El Cristo en Cot y Oratorio en Cipreses— solo fue bacheado superficialmente, sin atender alcantarillado ni drenajes, lo que provocará que con las primeras lluvias, la vía vuelva a deteriorarse y el costo de “arreglar baches” será aún mayor que rehabilitarla de verdad.

En este tema ha quedado patente el papel desigual de las autoridades locales: bien por la alcaldesa de Alvarado, que dio la cara con constancia en redes sociales y en diálogos para defender a su cantón; pero en Oreamuno su representante pareciera quedar corto y su gestión parece insuficiente para lograr los cambios que la comunidad necesita, particularmente cuando de vías nacionales se trata.

Esta ruta es vital para los agricultores de la zona —productores de papa, cebolla y otros cultivos estratégicos— los cuales ya además enfrentan importaciones masivas y precios ruinosos impulsados por este gobierno. Sin una carretera en buenas condiciones, su situación se agrava, se pone en riesgo la seguridad alimentaria y se arruina a familias enteras, amenazando cada vez más la paz social.

Qué traición de un gobierno que no ejecuta; abandonados en nuestras carreteras, hospitales, cultivos y servicios básicos; descuidados en cada presupuesto, en cada decisión, en cada visita presidencial que llega tarde y se va rápido.

En buena hora los cartagineses tendremos un nuevo hospital, pero no olvidemos que no es un regalo del gobierno de turno, sino el resultado de años de lucha ciudadana. Lo demás —las rutas destruidas, los intercambios viales interminables como Taras y La Lima, los agricultores desprotegidos frente a importaciones masivas de productos y la creciente inseguridad— sigue esperando una estrategia nacional seria y no un discurso cínico que elude responsabilidades.

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