Fracciones del PUSC y Nueva República fueron clave para mantener “inmunidad” del presidente.

El plenario de la Asamblea Legislativa rechazó este lunes, por falta de mayoría, el levantamiento del fuero de improcedibilidad penal en contra del presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles, para que afronte un juicio por el delito de concusión, en el marco del caso BCIE.

Tras casi cuatro horas de deliberación por parte de la Asamblea, el resultado quedó sellado a las 18:45 horas cuando 34 congresistas votaron a favor y 21 en contra, por lo que no se alcanzaron los 38 votos requeridos para el desafuero del mandatario.

Fracciones y diputaciones que durante este cuatrienio han trabajado como "satélite" del oficialismo salvaron al mandatario del proceso penal, el cual ahora queda suspendido hasta que deje el cargo y hasta tanto no ocupe otro que le otorgue el fuero de improcedibilidad penal. Este fin de semana la candidata oficialista anunció que le ofrecerá el ministerio de la Presidencia en un eventual gobierno suyo.

En contra del desafuero votaron la bancada oficialista, salvo la diputada Luz Mary Alpízar; los socialcristianos Melina Ajoy Palma, María Marta Carballo Arce, Carlos Andrés Robles y Horacio Alvarado Bogantes; la bancada de Nueva República y la liberacionista Carolina Delgado Ramírez.

La diputada independiente Cynthia Córdoba Serrano se ausentó del Congreso este lunes al estar en un viaje en Suiza, mientras que el candidato a vicepresidente por el Partido Unidos Podemos, Luis Diego Vargas Rodríguez se ausentó de la votación pese a haber estado en la sesión.

El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez imputó al presidente Rodrigo Chaves Robles y al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives por el delito de concusión, en perjuicio de los deberes de la función pública. El artículo 355 del Código Penal sanciona ese delito con cárcel de dos a ocho años.

Según la hipótesis fiscal, Chaves y Rodríguez obligaron o indujeron al productor Christian Bulgarelli Rojas a entregar $32.000 al exasesor de imagen de Chaves, Federico Cruz Saravanja, alias "Choreco", para la compra de una vivienda en el condominio Barlovento, con fondos provenientes de una contratación con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que Bulgarelli obtuvo para desarrollar productos de comunicación para el gobierno, tras haber redactado, de manera ilegal, los términos de referencia del cartel de licitación.

La acusación fue presentada ante el Tribunal de Corte Plena el 7 de abril de este año; el 1 de julio dicho órgano resolvió con una votación de 15 magistrados a favor y siete en contra solicitar el levantamiento de la inmunidad del presidente y del ministro. Esa petición fue remitida a la Asamblea Legislativa el 28 de julio, donde se abrió el expediente legislativo 25.105 y se integró una comisión especial integrada por tres congresistas para recomendar al plenario el desafuero o no de los funcionarios.

Durante la etapa de audiencias Chaves se negó a renunciar a su inmunidad, contrario al ministro de Cultura, quien lo hizo de manera verbal. La Asamblea Legislativa notificó de dicha renuncia a la Corte Suprema para que proceda al juzgamiento de Rodríguez Vives.

Esta fue la primera vez desde la fundación de la Segunda República que el Congreso debió votar una solicitud de desafuero de un presidente de la república en funciones.

La deliberación

Independientes

Las diputaciones independientes fueron las que arrancaron el espacio de deliberación. Cada una de ellas tenía cuatro minutos para exponer sus argumentos, de previo a dar paso al tiempo por fracciones políticas.

La legisladora Kattia Cambronero Aguiluz calificó la jornada como un hito democrático y rechazó que la discusión se considerara un espectáculo político, pues en su criterio, se trataba de cumplir con el mandato constitucional y garantizar que la justicia siguiera su curso.

El levantamiento de la inmunidad del presidente no representa ni un show ni una componenda de adversarios. Quien lo vea así minimiza nuestro sistema democrático, desacredita el valor de los pesos y contrapesos y permite la impunidad".

Cambronero recordó que la Asamblea no estaba llamada a juzgar culpabilidad, sino a decidir si el proceso judicial debía continuar. Señaló que "nadie está por encima de la ley, ni siquiera usted, presidente Chaves" y cuestionó que un mandatario pudiera evitar la rendición de cuentas. "No podemos permitir ticos con coronas. De esos estamos cansados todos", afirmó.

Por su parte, Johanna Obando Bonilla también se inclinó por levantar la inmunidad, al señalar que la decisión trascendía los intereses partidarios y debía asumirse como un acto de protección institucional.

La democracia no es solo el mecanismo de elegir gobernantes, es sobre todo un sistema que exige responsabilidades. Votar a favor de autorizar la investigación es reafirmar que nadie está por encima de la ley, que las instituciones funcionan y que la patria prevalece sobre los intereses personales o partidarios".

Obando fue más allá y denunció presiones del Ejecutivo en los días previos a la votación. Según dijo, algunos legisladores recibieron llamadas y negociaciones vinculadas con embajadas, ministerios e incluso despidos. "Entiendo el miedo y el temor, pero ¿acaso nuestro país no necesita personas dispuestas a ir más allá de sus intereses personales?", cuestionó.

En contraste, el independiente Gilberth Jiménez Siles anunció su voto en contra, asegurando que el proceso obedecía a motivaciones electorales de cara a 2026 y que no existían pruebas suficientes para levantar el fuero.

Al presidente le restan siete meses para entregar su cargo, y esos meses no serán suficientes para que la Sala Tercera resuelva este caso. Entonces, ¿por qué tanta prisa? ¿Será que esta urgencia está motivada por las elecciones presidenciales de 2026?".

Jiménez cuestionó la actuación del fiscal general, a quien acusó de basarse en "fuentes y publicaciones falsas" para emprender persecuciones políticas en su contra. "Este diputado no se prestará para ese espectáculo. No seré parte en convertir esta Asamblea Legislativa en una especie de Coliseo Romano. Este proceso no es claro ni imparcial, se ha transformado en una inquisición política", advirtió.

María Marta Padilla Bonilla defendió que el levantamiento de la inmunidad era un acto procesal y no una declaración de culpabilidad, y recordó que negar la autorización significaría retrasar el proceso hasta el final del mandato presidencial, lo que podría percibirse como un blindaje político.

Autorizarlo refuerza la transparencia, respeta el principio de igualdad ante la ley y preserva la credibilidad de la Asamblea ante la historia".

La legisladora reconoció que su posición podría generar tensiones con el Ejecutivo, pero insistió en que la prioridad debía ser la institucionalidad. "No es una declaración de culpabilidad, sino una señal de que en Costa Rica los procesos judiciales se resuelven en los tribunales y no en el ámbito de la opinión pública", agregó.

En tanto, Gloria Navas Montero profundizó en los hechos que sustentan la acusación de concusión y afirmó que el presidente no se apegó al principio de legalidad ni de probidad, sino que abusó indebidamente de su cargo.

Pido un voto de confianza a la Corte y al Ministerio Público".

Liberación Nacional

José Joaquín Hernández, uno de los indecisos, votó a favor.

José Joaquín Hernández Rojas, uno de los diputados que según conteos no-oficiales se encontraba en indeciso sobre cómo votar, abrió el espacio liberacionista con un llamado a la calma pública y a desactivar la polarización, repudiando los mensajes de odio y las amenazas en redes que había en torno al proceso de levantamiento de la inmunidad.

"Independiente de cómo quede la votación, no se está condenando a nadie. Eso no nos corresponde a nosotros", remarcó, antes de lamentar que el presidente no renunciara voluntariamente al fuero, como sí lo hicieron otros jerarcas y su propio ministro de Cultura para afrontar el juicio por el mismo caso que estaba deliberando el Congreso.

El diputado sostuvo que solo los jueces pueden valorar la prueba y defendió que el proceso siga su curso.

Si el abogado del señor presidente ha manifestado que el caso no se sustenta, ¿por qué entonces no aplicar el refrán, el que nada debe, nada teme? […] De forma responsable y objetiva, considero que levantar la inmunidad es lo mejor para todos, para el Estado de Derecho".

Alejandra Larios Trejos, subjefa de fracción, calificó la jornada como un día histórico y puso el foco en el equilibrio de poderes, subrayando nuevamente que el Congreso no juzgaba hechos, sino que decidía si existía formación de causa penal, con base en la Constitución y la jurisprudencia.

Larios defendió que el expediente reunía pruebas testimoniales y documentales —incluidos rastreos y correos— y que la tipicidad de concusión no exige que ocurran “obligar” e “inducir” en un único acto. "Con solo uno de los verbos se configura el delito; eso deberá demostrarlo el Ministerio Público en juicio. Hoy esta diputada hará un voto conforme a derecho".

Óscar Izquierdo Sandí, jefe del PLN, cerró el bloque con un respaldo explícito al trabajo de la comisión y a la conducción de la diputada Andrea Álvarez, y resaldando que era la primera vez que la Corte Plena solicitaba a la Asamblea el levantamiento de la inmunidad de un presidente.

No pueden existir ticos con corona. ¿Le ponen la corona al presidente hoy? Nosotros no se la ponemos".

Izquierdo además realizó una breve declaración que parecía confirmar los reportes de presiones a diputados para no levantar la inmunidad del mandatario, con una frase que parecía revelar que él también estaba siendo víctima de esas amenazas:

Hoy se ha querido imponer la idea de que lo que estamos discutiendo aquí no es más que una persecución política, nada más alejado de la realidad (...) Persecución política sería, escúcheme bien por favor, utilizar los poderes políticos para callar voces, a callar opositores o eliminar adversarios. Y a propósito de persecución política, les digo con toda claridad: con o sin reestructuración, mi voto es por convicción, conforme a derecho, a favor del levantamiento de la inmunidad. A mí no me van a doblegar jamás, con reestructuración o sin reestructuración. Ese será mi voto, al buen entendedor con pocas palabras, y esto lo digo en el plano muy personal".

Minutos después, en declaraciones a medios de prensa en el Congreso, reveló que estaba haciendo alusión a una posible reestructuración en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en la que se cerraría el departamento en la que él tenía una plaza.

Fracción oficialista

Pilar Cisneros dedicó su tiempo a transmitir un video con las contradicciones discursivas de Bulgarelli.

Ada Acuña Castro abrió su discurso citando a Platón (“La corrupción de la justicia es el grado más bajo de la perversidad humana”) y evocó la figura de Juan Rafael Mora Porras, trazando un paralelismo entre su ejecución en 1860 y el contexto actual, al que atribuyó intereses políticos.

¿A Costa Rica le conviene levantar la inmunidad al señor presidente a tan sólo siete meses para que entregue la banda presidencial? No, no, no, no. No es este momento".

Paola Nájera Abarca llevó la discusión al plano político y acusó persecución y una división entre “patriotas” y “antipatriotas”. Además advirtió sobre el efecto institucional de alcanzar los 38 votos para levantar el fuero al mandatario:

Este presidente se convertirá en una espada de Damocles contra cualquier gobierno cuya oposición legislativa […] sea una mayoría (...) Estamos ante un montaje político para presionar y callar al gobierno".

Nájera agregó que en siete meses y medio el presidente volverá a ser un ciudadano más y enfrentará los procesos judiciales, por lo que llamó al plenario a alinearse con los siete magistrados de la Corte Suprema de Justicia que votaron por no trasladar el desafuero de Chaves al Congreso, alegando que lo contrario emanaba un "tufo a golpe de Estado":

Ni una toga, ni una curul sustituirán nunca la voluntad del soberano".

Pilar Cisneros Gallo optó por exhibir un video para, dijo, "mostrar los hechos tal como ocurrieron", en el que recapituló las contradicciones en las declaraciones de Christian Bulgarelli a lo largo de los meses.

Ustedes […] le van a dar el beneficio de la duda a un mentiroso […] le van a levantar la inmunidad a un presidente que nunca participó en el contrato, no dicho por mí […] por él. Sería una vergüenza si ustedes votan así […]. Por eso yo preferí que ustedes vieran al mentiroso en acción".

Unidad Social Cristiana

Leslye Bojorges lideró el voto negativo de su fracción al desafuero de Chaves, alegando que serviría en bandeja de plata una victoria electoral al partido oficialista en 2026.

La fracción del Partido Unidad Social Cristiana llegó al debate como el bloque decisivo tras el anuncio que hizo Nueva República de votar en contra del levantamiento de la inmunidad horas antes, sin embargo, sus discursos evidenciaron que las fracturas a lo interno de la bancada aún persistenten.

Leslye Bojorges León, quien hasta hace poco estaba separado del PUSC y quien desacató un llamado de sus compañeros y del candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo de declararse independiente, abrió con un ataque frontal al testimonio de Cristian Bulgarelli, recordando que el contratista llegó a la comisión SINART a jurar ante Dios que Rodrigo Chaves nunca le pidió que le diera 32.000 dólares a "Choreco", para luego decir que sí cuando fue designado como testigo de la corona.

Bojorges atribuyó la prisa de tramitar la causa a las encuestas que ponen a la candidata oficialista, Laura Fernández Delgado en primer lugar, y pidió a su propia bancada no seguir "recomendaciones" de su candidato presidencial.

Juan Carlos Hidalgo no sabe nada de política. Este perro de yeso tiene más olfato que Juan Carlos Hidalgo (...) Voten en contra de levantar la inmunidad al presidente de la República".

Alejandro Pacheco Castro tomó distancia de esa tesis y defendió que el presidente debería enfrentar los tribunales: "Es importantísimo que el señor Presidente hubiera renunciado […] y que vaya y se defienda en los tribunales”, dijo, remarcando que el legislativo no juzga, solo evita obstruir la justicia.

Votar en contra del levantamiento de la inmunidad este día es no creer en el Poder Judicial, es no creer en la Corte ni en la democracia […] deberíamos apoyar este levantamiento de la inmunidad".

Melina Ajoy Palma pidió denunciar con pruebas cualquier ofrecimiento o amenaza y centró su duda en la solidez del caso, afirmando que el fiscal general no fue lo suficientemente elocuente y que no logró formar adecuados elementos de convicción. Para reforzar sus reparos, subrayó que siete de los 22 magistrados rechazaron enviar el expediente a la Asamblea, lo que, a su juicio, demostraba que dentro del mismo Poder Judicial había cuestionamientos serios.

¿Cómo se entiende que alguien puede ser al mismo tiempo sujeto pasivo de concusión y a la vez sujeto activo del delito de favorecimiento real? (...) Si el día de hoy no se levanta la inmunidad […] el 8 de mayo del 2026 perderá su inmunidad y tendrá que afrontar este y los demás casos".

María Marta Carballo enmarcó su voto como un alegato contra la judicialización de la política y dijo que el fuero no era un privilegio, sino una garantía funcional que protegía el equilibrio de poderes, y criticó que la Corte se limitara a tramitar el expediente por la forma, sin entrar a analizar su contenido y su solidez. Carballo era una de las congresistas que estaba en la lista de indecisos, y fue quien en última instancia terminó inclinando la balanza en contra del levantamiento del fuero, pues tras anunciar su voto, solo quedaban tres legisladores pendientes de definirse, y ya había 34 votos a favor en teoría.

Carlos Felipe García reivindicó la vocación democrática del partido y defendió el sistema de pesos y contrapesos, rebatiendo que el levantamiento de la inmunidad dañara la imagen país, en su lugar afirmando que la imagen de Costa Rica ya se sacrificó cuando en titulares se decía que se estaban chantajeando personas políticas con sus visas.

El levantamiento de inmunidad no es condenar, es aplicar el mecanismo que previó la Constitución para que la justicia tenga la posibilidad de actuar (...) Anuncio que voy a votar a favor […] para que el señor presidente pueda demostrar su inocencia en los tribunales, o que se le pueda probar su culpabilidad".

Daniela Rojas Salas pidió bajar la confrontación y afirmó que decidió tras estudiar los informes y leer el expediente. Aunque la legisladora es una de las que mayor cercanía ha tenido con el actual gobierno, dijo que no encontró indicios de persecución política en la acusación y que su voto sería afirmativo.

Rojas dirigió un recado al Poder Judicial:

Si hay caso, que sea juzgado y condenado como se debe, pero si no lo hay, que sea absuelto, garantizándole así al país que la justicia es cumplida, sin sesgos y sin shows".

Nueva República

Fabricio Alvarado pronunció razones meramente político-electorales para justificar el voto en contra de Nueva República para el desafuero de Chaves.

Por el partido neorrepublicano quien se encargó de hablar fue su candidato presidencial, Fabricio Alvarado Muñoz, quien enfocó las razones de su partido para no votar el levantamiento de la inmunidad en razones meramente electorales, para de seguido proceder a realizar críticas políticas al gobierno de Rodrigo Chaves, instando a la ciudadanía a no apoyar a los chavistas en las elecciones de febrero de 2026.

"Votaremos en contra de levantar el fuero de inmunidad al señor Chaves. El partido Nueva República nació para gobernar y no para prestarse a la politiquería de los mismos de siempre", afirmó Alvarado.

El legislador centró su tesis en que el análisis que pide la Constitución es político y de oportunidad, no probatorio y dijo que la inmunidad no exime a Chaves de responder ante la justicia; solo difiere el proceso hasta el 8 de mayo de 2026.

No queremos a un Poder Judicial metiendo sus manos en la política, […] como tampoco queremos a un mártir que se haga la víctima de algo que se puede evitar, en una coyuntura político electoral como la que tenemos ahorita".

El aspirante pidió a los diputados preguntarse qué ganan los costarricenses con la decisión, y sostuvo que levantar el fuero daría una plataforma extra al presidente en plena campaña.

No queremos a Rodrigo Chaves en plaza pública los próximos días, interfiriendo en la campaña presidencial. Su proceso judicial puede esperar, debe darse en su momento. (...) Levantarle el fuero a Chaves es ponerle las elecciones en bandeja de plata. ¡Ni más ni menos!".

El candidato intentó desmarcar a su partido de un apoyo al gobierno y, a la vez, instó a los electores a no respaldar al chavismo en febrero de 2026, virando su mensaje a un inventario de prioridades no atendidas por la actual administración: violencia del crimen organizado, listas de espera en la Caja, rezagos viales y educativos, abandono a emprendedores y agricultores, ausencia de un estado de excepción contra el crimen y proyectos para generar riqueza, incluido el Canal Verde Interoceánico y atraer empresas tecnológicas.

En siete meses y 16 días, Chaves no será presidente, no tendrá inmunidad […]. Este asunto durará años en los corrillos judiciales".

Partido Liberal Progresista

Eliecer Feinzaig Mintz, diputado del PLP justificando su voto a favor del desafuero.

El diputado Gilberto Campos Cruz anunció que el PLP votaría a favor de levantar la inmunidad presidencial y enmarcó su postura en un criterio estrictamente jurídico: verificar si la acusación era procedente o improcedente, según lo ordenaba la Sala Constitucional, no sin antes lanzar un dardo al presidente:

Fue más valiente Jorge Rodríguez que Rodrigo Chaves […] le hizo frente al proceso y dijo yo renuncio a mi inmunidad […]; Rodrigo Chaves se aferró como mono inventolero a su inmunidad".

Campos recordó además que el envío a la Asamblea se aprobó por mayoría en Corte Plena y advirtió que anclar la decisión en los siete votos disidentes de los magistrados distorsionaba el principio mayoritario de un órgano colegiado.

Desde la subjefatura del partido, Eliecer Feinzaig Mintz llevó el debate al terreno de los principios argumentando que la Presidencia no podía quedar al margen de la rendición de cuentas y que, si en el PLP enfrentaran una denuncia similar, renunciarían al fuero sin esperar este trámite.

Como ejemplo de por qué el caso contra Chaves debía seguir, citó que sobre el mandatario pesan numerosas causas abiertas (105), algunas ya desestimadas, por lo que correspondía que la justicia dirimiera con pruebas y debido proceso.

Frente Amplio

Ariel Robles Barrantes, candidato a presidente del Frente Amplio, anunciando el voto a favor de su bancada al desafuero.

El Frente Amplio (FA) cerró la deliberación con un mensaje unificado: habilitar la causa penal contra el presidente no equivale a condenarlo, sino a afirmar la igualdad ante la ley. La bancada rechazó que el trámite sea un golpe de Estado, encuadró la decisión en la disyuntiva "impunidad o no impunidad" y anunció voto a favor del levantamiento.

Ariel Robles Barrantes, diputado y candidato presidencial, abrió con una intervención contra lo que llamó red de cuido del mandatario. Dijo que el resultado mostraría “con qué votos contaba” el presidente en el plenario y reivindicó la denuncia inicial del FA sobre “amiguismos” en los contratos del BCIE.

Aquí no está ocurriendo ningún golpe de Estado […] estamos viviendo un ejercicio de democracia

Robles agregó que si el plenario no alcanzaba los 38 votos, quedaría en evidencia que Chaves tuvo siempre apoyo legislativo, inclusive "para protegerle de las investigaciones por corrupción".

Antonio Ortega Gutiérrez enumeró elementos que, según la fracción, justifican la formación de causa: transferencias ligadas al alquiler con opción de compra de una vivienda, llamadas y oficios policiales, actas legislativas y el conocido audio de los “cariñitos”, por lo que cuestionó la negativa del presidente a someterse al proceso y le pidió “dar la cara”.

Jonathan Acuña Soto llevó el foco a la premisa de campaña del propio Ejecutivo: “Nadie debería tener corona en este país”, por lo que exigió a los diputados expulsar del debate las amenazas o promesas que, denunció, circularon en la recta final.

Sofía Guillén Pérez estructuró tres razones para levantar el fuero. Primero, que había “elementos suficientes para la formación de causa” y que “cualquier mortal” iría a juicio con un elenco de testimonios, el audio y un video donde —según dijo— el acusado intimida a un testigo. Segundo, que la vara con los “ladrones de cuello blanco” no puede ser distinta a la de la ciudadanía. Tercero, que el plenario debía votar “sin miedo”:

Estas curules las eligieron para tomar decisiones, no para acobardarnos".

Priscilla Vindas Salazar contrapuso la promesa presidencial de “comerse la bronca” con lo que calificó de refugio en la inmunidad, contrastando la conducta del ministro de Cultura —que renunció al fuero— con la del mandatario.

Rocío Alfaro Molina cerró en nombre del FA y de la comisión que recomendó la formación de causa defendiendo que el expediente era serio, consistente y coherente, y dijo que no halló ningún indicio de persecución política.

Breves

Este lunes no se votaron proyectos de ley.

Proyectos dictaminados

Este lunes no se reportaron proyectos de ley dictaminados.

Leyes publicadas

Este lunes no se publicaron nuevas leyes en el diario oficial La Gaceta.