Juan vive en Orosi, rodeado de montañas en las que se escucha el murmullo del río que serpentea por el valle. Sus días transcurren entre el cuidado de unas pequeñas parcelas y el sueño de ampliar su terreno para producir más café. Un vecino quería venderle un pedazo de tierra colindante, pero Juan sabe que si va a un banco, la respuesta será un “no” porque su capacidad de pago es muy limitada.

En otra parte del país, Marta, trabajadora de una institución microfinanciera (IMF), revisa expedientes. Sabe que entre sus clientes hay emprendedores con ideas, pero sin acceso a crédito formal, como Juan. Marta había trabajado en un banco comercial donde aprendió que millones de personas en Latinoamérica quedaban fuera del sistema financiero.

En la microfinanciera Marta no solo aprueba préstamos, sino que, además, se asegura de ser muy clara con sus clientes con respecto a las tasas que le aplican al crédito y de informar sobre las prácticas adecuadas de pago, e incluso de brindar recomendaciones para que eviten el riesgo de sobreendeudamiento.  No solo evalúa los números; también ha comenzado a preguntarse ¿cómo puede ayudar a sus clientes a enfrentar riesgos ambientales y sociales?

La pregunta de Marta y la historia de Juan recuerdan los casos que el economista Muhammad Yunus observó y analizó en Bangladesh, décadas atrás. Yunus descubrió que, con un pequeño empujón económico, la gente de bajos ingresos podía crear o fortalecer sus negocios y así, poco a poco, escapar de la pobreza.

Muhammad Yunus empezó prestando pequeñas sumas de dinero a mujeres de escasos recursos.  En el 2006 recibió el Premio Nobel de la Paz, junto con el banco que fundó en 1983 para brindar microcréditos: el Grameen Bank. Uno de los principios clave del microcrédito, según Yunus, es que se debe acompañar de educación financiera y empoderamiento social.

Evaluación del riesgo ambiental y social en los créditos

Marta sabe que sus clientes muchas veces no cuentan con procedimientos para evaluar y gestionar los riesgos ambientales y sociales ni para conocer la legislación que les aplica, por lo que, ante la materialización de un accidente, no tienen controles que permitan disminuir el impacto sobre sus operaciones y sus acreedores. Por ejemplo, si ocurre un incendio en el taller de reparación de motocicletas, es poco probable que su cliente pueda continuar operando, lo que le impediría pagar el crédito.

La preocupación de Marta ha estado presente en el sector financiero. Algunos países, pero sobre todo los fondeadores, han solicitado que las instituciones financieras, incluidas las IMF, cuenten con un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales (SARAS). El SARAS puede definirse como el conjunto de acciones que le permite identificar, mitigar y monitorear el riesgo de la cartera a una institución financiera. Este proceso es exitoso cuando los clientes perciben que la institución financiera desea ayudarles a mejorar su desempeño.

Por eso, antes de aprobar el préstamo, Marta organizó una evaluación ambiental y social. Revisó que Juan cumpliera con las legislación en temas ambientales y sociales, que cuidara de sus trabajadores, que su finca utilizara los recursos de manera eficiente y que se garantizara la conservación de la biodiversidad.

Marta encontró mejoras posibles y, junto a Juan, diseñó un plan de acción: un manejo más seguro de los plaguicidas y la revisión de las condiciones laborales de algunos trabajadores que Juan contrata temporalmente, para la recolección del café. Este plan de acción incluyó acciones que Marta debía ejecutar, como la capacitación sobre buenas prácticas ambientales y sociales.

Este proceso ha permitido a Marta identificar otras oportunidades de financiamiento, dado que al conocer mejor las operaciones de sus clientes entiende mejor sus necesidades. Por ejemplo, financiar biodigestores de gas para procesar los residuos que generan los animales en una operación ganadera o la oportunidad de abrir una línea de crédito para financiar paneles solares para la producción de energía eléctrica, orientada a clientes que están localizados en áreas alejadas.

El SARAS en las microfinanzas

Mantener implementado un SARAS en las IMF es un reto. Como indica la Evaluación del desempeño sostenible de los proveedores de servicios financieros para PYMES de la Plataforma Europea de Microfinanzas, los riesgos ambientales y sociales son a menudo infra gestionados porque las IMF rara vez cuentan con un SARAS. Cuando cuentan con uno, suelen clasificar a las PYMES y operaciones de bajo monto de exposición financiera como de bajo riesgo, sin realizar una evaluación.

Sin embargo, esta situación está cambiando en Latinoamérica. En 2022 la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de Ecuador emitió la Resolución No. 003, que se refiere a la Norma de Control para la Administración del Riesgo Ambiental y Social en las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda. Esta normativa indica que las entidades cuyo porcentaje de participación en el segmento de microcrédito en número de operaciones y/o en volumen sea superior al 20%, deben contar con un SARAS implementado a partir del 2024.

Asimismo, en 2020 la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (ASOBANCARIA) presentó la Guía General SARAS Microfinanzas, con el propósito de brindar las pautas para que las IMF incorporen en su proceso crediticio buenas prácticas ambientales y sociales.

Estos avances en la regulación, en conjunto con una exigencia cada vez más fuerte de los fondeadores, han permitido que las IMF incorporen la evaluación del riesgo ambiental y social en sus carteras crediticias. Así, en un rincón de Costa Rica, la visión de Muhammad Yunus, que supone un desarrollo económico y social desde abajo, continúa tomando forma. Y Juan, con su nueva parcela y un plan más sostenible, demuestra que el microcrédito, bien acompañado, es un verdadero ganar-ganar para el emprendedor, la comunidad y el ambiente.

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