Costa Rica se aproxima a una nueva jornada electoral el próximo 1 de febrero, en la que se definirá no solo quién ocupará la Presidencia y las Vicepresidencias de la República, sino también la composición de la Asamblea Legislativa, con 57 diputaciones distribuidas proporcionalmente entre las provincias. Sin embargo, más allá del calendario electoral y de los nombres que hoy se disputan titulares y entrevistas, lo que verdaderamente está en juego es el rumbo institucional, democrático, ético y estratégico de un país que alguna vez fue referente regional en estabilidad, educación y paz social.
Vivimos tiempos en los que la política ha sido reducida a espectáculo, a una competencia de frases efectistas y gestos calculados, donde la profundidad cede ante la inmediatez y el análisis riguroso es desplazado por la lógica del trending topic. Y ante ese escenario, surgen preguntas que no pueden seguir postergándose: ¿Vamos a seguir administrando la fragmentación como si fuera inevitable, o vamos a recuperar la capacidad de construir acuerdos que trasciendan coyunturas? ¿Vamos a seguir improvisando desde trincheras ideológicas, o vamos a elevar el nivel del debate político con visión pragmática y sentido de país?
Como ciudadano y como estudiante de Administración Pública, no me postulo a ningún cargo de elección popular. Pero sí me postulo, con convicción, al debate serio y de altura, al diálogo informado, a la construcción colectiva de una visión nacional que esté a la altura de nuestros desafíos. Porque si algo necesita Costa Rica hoy, es que las voces salgan del silencio y entren con fuerza en la conversación pública. No para repetir consignas, sino para proponer soluciones. No para alimentar la polarización, sino para reconstruir el tejido democrático.
Entonces, pongo de relieve de manera breve algunas consideraciones que, a mi parecer, resultan sustanciales sostener. Primero, he mencionado en otros espacios que las victorias de la izquierda suelen ser, muchas veces, consecuencia de los errores de la derecha, y viceversa. Quien piense que las cosas deben resolverse en blanco o grises, como mínimo, peca de una falta de lectura práctica y matizada de la realidad. La política no puede seguir siendo un campo de batalla entre etiquetas, sino un espacio de construcción entre ideas. Como se ha dicho con acierto: seguimos enfrentando problemas del siglo XXI, con soluciones del siglo XX y herramientas del siglo XIX.
Actualmente, la estructura estatal costarricense se encuentra atrapada en una lógica de acumulación institucional sin mecanismos efectivos de evaluación. El entramado público incluye instituciones autónomas y semiautónomas, entes públicos no estatales, empresas públicas estatales y no estatales, así como un sector público descentralizado tanto institucional como territorial, además de una serie de órganos adscritos. Al analizar este conjunto con mayor detenimiento, se evidencia una arquitectura institucional desfasada respecto a las necesidades y dinámicas contemporáneas del país.
Es decir, hemos creado instituciones como quien colecciona chunches: sin preguntarnos si cumplen su propósito, si se articulan entre sí, si responden a las necesidades reales de la ciudadanía. Reformar el Estado no es cerrar instituciones por capricho ni abrir nuevas por moda. Es rediseñar el aparato público con visión sistémica, con métricas claras, con responsabilidad política y financiera, sin empeñar el futuro del país. La gobernabilidad no se recupera con discursos vacíos ni con promesas de campaña que se desvanecen al día siguiente de ganadas las elecciones. Se recupera con capacidad técnica, con liderazgo ético, con voluntad de construir consensos duraderos. Y eso exige, sobre todo, que quienes estamos fuera de la contienda electoral también asumamos un rol activo en la construcción de propuestas, en la defensa de principios, en la articulación de soluciones.
Hablar de reactivación económica sin hablar de inclusión es repetir fórmulas que ya fracasaron. Costa Rica necesita una economía social y solidaria que genere empleos dignos y formales, que conecte la innovación con la educación, que fortalezca el vínculo entre universidad, empresa y territorio. No podemos seguir formando profesionales para el desempleo ni permitir que la educación pública sea víctima de recortes presupuestarios o reformas improvisadas. La educación debe ser el motor de la movilidad social, el puente entre generaciones, el espacio donde se construye ciudadanía. Y la reactivación económica no puede ser un eslogan vacío: debe ser una estrategia integral que incluya a las zonas rurales, a los jóvenes, a las mujeres, a los sectores históricamente excluidos y vulnerabilizados. Requiere liderazgo político con sensibilidad social, con capacidad de escucha, con compromiso real.
En materia de salud, infraestructura y seguridad, el país enfrenta desafíos que no pueden seguir siendo postergados. La Caja Costarricense de Seguro Social, uno de los pilares de nuestra democracia, enfrenta riesgos estructurales que demandan decisiones valientes. Blindar la CCSS no significa protegerla del cambio, sino protegerla del abandono. No podemos seguir postergando reformas por miedo al costo político. Lo mismo ocurre con la infraestructura: Costa Rica no puede seguir siendo el país de los proyectos eternos, donde la ineficiencia en obra pública se convierte en norma y nos roba el progreso. Este no es un problema técnico, es un síntoma de debilidad institucional. Y en seguridad ciudadana, necesitamos una estrategia que combine prevención, inteligencia y justicia. No más parches. No más discursos sin resultados. La ciudadanía exige respuestas, no excusas.
En el ámbito ambiental y digital, el país debe recuperar su liderazgo. Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente por su compromiso ambiental, pero ese liderazgo se está diluyendo. La transición energética debe ser prioridad nacional. No podemos seguir dependiendo de combustibles fósiles mientras el mundo avanza hacia la descarbonización. Y en el terreno digital, la democracia se juega en los algoritmos, en la protección de datos, en la alfabetización mediática. La soberanía digital no es un lujo, es una necesidad. Debemos garantizar que la ciudadanía tenga acceso a información veraz, a servicios digitales seguros, a plataformas que respeten nuestros derechos. La política pública debe entrar con fuerza en este terreno, antes de que sea demasiado tarde.
Costa Rica tampoco puede seguir siendo espectador en la región. Migración informal, comercio, seguridad, integración: todos estos temas requieren liderazgo activo. Nuestra política exterior debe reflejar nuestros valores democráticos, pero también nuestra capacidad de incidencia. No basta con tener buena imagen internacional. Hay que tener estrategia, coherencia y presencia. Centroamérica necesita una Costa Rica que proponga, que articule, que defienda principios sin perder eficacia. Y eso exige que el próximo gobierno tenga una visión regional clara, con equipos preparados y con voluntad de actuar.
Las elecciones de 2026 no deben girar en torno a quién grita más fuerte, sino a quién propone con más claridad. El país necesita menos polarización y más visión. No se trata de elegir entre izquierda o derecha, sino entre pasado y futuro. Entre la política del espectáculo y la política de las soluciones. Como ciudadano y como estudiante de administración pública, me comprometo a seguir elevando el nivel del debate. A contribuir con ideas, con propuestas, con análisis. Porque Costa Rica no necesita más partidos: necesita más país. Y ese país se construye con diálogo, con rigor, con esperanza. No con gritos, golpes a la mesa o análisis a medias. Se construye con responsabilidad, con visión, con coraje.
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