La ministra de Salud solicitó al Colegio de Médicos investigar a las personas que están emitiendo estos certificados.

El Ministerio de Salud interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos y ante el Ministerio Público, tras detectar una serie de certificados de excepción médica para la vacuna contra la fiebre amarilla que presentan aparentes inconsistencias graves.

Según informaron las autoridades, las supuestas contraindicaciones que fundamentan estos certificados carecen, en varios casos, de sustento científico o médico alguno, y añadieron:

Este tipo de prácticas, además de éticamente inaceptables, representan una amenaza directa y tangible a la salud pública del país".

Desde Salud señalaron que “la emisión de un certificado médico sin justificación técnica, en una materia tan delicada como la fiebre amarilla, una enfermedad potencialmente mortal, es decir, una persona que viaje al extranjero sin la debida vacunación, amparada en un diagnóstico médico cuestionable, y que regrese contagiada, podría convertirse en un foco de contagio, poniendo en riesgo la vida de las personas y comprometiendo décadas de esfuerzos institucionales en prevención epidemiológica”.

La ministra de Salud, Mary Munive Angermüller, explicó:

Encontramos un negocio ilegal con respecto a las certificaciones internacionales. Una persona dice yo no tengo ni quiero colocarme la vacuna de la fiebre amarilla, ni quiero pagarla. Quiero pagar un poquitillo a alguien para que me haga un certificado, mienta sobre alguna condición médica o de alergia y entonces me brinden un certificado validándome esta mentira y así yo poder hacer este certificado válido al Ministerio de Salud”.

La jerarca detalló que ya detectaron dos personas con este tipo de casos, y agregó:

Ya presentamos la respectiva denuncia pero también hacemos un llamado al Colegio de Médicos para que fiscalice quién es el profesional que se está prestando para este tipo de actuaciones”.

Desde Salud recordaron que “la propia normativa del Colegio establece la posibilidad de iniciar investigaciones de oficio cuando está en juego el interés público, tal y como ocurre en este caso”.