La CGR también denunció que no existe un sistema adecuado de vigilancia del proceso constructivo.

La Contraloría General de la República (CGR) alertó este jueves sobre serias deficiencias en la gestión del ordenamiento territorial y las licencias de construcción por parte de la Municipalidad de Talamanca, tras una auditoría especial que abarcó los años 2023 y 2024.

El órgano contralor determinó que los procesos municipales no cumplen con el marco normativo vigente, lo que genera desorden urbano, obras ilegales y pérdidas fiscales.

El informe DFOE LOC IAD 00007-2025 indica que el cantón otorgó 1426 permisos de construcción sin contar con un plan regulador vigente, ni aplicar la normativa supletoria del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

Además, 405 licencias fueron gestionadas como regularización de construcciones iniciadas sin autorización, sin que en el expediente conste que se verifica plenamente el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y documentales exigidos.

"La falta de planificación territorial ha permitido el crecimiento desordenado de construcciones sin sustento técnico ni legal, generando conflictos por el uso del suelo y limitando la capacidad de verificar la compatibilidad de los proyectos con los objetivos de desarrollo sostenible. Este desorden urbano sobrepasa la infraestructura existente, afecta el suministro de servicios básicos y favorece la aparición de asentamientos informales, además de incrementar los riesgos de afectación sobre humedales y áreas protegidas", advierte el informe.

El documento señala que el gobierno local no ejecuta acciones enfocadas a organizar y equilibrar el desarrollo urbano.

Tampoco cuenta con mecanismos para vigilar el impacto ambiental originado por este desarrollo, a efecto de proteger ecosistemas sensibles dentro de los 2792 km² de extensión territorial, incluyendo áreas de especial relevancia como el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca-Manzanillo.

La CGR también denunció que no existe un sistema adecuado de vigilancia del proceso constructivo. El informe revela que al menos 27 obras ejecutadas en 2024 carecían de licencia municipal, plano constructivo aprobado y fiscalización de parte del gobierno local. Estas obras ilegales ocasionaron una pérdida estimada de ₡11,4 millones por concepto de impuestos de construcción no recaudados.

Sobre las deficiencias en la fiscalización, la contraloría también encontró que la municipalidad no utiliza herramientas tecnológicas como drones, GPS o tablets para supervisar obras, pese a tener acceso a estos equipos.

Pasos a seguir

El informe ordena tanto al Concejo Municipal como al alcalde Rugeli Morales Rodríguez a cumplir una serie de disposiciones, entre 2026 y 2027, para corregir la situación. Entre estas piden que se gire la obligación de implementar procedimientos formales para el otorgamiento de licencias, usar plataformas digitales como el sistema APC del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), y desarrollar un plan de inspección con enfoque preventivo y ambiental.

La Contraloría recordó que la Administración Municipal debe vigilar y ejercer control sobre el cumplimiento de los requerimientos legales de las obras para las cuales hayan solicitado o autorizado el respectivo permiso. Además de asegurar que los edificios, las construcciones, las ciudades y demás infraestructura, reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y estética, sin perjuicio de las facultades que otras leyes conceden a otros órganos administrativos en estas materias.