El 81% de los permisos de aprovechamiento forestal autorizados en 2024 incumplieron requisitos obligatorios y carecieron de controles técnicos adecuados.
La Contraloría General de la República (CGR) publicó el informe DFOE-SOS-IAD-00004-2025, en el que concluye que los procesos de otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) presentan deficiencias críticas que comprometen la legalidad de las operaciones forestales y abren la puerta a la tala ilegal, incluso en zonas protegidas.
La auditoría, que analizó 147 permisos tramitados durante el año 2024 en las Áreas de Conservación ACOSA, ACOPAC y ACLAC, identificó que el 81,36% de los expedientes autorizados incumplió al menos un requisito obligatorio y el 83,67% presentó deficiencias en controles técnicos o gestión documental.
Riesgo de tala ilegal y pérdida de trazabilidad
De acuerdo con el informe, los procedimientos no se están realizando con base en criterios técnicos estandarizados, lo que impide verificar la trazabilidad de la madera extraída. En algunos casos se autorizaron permisos en áreas donde existían medidas cautelares judiciales o se omitieron dictámenes técnicos requeridos por ley.
También se detectaron irregularidades en el uso de permisos especiales, incluidos casos de tala sin justificación válida en zonas de protección, autorizaciones sin respaldo técnico y ausencia de informes de cierre por parte de los regentes forestales.
Fallas estructurales en los sistemas de información
La CGR señaló que el Sistema de Información de los Recursos Forestales (SIREFOR) es obsoleto, ineficiente y depende de terceros. Esto impide contar con datos actualizados, confiables y accesibles para la toma de decisiones. A pesar de haberse presupuestado $325.000 en 2024 para su modernización, los recursos fueron redirigidos a otros gastos del SINAC.
Además, solo un 10% de los trámites forestales están digitalizados y las oficinas subregionales reportan retrasos, escasez de personal y dificultades técnicas que limitan la eficiencia y transparencia institucional.
Ausencia de controles contra la corrupción
La auditoría concluyó que el SINAC carece de un modelo de gobernanza de integridad y de un sistema efectivo para prevenir riesgos de corrupción. No se cuenta con un mecanismo institucionalizado de evaluación de riesgos ni con canales accesibles y claros para que la ciudadanía pueda presentar denuncias.
Según el informe, desde 2021 no se han implementado estrategias institucionales sostenidas para fomentar una cultura ética, y más del 50% de la institución tiene un avance incipiente en identificación de riesgos de corrupción.
Disposiciones obligatorias
La Contraloría giró ocho disposiciones obligatorias que el SINAC deberá cumplir en plazos que van desde setiembre de 2025 hasta noviembre de 2027. Estas incluyen la actualización del decreto que regula los permisos forestales, el diseño de una nueva plataforma tecnológica para la gestión forestal, la implementación de un modelo de gobernanza de la integridad y la mejora del sistema de denuncias ciudadanas.
