Hace algunos días mi colega, tocayo y amigo, Daniel Zovatto, publicaba un alarmante artículo titulado “Algo huele mal en Costa Rica”— viralizado al menos en mi burbuja —, sobre el momento tan crítico que vive nuestra democracia, el cual debería hacernos reflexionar sobre lo que verdaderamente está en juego en el próximo proceso electoral.
Las elecciones más importantes de nuestra historia. Probablemente por mi inclinación profesional en asuntos legislativos, considero las elecciones presidenciales, pero sobre todo las legislativas de 2026, una de las más o la más importante desde la fundación de la Segunda República, ya que de sus resultados depende su supervivencia y cuidado sino también la de nuestra democracia misma.
Lo que verdaderamente está en juego en este proceso electoral. La próxima Asamblea Legislativa será la encargada de reelegir o no al menos a 14 de los 22 magistrados propietarios (dos en Sala Primera, cuatro en Sala Segunda, tres en Sala Tercera y cinco en la Sala Constitucional), así como a 13 magistrados suplentes (dos en Sala Primera, ocho en Sala Segunda y tres en Sala Tercera), a menos que renuncien, se pensionen o los destituyan antes de que finalice su período, redefiniendo más de la mitad de la conformación de la Corte Plena, máximo tribunal del Poder Judicial encargado de determinar el levantamiento o no de inmunidades a miembros de los Supremos Poderes, de elegir o reelegir al Fiscal General de la República — cuyo nombramiento vence el 31 de octubre de 2026 — así como elegir o reelegir a todos los magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, a los que se les vencerá su nombramiento entre mayo de 2027 y mayo de 2031.
Otros nombramientos importantes a realizar por la próxima Asamblea Legislativa. Por si lo anterior no fuera poco, la próxima Asamblea Legislativa también será la encargada de definir los nombramientos del Contralor(a) General de la República; Subcontralor(a) General de la República; Defensor(a) de los Habitantes; Defensor(a) Adjunto de los Habitantes; Procurador General de la República; Regulador(a) General y dos directivos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos; cuatro directivos de la Superintendencia de Telecomunicaciones; un directivo del Banco Central de Costa Rica; dos directivos de la Comisión para Promover la Competencia y; ocho del Tribunal Registral.
Mayoría calificada, partidos afines y oposición de mentirillas. Es decir, el partido que logré obtener la mayoría calificada de 38 votos o más, sea mediante un solo partido político — algo que me parece sumamente difícil —, o bien mediante la suma de diputados de otros partidos liderados por “personas afines” así como la utilización del “cambalache”, el cual algunos tanto critican pero emplean sin sonrojarse, otorgando representaciones en bancos, embajadas, presidencias ejecutivas o directivas, a miembros de otros partidos —hoy preocupados principalmente por facturar a través de la deuda política—, lograría prácticamente cooptar todos los poderes del Estado y los principales controles de legalidad, económicos, de servicios básicos y competencia.
El verdadero problema no son los 38 votos, es la tentación antidemocrática. El problema no se trata de que un próximo Poder Ejecutivo cuente con 38 o más diputados, ni tampoco la pretensión de una reforma constitucional para la reelección continua — esperemos que limitada —. El verdadero problema, el cual ya genera preocupación en muchos de nosotros, es que una eventual y fortalecida continuidad del oficialismo, se pueda ver tentada en impulsar reformas parciales a la constitución o una asamblea constituyente, para impulsar una reelección indefinida, el desmantelamiento de nuestro Estado de derecho, acabar con la independencia de otros poderes e instituciones del Estado así como debilitar el sistema de pesos y contrapesos propio de cualquier régimen democrático. Tal como me decía un conocido, los 38 votos o más no serían peligrosos en un gobierno demócrata, civilista y justo, el cual podría hacer muchas transformaciones urgentes, constructivas y necesarias en el país.
Reflexión cuidadosa de nuestro voto en este proceso. Esta compleja coyuntura nos debería obligar a todos los costarricenses a la adopción de una mayor responsabilidad cívica, patriótica y democrática de cara a este proceso, por informarnos más y mucho mejor, para así poder decidir de mejor manera nuestro voto, a sabiendas de lo que verdaderamente se encuentra en juego en estas elecciones presidenciales, pero sobre todo en las legislativas.
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