En el dictamen recomendaron remitir el caso al Tribunal Supremo de Elecciones y al Ministerio Público.

El pasado miércoles 2 de julio, el Concejo Municipal de Mora aprobó con mayoría calificada el dictamen CAJ-07-2025 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en el que se recomienda investigar al alcalde Alfonso Jiménez Cascante y a la vicealcaldesa primera Ariuna Cabal Lombodorzh por presunta beligerancia política y posible peculado.

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Según la investigación preliminar, los funcionarios habrían ordenado el uso de un vehículo oficial y del chofer municipal para transportar sobres con documentación político-electoral del Partido Liberal Progresista (PLP) durante julio, agosto y diciembre de 2023, en el marco de la campaña para los comicios municipales 2024-2028. En esta línea, el expediente recoge múltiples pruebas: testimonios, boletas de control, audios, mensajes de texto y fotografías.

La Comisión consideró que los hechos expuestos en dicha investigación podrían configurar no solo una participación política indebida durante la jornada laboral, sino también un uso parcializado de recursos municipales en beneficio de una agrupación política, lo que podría contravenir el artículo 146 del Código Electoral. Además, recomienda que el caso sea valorado penalmente por el Ministerio Público bajo el posible delito de peculado, previsto en el artículo 361 del Código Penal.

El dictamen fue aprobado por unanimidad dentro de la Comisión y por mayoría calificada (cuatro votos a favor y uno en contra) en el Concejo Municipal. Ahora será remitido al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y al Ministerio Público para que valoren si corresponde abrir procesos formales.

Pronunciamiento del presidente del Concejo Municipal

El regidor propietario Emmanuel Ferrer Venegas subrayó que el dictamen aprobado es el resultado de un proceso técnico, exhaustivo y multipartidista que se extendió por más de seis meses y que se encontraba en curso incluso antes de la suspensión de los funcionarios investigados.

Ferrer recalcó que el informe refleja el compromiso institucional con la transparencia, la probidad y la fiscalización, y que su aprobación demuestra la voluntad del Concejo de actuar con responsabilidad ante posibles irregularidades. Y concluyó indicando:

La remisión del informe al TSE y al Ministerio Público no implica una condena anticipada, sino el cumplimiento del deber institucional de remitir los hallazgos a las autoridades competentes para que continúen el proceso conforme a derecho. Reitero a los vecinos y vecinas del cantón de Mora que este Concejo Municipal seguirá actuando con responsabilidad, sin titubeos, en defensa del interés público y de la correcta utilización de los recursos municipales. La ciudadanía merece instituciones que actúen con integridad, más aún en contextos donde la confianza en lo público se pone a prueba".