Juicio enfrenta a organizaciones ecologistas contra el Estado, el SFE y Bayer por supuestas violaciones a normas de bioseguridad, participación ciudadana y tratados internacionales.

Este 5 y 6 de junio se realizará la audiencia final del proceso contencioso-administrativo contra la aprobación de la liberación al ambiente del algodón transgénico COT102 en Guanacaste. El juicio tendrá lugar en el Tribunal Contencioso Administrativo y marca la etapa culminante de una causa que se ha extendido por más de una década.

La demanda fue interpuesta por la Red de Coordinación en Biodiversidad y la Asociación Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica. Este caso se tramita por medio del expediente 18-4060-1027-CA y se demanda al Estado, al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y a la empresa Bayer S.A.

En la denuncia, los grupos ecologistas cuestionan que la autorización para liberar este cultivo transgénico se haya otorgado sin cumplir los requisitos de bioseguridad, transparencia y participación ciudadana establecidos por el ordenamiento jurídico costarricense y el Protocolo de Cartagena, tratado internacional suscrito por el país.

Como testigos principales por parte de los demandantes comparecerán los académicos Fabián Pacheco y Jaime García, formados en agrobiología y ciencias agrícolas y quienes representaron al sector académico en la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) durante el proceso de evaluación del cultivo transgénico.

Según indicaron, la decisión de liberar el algodón modificado genéticamente se dio de forma “exprés, opaca y sin contar con estudios realizados en condiciones agroecológicas comparables al sitio de liberación”. Esto a pesar de que en calidad de miembros de la comisión, solicitaron formalmente información técnica adicional que no les fue proporcionada.

Pacheco comentó:

Este no es un caso técnico o burocrático. Este es un caso que pone a prueba si Costa Rica cumple con su deber constitucional de proteger un ambiente sano para las presentes y futuras generaciones”.

Los activistas agregaron que la omisión de análisis rigurosos y la falta de respuesta a solicitudes de información demuestran una actitud “laxa y complaciente” por parte del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), entidad responsable de tramitar los permisos.

García, por su parte, declaró que la autorización cuestionada “fue emitida en violación flagrante del Principio Precautorio, el marco de bioseguridad vigente y el derecho de la ciudadanía a participar de forma informada en decisiones que afectan profundamente nuestra biodiversidad”.

Los demandantes advirtieron sobre los riesgos de liberar algodones transgénicos en un país que forma parte del centro de origen de esta planta, lo que podría tener impactos irreversibles en la biodiversidad local.

La audiencia coincide con la conmemoración del Día Mundial del Ambiente. Por ello, las organizaciones ecologistas indicaron que llegan al juicio “en pie de lucha”, confiando en que el sistema judicial “reafirme la protección del medio ambiente como parte esencial del Estado Social de Derecho”.