Proyecto pasa a revisión de la Cámara de los Lores.

La Cámara de los Comunes del Reino Unido (cámara baja del parlamento) aprobó este viernes un proyecto de ley que permitiría a personas adultas con enfermedades terminales en Inglaterra y Gales optar por una muerte asistida, en lo que podría representar el cambio más profundo en la política social británica desde la legalización parcial del aborto en 1967.

Con una votación de 314 a favor y 291 en contra, la Cámara respaldó el Proyecto de Ley para Adultos con Enfermedad Terminal (Fin de Vida), impulsado por la diputada laborista Kim Leadbeater. La diferencia de 23 votos fue menor a la registrada en noviembre pasado, lo que indica un cambio en la postura de algunos legisladores.

El proyecto, que excluye a Escocia y a Irlanda del Norte, permitiría a personas mayores de 18 años con un diagnóstico terminal —y una expectativa de vida menor a seis meses— solicitar ayuda para morir. Tras la aprobación inicial, la iniciativa será revisada por la Cámara de los Lores, que puede modificarla o retrasarla, aunque no tiene poder para rechazarla definitivamente.

Una de las principales modificaciones introducidas desde noviembre fue eliminar la exigencia de una autorización judicial. En su lugar, la decisión debe ser avalada por dos médicos y un panel conformado por un trabajador social, una figura legal de alto nivel y un psiquiatra.

También se estableció la obligación de crear defensores independientes para asistir a personas con discapacidad intelectual, autismo o condiciones de salud mental, y se conformará una junta asesora sobre discapacidad.

Según el texto aprobado, la persona solicitante debe ser capaz de autoadministrarse la medicación letal. Además, se garantizó que ningún profesional —médico, farmacéutico o trabajador social— esté obligado a participar.

El debate ha sido profundamente divisivo. La votación fue libre, es decir, no se realizó según líneas partidarias, y generó alianzas cruzadas. Defensores del proyecto alegaron que se trata de una cuestión de compasión y libertad de elección, y que la legislación actual favorece a quienes pueden costear el traslado a países como Suiza, donde el procedimiento es legal.

Por su parte, los detractores advirtieron sobre el riesgo de que personas mayores o con discapacidad se sientan presionadas a optar por la muerte, incluso de forma indirecta, para no representar una carga económica o emocional a sus familias.

Fuera del Parlamento, manifestantes de ambos bandos se congregaron durante la votación. Mientras algunos portaban camisetas con la leyenda “Campaña por una muerte digna”, otros sostenían carteles que advertían sobre la posibilidad de transformar al sistema de salud británico en un “servicio nacional de suicidio”.

La legislación deberá superar nuevos debates y posibles modificaciones en la Cámara de los Lores. También enfrenta amenazas legales por parte de organizaciones como Right To Life UK y Care Not Killing, que anunciaron que seguirán oponiéndose.

El gobierno británico no ha tomado una postura unificada: el primer ministro Keir Starmer votó a favor, mientras que su ministro de Salud, Wes Streeting, lo hizo en contra. Aunque el Ejecutivo aseguró que respetará el resultado parlamentario, aún se desconoce el impacto financiero de la medida en el sistema de salud, los hospicios y la administración judicial.

De ser finalmente adoptada, se prevé que la ley entre en vigor en 2029, coincidiendo con el calendario probable de las próximas elecciones generales.

En la actualidad, países como Australia, Bélgica, Canadá y algunas jurisdicciones de Estados Unidos permiten alguna forma de muerte asistida. En tanto, naciones como Países Bajos y Canadá han legalizado la eutanasia, que implica la administración activa de una dosis letal por parte de un profesional médico, a petición del paciente.