La Costa Rica que ha vivido en democracia con solo ir a votar y dejar que las personas que elegimos mediante el sistema representativo hagan su trabajo funcionó durante el siglo XIX y el siglo XX, convirtiendo el derecho a la participación política en un derecho a la participación a través de representantes.
No obstante, en este siglo XXI nos dimos cuenta de que muchas de las personas electas conformaron una élite que no siempre nos representa apropiadamente y que la democracia debía abrirse a la participación, lo cual dio pie a que se reformara nuestra Constitución Política en el año 2002 para incluir mecanismos de democracia directa como el referéndum y la iniciativa popular para proponer leyes, y en 2003 se reformó el artículo 9 para disponer que nuestra democracia sea participativa y el gobierno sea ejercido también por el pueblo —no solo por funcionarios electos y no electos—.
Fue necesario ir a la Sala Constitucional para obligar a la Asamblea Legislativa a dictar las leyes que regulan tanto la iniciativa popular (Ley 8491) como el referéndum (Ley 8492), ambas en 2006, mientras que el derecho fundamental que se deriva del artículo 9 constitucional —que también es un derecho humano reconocido en diversos tratados internacionales— no ha tenido ningún desarrollo legal, quedando sujeto a su aplicación directa por el Estado y sus diversas instituciones.
Lo cierto es que por más de 20 años quienes hemos sentido la necesidad y el compromiso cívico de tomar parte en la construcción de nuestra democracia y las políticas públicas, nos hemos sentido huérfanos y sin respaldo de orden legal para hacer valer nuestro derecho constitucional a que la institucionalidad, de forma real y efectiva, tenga la obligación de abrirnos las puertas, no como una concesión sujeta a su buena voluntad y deseos, sino como un derecho que deben respetar, proteger y garantizar frente al derecho internacional.
Y es que sabemos que en la práctica son pocas las personas ciudadanas que se animan a ejercer ese derecho y eso ocurre, entre otras razones, justamente porque la experiencia ha sido en no pocos casos muy negativa, de modo que quienes tratamos de tomar parte nos hemos sentido “utilizados” por la institucionalidad pública y sus intereses institucionales, los cuales no siempre coinciden con el interés público y el bien común. Como consecuencia, cunde la frustración y la indiferencia entre los llamados a participar, sentimientos que son canalizados en forma de quejas, críticas y reclamos en las conversaciones informales entre la gente, así como en las redes sociales.
Ese estado de cosas fue lo que me motivó a presentar el pasado lunes 2 de mayo de 2025 en el Departamento de Participación Ciudadana del Congreso un proyecto de ley corto (8 artículos y un transitorio), pero sólido, llamado “Ley reguladora del derecho fundamental a la participación ciudadana”, al que se le asignó la gestión 4066, mismo que fue pasado a todos los diputados para su consideración, debido a que solo con su apoyo puede continuar su tramitación legislativa.
Su contenido establece el reconocimiento explícito del derecho fundamental y humano a la participación ciudadana o participación pública, propio de una democracia fundada en el principio de que la soberanía reside en la Nación, estableciendo quiénes son sus titulares, los sujetos públicos obligados y los principios aplicables para impulsar el ejercicio efectivo de ese derecho, así como algunas regulaciones y obligaciones institucionales básicas de los sujetos obligados que impidan “ningunear”, obstaculizar o, peor aún, desconocer o suprimir el disfrute del mismo; violaciones que, de producirse, pueden ser llevadas a la Sala Constitucional para restablecer dicho derecho.
En los tiempos que corren, reforzar nuestra democracia con más participación de la población es un remedio efectivo para que el malestar democrático cuente con nuevas avenidas e instrumentos que lo canalicen y lo procesen a través de mejores condiciones para su ejercicio, en aras de perfeccionar nuestro sistema democrático día con día, de forma constante y no solo durante las votaciones.
Esperamos que diputados de todas las fracciones comprendan la relevancia de esta propuesta y la apoyen.
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