Abogado de la comunidad reclamó que autoridades no presentaron ningún documento que respaldara las acciones.
La Municipalidad de Golfito arrancó este lunes con la demolición de varias propiedades en la comunidad costera de Pavones, en el sur de Puntarenas, pese a la oposición de la comunidad, que denunció irregularidades legales y administrativas en el proceso.
A las 6:30 a.m., maquinaria respaldada por oficiales de la Fuerza Pública, y acompañada por funcionarios del Ministerio de Salud, Migración y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), inició los trabajos de desalojo y destrucción de edificaciones.
¿Qué pasó?
De acuerdo con el abogado Wálter Brenes Soto, defensor de los afectados, desde noviembre del 2024 el gobierno local viene notificando a los vecinos de la comunidad costera de Pavones, especialmente a los que se encuentran dentro de los 200 metros de Zona Marítimo Terrestre, que las casas deberán ser demolidas porque invaden las calles públicas, según lo que establece el plan regulador.
Brenes Soto afirmó que eso es falso porque no se han invadido calles; además, la mayoría de los vecinos pertenecen a familias originarias que llegaron hace 70 años al sitio y es gente que desarrolla actividades comerciales y familiares, en razón de la viabilidad existente en Pavones.
Hace 20 años se empezó a trabajar con planes reguladores, que no reflejan la realidad de las calles y esto ha ocasionado que el alcalde de Golfito, Freiner Lara Blanco, pretenda alegar que las calles están bien, las que están en el plan regulador, pero la realidad es que las existentes son las que están bien elaboradas".
La primera estructura en ser derribada este lunes fue un supermercado de la zona llamado Los Delfines, mientras un grupo de vecinos, liderado por la Asociación de Desarrollo Integral de Pavones, mantenía una vigilia desde las 4 a.m. Sin embargo, la llegada de las autoridades obligó a los manifestantes a retirarse del lugar.
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Según el abogado, representante legal de los afectados, las autoridades no presentaron ningún documento que respaldara las acciones. Brenes Soto interpuso una medida cautelar para detener las demoliciones y está a la espera de la resolución judicial correspondiente. También se sumó a las acciones legales Silvia Padilla Méndez, madre de dos menores, quien solicitó otra medida cautelar para impedir la destrucción de su vivienda.
El defensor indicó que solicitaron al alcalde, los vecinos y los dirigentes del cantón, que se ponga del lado de la comunidad "porque, simplemente, lo que tiene que hacer es una modificación de las calles que se encuentran en las láminas del plan regulador, indicando que las casas se construyeron frente a vía pública, pero no fueron los vecinos los que construyeron esas calles ni las casas se hicieron fuera de la legalidad".
"¿Cómo puede el alcalde pensar que los habitantes pudieron invadir una calle que no existe en el sitio? Los vecinos construyeron sus viviendas frente a calle pública, esa es la realidad", cuestionó el abogado.
Agregó que en marzo del 2025 se quiso ejecutar una orden de demolición de varias casas, los habitantes se opusieron porque tenían un acuerdo con el Concejo Municipal donde se especificaba que se iba a consultar con el Instituto de Turismo (ICT), la legalidad de lo que se estaba haciendo. Posteriormente ese acuerdo fue revocado y se dijo que no se iba a consultar más al ICT.
Brenes Soto recordó que existe un recurso de amparo a favor de la comunidad sigue sin atenderse, ya que el presidente municipal, Alfonso Rojas Loría, se niega a entregar información clave sobre el Plan Regulador Integral. Además, alertó deficiencias administrativas en el Concejo Municipal, que actualmente opera sin auditor ni asesoría legal calificada, lo que representa una invasión de competencias y agrava la situación institucional del municipio.
Señalamientos de Ariel Robles
Tras lo sucedido esta lunes, el diputado frenteamplista, Ariel Robles Barrantes, coincidió en que las actuaciones del gobierno local se realizan sin seguir procedimientos legales. Añadió que, mientras se desalojan a locales que habitan la zona desde hace muchos años, permanecen intactas otras construcciones ligadas a intereses externos.
El congresista señaló que podría tratarse de un caso para estimular la gentrificación, con el respaldo de las autoridades locales como las municipalidades. Dijo:
Detrás de esto pareciera la lógica que ha venido impulsándose de que hay una marina privada que quiere hacerse con diferentes espacios de la zona".
Y continuó:
Esa marina privada impulsada por grupos como Enjoy Group, que pertenecen a señores como Rubén Pacheco. Sí, el mismo de Playa Panamá que está interesado en lo que representa sus negocios por encima de los intereses de las comunidades y esto hay que señalarlo con enorme atención, porque es una lógica que se está siguiendo en las zonas costeras de nuestro país".
Ante esta situación, Robles Barrantes presentó un recurso de amparo y solicitó una medida cautelar urgente para detener los desalojos y revisar su legalidad.
Posición de la municipalidad
En un comunicado a la prensa, la Municipalidad de Golfito aclaró que las acciones de desalojo no implican la demolición de todo el pueblo, sino únicamente de tres edificaciones y cercas que invaden el derecho de vía de una carretera establecida en el Plan Regulador Sector Costero. Según la institución, estas estructuras se ubican en terrenos de la Zona Marítimo Terrestre, bajo administración municipal, y fueron construidas sin cumplir los requisitos legales ni contar con concesiones vigentes.
El gobierno local afirmó que respetó el debido proceso y actúa conforme al artículo 13 de la Ley N.° 6043, que faculta a las autoridades a proceder con la demolición sin responsabilidad para la municipalidad. Además, indicó que hasta el momento no reciben ninguna notificación judicial ni administrativa que suspenda el proceso.
Asimismo, indicó que, como parte del proyecto, se contempla la colocación de 3,8 kilómetros de asfalto, drenajes, cunetas y señalización, con el fin de mejorar la infraestructura del distrito. Finalmente, la municipalidad informó que se realizaron censos en coordinación con otras instituciones para atender casos de vulnerabilidad social y brindar acompañamiento a las familias afectadas.
