Actualmente, las personas pensionadas desde el 2021 pueden recibir el ROP en cuotas mensuales equivalentes al mismo plazo de tiempo en que cotizaron.

La diputada del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro Molina, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 24.972) que propone modificar el Transitorio XX de la Ley de Protección al Trabajador, con el objetivo de permitir que las personas pensionadas entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2029 puedan retirar sus fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) en un plazo máximo de 24 meses.

La Ley de Protección al Trabajador (Ley 7983) creó en 2000 el ROP para complementar la pensión principal que reciben las personas trabajadoras cuando finalizan su vida laboral, de modo que, además de la pensión del régimen básico, se reciba un respaldo económico adicional mes a mes. No fue ideado como un ahorro de las personas trabajadoras.

Durante los primeros diez años de vigencia se permitió que las personas retiraran el monto completo del ROP al pensionarse, debido a que por el periodo de maduración, los recursos ahorrados en esos primeros años eran insuficientes para generar una pensión mensual significativa. En 2010 la Superintendencia de Pensiones (Supen) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) reglamentaron que, a partir de ese año las personas podían retirar la totalidad del ROP si el monto de la pensión complementaria mensual no alcanzaba el 10% de la pensión principal.

Sin embargo, en 2020 la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley 7983 (expediente 21.309) para eliminar esa posibilidad de retiro anticipado, y estableció que las personas que se pensionaran antes del 1 de enero de 2021, podían hacer un retiro acelerado del ROP, y quienes se pensionaran entre esa fecha y el 18 de febrero de 2030 pueden retirar los fondos acumulados en sus cuentas individuales en rentas temporales por un plazo equivalente a la cantidad de cuotas aportadas a este régimen.

El proyecto justifica que las personas que se pensionen antes del 2030 puedan retirar los recursos en un menor plazo, señalando que las pensiones como el ROP requieren de 30 años de maduración para dar una pensión complementaria significativa, de alrededor del 20% de la pensión principal, y añade:

Se necesita que el ahorro de los trabajadores tenga más de 30 años de madurar en el sistema para que entregue una cuota que impacte positivamente en el nivel de vida del pensionado los depósitos menores a este tiempo darían cuotas muy pequeñas sobre todo en salarios de la media hacia abajo y la forma de mejorar la condición económica  a estos pensionados sería entregándoles completos sus ahorros en dos años".

La iniciativa argumenta que devolver estos recursos en un menor plazo permitiría a muchas personas pensionadas cancelar deudas con tasas elevadas, invertir en proyectos productivos o mejorar sus condiciones de vida, y advierte:

Habrá muchas objeciones de los conglomerados financieros, que son los dueños de las Operadoras de Pensiones Complementarias, pues son estos mismos entes, los que están ganando en términos netos en esta operación, ya que, son ellos quienes captan los recursos de las operadoras a tasas bajas y los prestan, a los mismos ahorrantes del ROP, a tasa altas".

Adicionalmente, la exposición de motivos critica el modelo de gestión de las Operadoras de Pensiones Complementarias, señalando que su esquema de comisiones fijas y su concentración en inversiones en el extranjero han limitado los beneficios reales para los cotizantes. Asimismo, cuestiona la falta de competencia y de propuestas orientadas a estimular la inversión interna mediante estos fondos.

El proyecto también expone datos sobre el sobreendeudamiento de los hogares costarricenses, indicando que gran parte de la población pensionada enfrenta deudas elevadas, exclusión financiera y procesos de cobro judicial, lo cual podría aliviarse si se les permite disponer de los recursos acumulados en sus cuentas del ROP.

El proyecto fue presentado con la firma de respaldo del resto de la bancada del FA, así como de Katherine Moreira Brown del Partido Liberación Nacional (PLN). Debido a que la Asamblea se encuentra en periodo de sesiones extraordinarias, el proyecto podrá iniciar su trámite legislativo ordinario si es convocado por el Poder Ejecutivo, o a partir del 1 de agosto.