Informe identificó que 44,1% de las personas monitoreadas no ha cumplido las medidas impuestas.

El viernes de la semana anterior el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) presentó los resultados de la evaluación del Programa de Monitoreo Electrónico (PME), destacando que la evaluación confirmaba los impactos positivos en reducción del hacinamiento, ahorro fiscal y menor probabilidad de reincidencia entre personas monitoreadas.

Dato D+: El Programa de Monitoreo Electrónico fue creado en 2014 bajo la Ley 9271, y utiliza dispositivos electrónicos como alternativa a la prisión para personas con medidas cautelares o sentencias, evitando consecuencias negativas como la pérdida de empleo o la ruptura familiar.

Sin embargo, esta tarde, el ministerio envió un segundo comunicado de prensa señalando que el programa requiere una reforma urgente y que la evaluación realizada “pone en evidencia que el programa enfrenta desafíos críticos”, y añadieron:

Uno de los más relevantes es el alto nivel de incumplimiento de las medidas impuestas: globalmente (2017-2024) se identifica un 44,1% de las personas monitoreadas no han cumplido las medidas impuestas, especialmente en delitos contra la propiedad. Esta situación se relaciona directamente con las características individuales de cada caso y la falta de criterios técnicos claros para el ingreso al programa”.

Adicionalmente, en el segundo comunicado, aseguraron que otro de los desafíos del programa es la fragmentación institucional en el modelo actual. Mideplán indicó:

El Poder Judicial decide quién ingresa al programa, el Ministerio de Justicia y Paz lo implementa y financia, y la Policía Penitenciaria realiza labores de control operativo. Esta distribución de funciones genera dificultades en la estandarización de procesos, establecer mecanismos efectivos en la rendición de cuentas y en la articulación interinstitucional”.

El informe presentado, no señala dentro de sus recomendaciones una redistribución de funciones entre los actores involucrados en el programa, y más bien recomienda:

Aumentar el intercambio de información y comunicación con distintos actores (prensa, ciudadanía, centros de estudio, entre otros), sobre los roles y responsabilidades de los actores en las distintas fases del programa (otorgamiento de la medida, ingreso, supervisión, egreso), los grados de cumplimiento y los casos de éxito".

Además, en el comunicado del viernes anterior, la ministra de Planificación y Política Económica, Marta Esquivel Rodríguez, indicó:

Esta evaluación es una muestra del compromiso del Estado con una política pública basada en evidencia. El monitoreo electrónico es una solución moderna y eficiente que debe ser perfeccionada para garantizar su sostenibilidad y mayor impacto en la seguridad ciudadana”.

Mientras que, en el segundo comunicado, la jerarca enfatizó en los cambios que requiere el programa, señalando:

La evidencia recopilada demuestra que el monitoreo electrónico puede ser una herramienta valiosa, pero no debe aplicarse de forma indiscriminada. Como Estado debemos garantizar que este tipo de medidas se asignen con criterios claros, sostenibles y técnicamente fundamentados. Esta evaluación nos permite identificar con mayor precisión dónde están las debilidades y cómo corregirlas, en particular a través del fortalecimiento del marco normativo que rige su aplicación”.

En cuanto a cambios en los criterios para otorgar las medidas el informe recomienda "valorar el planteamiento de una reforma normativa de la Ley 9271 con el fin de i) aumentar la rigurosidad en la selección y perfilamiento de las personas que ingresan al programa, que tiendan a favorecer grados mayores de cumplimiento de las medidas impuestas, ii) reducir la ambigüedad de objetivos perseguidos por la ley".