La Caja denunció que desde enero de 2022 no ha recibido ni un solo colón de los recursos generados por ese tributo.

La vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive Angermüller, se manifestó esta semana en contra de una eventual eliminación del impuesto especial del 20% sobre los vapeadores y dispositivos electrónicos de nicotina, advirtiendo que esa medida comprometería la sostenibilidad de los programas institucionales destinados a mitigar las enfermedades relacionadas con su consumo.

Sin embargo, la jerarca omitió referirse al hecho de que, desde su entrada en vigencia en enero de 2022, ese impuesto ha sido recaudado por el Ministerio de Hacienda pero no ha sido transferido a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a pesar de que la ley establece que ese dinero debe destinarse íntegramente a dicha institución.

La manifestación de Munive se dio este martes ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, durante el análisis del expediente 24.624, que propone una reforma integral a la Ley N.° 10.066 sobre regulación de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), sistemas similares sin nicotina (SSSN) y dispositivos electrónicos que utilizan tabaco calentado.

Según la ministra, una propuesta de texto sustitutivo a ese proyecto —impulsado por el propio Poder Ejecutivo— eliminaría el impuesto del 20%, dejando “sin recursos a las instituciones” como la CCSS, el Ministerio de Salud, el IAFA y el INCIENSA. El proyecto del gobierno, sin embargo, más bien elimina a la CCSS como el beneficiario del 100% de lo recaudado actualmente por ese impuesto, y en lugar de hacer una redistribución de esos recursos entre las instituciones mencionadas por Munive, más bien pretende que se se utilicen "para financiar las obligaciones y facultades que se le otorgan a la autoridad sanitaria y demás instituciones que abarca la presente ley, y se deberán manejar dentro del Sistema de Cuentas del Sector Público".

“El texto sustitutivo plantea la eliminación del impuesto del 20%, dejando sin recursos a las instituciones para poder manejar todo lo que va a producir esto”, advirtió Munive, agregando que la reforma “le está regalando la posibilidad de meter más producto sin ninguna imposición”.

No obstante, ni la ministra ni los diputados presentes en la sesión mencionaron el incumplimiento del gobierno en la transferencia de esos recursos a la CCSS, situación que ha sido denunciada reiteradamente por la institución.

En noviembre de 2024, la CCSS denunció que Hacienda le adeuda casi ₡30.000 millones por concepto de impuestos al tabaco. Según informó entonces, entre 2022 y setiembre de 2024 el gobierno recaudó ₡68.456 millones por impuestos a productos de tabaco, de los cuales el 55% (equivalente a ₡37.650 millones) debieron haber sido transferidos a la institución. Sin embargo, Hacienda solo giró ₡8.424 millones, es decir, un 77,6% menos de lo que le correspondía.

Además, la Caja denunció que desde la entrada en vigencia de la Ley 10.066, no ha recibido “ni un solo colón” del impuesto recaudado a los vapeadores, a pesar de que la legislación ordena que el 100% de esos recursos debe destinarse a la compra de medicamentos de alto impacto para enfermedades asociadas al consumo de nicotina.

Según la Contraloría General de la República, Hacienda proyecta recaudar más de ₡870 millones por ese concepto en 2025, pero en el Presupuesto Nacional esos recursos no aparecen asignados a ninguna de las instituciones beneficiarias.

La disminución sostenida en la transferencia de estos recursos ha generado preocupación dentro de la CCSS. De acuerdo con el doctor Gonzalo Azúa, director del Proyecto de Fortalecimiento de la Atención Integral del Cáncer, los ingresos por impuesto al tabaco han disminuido 69% desde 2013. Mientras entre 2013 y 2015 la institución recibió más de ₡20.000 millones, entre 2021 y 2023 la cifra cayó a menos de ₡3.000 millones.

Azúa advirtió que la falta de recursos limita la atención médica a pacientes con enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco y vapeo, compromete la sostenibilidad de los programas actualmente en ejecución, y aumenta la carga financiera para el Seguro de Salud.

Además, afecta de forma directa las acciones de salud pública dirigidas a prevenir el consumo de estos productos, incluyendo las campañas educativas y las Clínicas de Cesación de Tabaco y Vapeo que opera la Caja.

Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS, informó entonces que se habían iniciado gestiones de cobro administrativo ante el Ministerio de Hacienda y que se estaba valorando la interposición de un proceso de cobro judicial para recuperar los recursos no girados en los últimos años.