Defensoría encontró que 489 puentes están en estado deficiente, 1058 regular y 146 satisfactorio.
El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme-UCR) compartió con la Defensoría de los Habitantes el resultado de auditorías técnicas realizadas a proyectos en ejecución y de las evaluaciones efectuadas a la red nacional pavimentada.
A partir de estos documentos, la Defensoría procedió a realizar una investigación sobre el tema de conservación y mantenimiento de puentes. Como resultado de la investigación se determinó que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no adopta un Sistema de Gestión de Puentes (SGP) propuesto al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) por el laboratorio de la UCR desde el año 2018.
El sistema le permitiría a la administración, priorizar recursos, preservar o extender la vida útil de los puentes del inventario. Esto al usar principios de ingeniería para priorizar las actividades y recursos basados en un análisis exhaustivo de todos los puentes y sus necesidades específicas.
La Defensoría reconoce que el Conavi cuenta con el Sistema de Administración de Estructuras de Puentes (SAEP), una herramienta informática que permite gestionar el inventario, inspección y mantenimiento de puentes, así como evaluar su deterioro y priorizar reparaciones. No obstante, según el Lanamme, este sistema no proporciona una calificación directa sobre la condición de los puentes que refleje su nivel de seguridad.
Detallaron que en el SAEP los gestores no tienen la posibilidad de detectar de forma rápida un puente peligroso para los usuarios, lo que permitiría la toma de decisiones paliativas que reduzcan el riesgo.
La Defensoría indicó que en ese contexto, es a través de la realización programática de las inspecciones de puentes que se puede conocer el estado o condición estructural y funcional de esta infraestructura a nivel global. Según datos enviados a la Defensoría al 2024, en el país hay 489 puentes deficientes, 1058 en estado regular y 146 puentes en estado satisfactorio.
En momentos donde hay limitaciones presupuestarias, el ente defensor señaló que se vuelve más necesaria la implementación de un SGP. La herramienta vendría a coadyuvar en el proceso de la optimización del presupuesto y ayudaría en la gestión de puentes.
¿Qué más encontró la Defensoría?
La Defensoría compartió que en la investigación también dio con evidencia de la escasa inversión en conservación y mantenimiento de puentes, que para el 2024 representó apenas un 0,003% del Producto Interno Bruto (PIB), presupuesto que es asignado por el Poder Ejecutivo.
Dicha inversión consideran que desconoce los criterios técnicos emitidos por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, lo que pone en riesgo, no sólo la continuidad del servicio, sino la seguridad de las personas usuarias.
Tras su análisis, la Defensoría enfoca su recomendación en materia del derecho a la información que respalde a cada uno de los habitantes usuarios de los puentes de la Red Vial Nacional, con el fin de que se garantice al menos, el derecho a conocer el estado de conservación y mantenimiento de esta infraestructura:
De este modo exigir la responsabilidad de las autoridades a cargo, en caso de daños y afectaciones a su vida o bienes, así como de la aplicación del Protocolo de salida de operación y restricción de cargas de los puentes de la Red Vial Nacional, con el fin de contar adicionalmente, con señalización que técnicamente corresponda, en relación a cargas u uso seguro de dicha infraestructura".
La institución encargada de defender los derechos de los ciudadanos solicitó al director ejecutivo del Conavi, Mauricio Sojo Quesada, implementar un programa de divulgación que cuente con información actualizada de todos los puentes en un plazo de tres meses.