Directivos también objetaron otros tres proyectos de ley.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó este martes, por unanimidad, objetar el proyecto de ley 23.809 denominado "Ley de reconocimiento de identidades trans, no binarias, de género diverso e intersex", al concluir que el mismo tiene una alta incidencia para la institución y trasgrede sus competencias asignadas constitucionalmente.

La iniciativa, presentada por el Frente Amplio en junio de 2023, pretende (entre otras medidas) reconocer el derecho de esa población a acceder a hormonización, bloqueadores de hormonas, cirugías, remoción de vello, entre otros; así como establecer un plazo máximo de seis meses para que la institución inicie las terapias de reemplazo hormonal que le sean solicitadas.

En sesión de la junta se conocieron los criterios de las Gerencias Médicas y Financiera, quienes señalaron que no se puede imponer a la Caja una norma donde se establezca la forma en que debe otorgar la prestación del servicio, pues ello atenta contra la autonomía de gobierno reconocida constitucionalmente.

La Gerencia Médica señaló que se requeriría formar personal de alta especialización para los procedimientos de reasignación de sexo, procedimientos de remoción de vello permanente y cirugías de índole estético, además de objetar la inclusión de terapias hormonales en menores de edad aún contra indicación médica, todo lo cual llevaría a un aumento en las listas de espera.

"Se invade el territorio de la decisión clínica que responde a muchas variables biopsicosociales de cada niña, niño o persona adolescente y adulta al sugerir procedimientos específicos de intervención, sin consideración de evidencia científica vigente y la condición de salud de la persona usuaria, lo cual incide directamente sobre la CCSS al intervenir servicios especializados, con una magnitud económica y funcional incierta", dijo la Gerencia Médica.

De igual manera, la Gerencia Financiera señaló que el proyecto resultaría perjudicial económicamente para la institución, pues sería la Caja la que asumiría el financiamiento de lo pretendido en la iniciativa con recursos ordinarios, generando un detrimento en las finanzas institucionales, al no establecerse una fuente de ingresos adicional, en momentos donde las transferencias del Estado a los seguros que administra la Caja son menores a sus obligaciones legales.

La única directiva que justificó su voto fue Martha Rodríguez, representante de los sindicatos en la Junta, quien señaló que ese cuerpo colegiado no estaba irrespetando el derecho de las personas a su autopercepción y auto identificación, sino que el proyecto trasgredía las competencias de la institución.

Otros proyectos objetados

La Junta de la CCSS también objetó el proyecto de ley 24.124 que pretende regular los perros de asistencia, otros animales de trabajo, animales de apoyo emocional y animales de compañía.

Los directivos se opusieron a esa iniciativa por el artículo 4.6 del proyecto, el cual establece que la CCSS debe emitir un dictamen médico para que las personas aseguradas puedan ser usuarios de perros de compañía.

La Gerencia Médica señaló que la Caja solo podría emitir un dictamen con los padecimientos de las personas, pero no recomendar que la persona sea poseedora de un animal de compañía, pues esa tarea debería recaer en el Consejo Nacional de Personas con discapacidad (CONAPDIS).

"La CCSS no podría solventar el proporcionar un perro si el usuario reclama que la CCSS le anotó en el dictamen que puede ser usuario de un perro y no se lo brindó o costeó, ya que el mismo médico indica que mejora su salud", señala el criterio.

De igual manera, la junta objetó el proyecto de ley 23.964, que pretende adicionar un párrafo cuarto al artículo 148 del Código de Trabajo, para crear los días “puente festivo” (de pago no obligatorio) entre días feriados, cuando estos caigan martes o jueves, y los fines de semana.

Sobre esa iniciativa, la Gerencia Administrativa recomendó a los directivos oponerse a la iniciativa por el impacto financiero que tendría para la Caja el tener que pagar tiempo extraordinario o doble reconocimiento de pago del día puente para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios.

La Gerencia Médica recomendó no oponerse por considerar que no generaba un impacto negativo en la prestación de servicio hacia los usuarios, mientras que la Gerencia Financiera también recomendó no objetarlo por cuanto no se evidenciaba una injerencia directa para la Caja. La Dirección Actuarial también recomendó no objetar el proyecto por considerar que podría ser beneficio para la institución dado el dinamismo que se le inyectaría a la economía producto del día libre adicional, particularmente en los ingresos que generaría el sector turismo.

Los directivos finalmente objetaron la iniciativa, salvo Martha Rodríguez, quien votó por no objetarlo.

La Junta también se opuso al expediente 23.405 que pretende reforzar los controles a las personas conductoras que manejan bajo el efecto del alcohol o drogas, adicionando las drogas ilegales, pues el proyecto establece que la Caja deberá realizar de manera célere pruebas de laboratorio a los conductores, cuando estas lo soliciten para objetar la conclusión de que han estado conduciendo bajo el efecto de drogas ilegales.

Sobre este proyecto, la Gerencia Financiera recomendó no objetarlo al no visualizar una afectación a las finanzas y presupuestos de la institución, sin embargo, los directivos se decantaron por la objeción hecha por la Gerencia Médica, quien señaló que esa obligación de realizar exámenes podría exceder la capacidad instalada de la institución con respecto al aumento que peuda existir en la toma de muestras para determinar si una persona está con efectos de alguna sustancia psicoactiva.