Proyecto busca financiar las redes de Monitoreo Geodinámico y Meteorológico del país con un impuesto de 0,6% a las primas de seguros de vida, salud, incendios y líneas afines.

La Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP) emitió un comunicado de prensa para expresar su “gran preocupación” por el proyecto de ley 24.738 que pretende financiar el mantenimiento de las redes de Monitoreo Geodinámico y Meteorológico del país a través de un nuevo impuesto del 0,6% sobre las primas de seguros de vida, salud, incendios y líneas afines (terremoto, inundación, deslizamiento, etc.).

El proyecto, presentado por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Rosaura Méndez Gamboa, pretende que los recursos de este nuevo impuesto se dirijan a financiar el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional (OVSICORI), la Red Sismológica Nacional (RSN), el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica (LIS) y el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Desde la Asociación señalaron que este nuevo impuesto recaudaría, aproximadamente 3.100 millones de colones anuales.

Dato D+: La semana pasada la Universidad Nacional (UNA) solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación del expediente 24.738..

Desde la APP aseguraron que la aprobación de esta nueva carga tributaria a los seguros significaría que las personas que buscan adquirir una vivienda mediante crédito enfrentarán incrementos en las cuotas debido al aumento de los seguros de incendio y vida relacionados al crédito, encareciendo el acceso a este tipo de préstamos.

Adicionalmente, la asociación señaló que las empresas que hoy contratan seguros de salud colectivos para sus colaboradores, así como aquellas personas que tienen pólizas de salud individual, tendrían un aumento en la prima que pagan, restringiendo el acceso a estos seguros y trasladando la presión “al ya saturado sistema de salud pública, aumentando las listas de espera y afectando el acceso a servicios médicos oportunos”.

Dato D+: Según su sitio web la AAP está integrada por las empresas Adisa, ASSA, BMI Seguros de Vida y Salud, Davivienda Seguros, Oceánica de Seguros, MAPFRE, Seguros Lafise, Pan American Life Insurance de Costa Rica, Sagicor, SM Seguros y Quálitas.

En su comunicado la AAP agregó:

Por técnica de seguros, cualquier carga o gasto en seguros se traslada a la tarifa que paga el consumidor, quien hace un esfuerzo económico para protegerse de los riesgos. Es incompresible que este sector que previene sus riesgos sea castigado teniendo que asumir el financiamiento directo del gasto de entidades públicas, que además no están relacionados ni tienen vinculación con sus seguros”.

La asociación aseguró que “limitar el acceso al seguro incrementando su costo, como lo haría este proyecto, es minar la capacidad de recuperación de la sociedad ante emergencias y crisis, justo en momentos en que el cambio climático y la incertidumbre global hacen más importante que nunca fortalecer estos mecanismos de protección”, y añadieron:

Aumentar el costo de los seguros significa limitar la protección personal, patrimonial y el acceso al crédito para miles de costarricenses. La accesibilidad al seguro debe ser una prioridad nacional, no una barrera cada vez más alta para quienes buscan proteger lo que más valoran”.

La AAP indicó que actualmente existen más de cinco iniciativas de ley que buscan imponer nuevas cargas sobre las primas de seguros. Sostienen que de de concretarse estas propuestas implicaría el avance de medidas profundamente regresivas, que afectan “principalmente a quienes más necesitan mecanismos de protección y contradicen los principios de inclusión financiera y protección social que deben guiar la política pública”.

La cámara finalizó su comunicado haciendo un llamado a la Asamblea Legislativa para que reconsideren el proyecto de ley 24.738 “evaluando con responsabilidad su impacto negativo sobre la economía, la estabilidad financiera de las familias y la resiliencia social y económica del país”.

El expediente 24.738 actualmente se encuentra en trámite legislativo en la Comisión de Asuntos Hacendarios.