Desde la implementación de la Ley de Concesiones solo se han desarrollado cinco proyectos de alianzas público-privadas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó su más reciente estudio sobre la situación de la economía costarricense, el cual señala que el país podría utilizar las alianzas público-privadas (APP) para impulsar la inversión del sector privado en infraestructura, sin embargo, desde la aprobación de la Ley de Concesiones en 1998, sólo cinco proyectos se han desarrollado como APP en Costa Rica.

El informe detalla que el uso limitado de las APP “se debe a la asimetría regulatoria entre las APP y los procesos estándar de contratación pública, así como a la falta de capacidad institucional en el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), el organismo desconcentrado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes encargado de administrar las contrataciones”, y añade:

El proceso de implementación de las APP es más complejo que el de las contrataciones públicas estándar y la mayoría del personal carece de los conocimientos específicos necesarios para aplicarlo. La metodología de las APP para realizar el análisis de costo-beneficio también es más onerosa, ya que requiere comparar los ahorros iniciales en gastos de capital con el flujo futuro de pagos anuales o ingresos no cobrados de las tarifas de los usuarios”.

El informe recomienda que, para ampliar el uso de las APP, “se debe aumentar la capacidad técnica del personal del Consejo Nacional de Concesiones, y permitirse la subcontratación de análisis técnicos” y añade que el CNC debe “enfocar su actividad en el diseño y la evaluación de proyectos de APP, delegando las tareas de supervisión a la entidad patrocinadora del proyecto”.

El informe de la OCDE advierte que para la correcta aplicación de las APP “se requieren marcos cuidadosamente diseñados para mitigar algunos de los riesgos inherentes al uso de APP, que incluyen el riesgo de demanda, el riesgo operativo, el riesgo de inversión y el riesgo de adquisición de tierras”, y añade:

Un requisito fundamental para ampliar el uso de las APP en Costa Rica es la adopción, desde el inicio, de un mecanismo adecuado de resolución de disputas, basado en protocolos de resolución económicamente accesibles, rápidos e independientes”.

Adicionalmente, el informe recalca la importancia de la creación de credibilidad y confianza entre las partes interesadas (sector privado, gobierno y ciudadanos) como elemento crucial para aumentar el uso de los contratos de APP, que implican relaciones a largo plazo (hasta 90 años), y señala que “Costa Rica podría comenzar a construir credibilidad mediante la adopción de APP en futuras contrataciones, estimadas en alrededor de 2 mil millones de dólares en los próximos dos años”.

Otras posibilidades que destaca el informe son:

  • El uso de APP podría provenir del Fondo de Preparación de Proyectos de Asociación Público-Privada (PPP-PPF), cuyo objetivo es aprovechar los recursos del sector público y privado (hasta 1.200 millones de dólares) para desarrollar proyectos de infraestructura sostenibles y eficientes para 2030.
  • La reforma de 2019 que introduce la posibilidad de usar APP para el manejo de infraestructuras públicas infrautilizadas.