Con mucha preocupación veo, día con día, el deterioro de la seguridad en nuestro país y veo cómo, en lugar de planes claros para solventar esa inseguridad, políticos y periodistas se dedican a realizar campaña, planes populistas y comentarios malintencionados tendientes a debilitar al Poder Judicial. Cuando comencé a trabajar para la Corte Suprema de Justicia, hace ya más de 20 años, recuerdo que había una visión diferente de lo que era vivir en Costa Rica. No es que no hubiera delitos, claro que los había. Desde mucho antes se hablaba de crimen organizado y delitos de cuello blanco, de corrupción y de estafas millonarias. Sin embargo, recuerdo que existía una confianza en el sistema judicial y un respeto para quienes ejercían la función de administrar justicia. Desde que me incorporé a labores, existía una admiración y respeto por jueces y fiscales, quienes día a día demostraban que esa admiración era justificada. Conocían la ley y dedicaban mucho más que horas laborales a su función.
Con el paso de los años, he venido viendo cómo la ciudadanía ha ido perdiendo esa admiración y respeto. Esta pérdida me preocupa, pues en muchas ocasiones responde a comentarios malintencionados de personas que solo buscan beneficiarse del 'río revuelto'. No voy a decir que no se hayan cometido errores, porque, como en cualquier función realizada por seres humanos, errores se van a cometer, sin embargo, existía confianza en su labor.
Creo que es importante que la gente sepa que los jueces y los fiscales no inventamos las leyes, ni hacemos con los procesos lo que "nuestro buen juicio" nos señala. Como aplicadores de derecho, estamos obligados a respetar la ley. Las leyes son creadas, redactadas y aprobadas por la Asamblea Legislativa. Sí, justamente por los Diputados que todos elegimos cada 4 años. Son ellos quienes disponen cuáles son las normas que, nosotros, como jueces y fiscales, debemos aplicar. No podemos salirnos de ese marco legal, por más que a menudo veamos una norma con la que podamos no estar de acuerdo, debemos aplicarla. Es frecuente escuchar comentarios de políticos y periodistas juzgando la labor de un juez en determinado caso, indicando no estar de acuerdo con la resolución por "X" o "Y" razón. Ahora bien, puede ser que la decisión de un juez sea impopular, sin embargo, esa decisión responde a la aplicación de una norma que no inventó o eligió el Juez y su resolución está sujeta a revisión por otros jueces de superior categoría, por lo que no es una resolución antojadiza. Una vez más, es cierto que hay errores, los jueces también somos humanos, pero en términos generales, las decisiones se toman en estricta aplicación de las normas que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa. Por eso, a los que estamos dentro del ámbito de aplicación de justicia nos queda muy claro que esos comentarios de políticos y periodistas demuestran que o están mal informados de cómo funciona la ley o buscan informar mal a las personas que no saben cómo funciona la ley. Estas palabras no buscan defender lo indefendible, ni tampoco hacer referencia a un caso o comentario en particular; sin embargo, sí buscan hacer conciencia del daño que causa un comentario desinformado o malintencionado.
Estoy seguro de que todos queremos una Costa Rica más justa y segura. Si existe un caso de corrupción debe exponerse y si existe un error debe señalarse y corregirse; sin embargo, la campaña de desprestigio hacia el Poder Judicial que se vive en este momento sólo daña a Costa Rica y a los costarricenses. Como Juez de la República con algunos años ya en esta función, puedo afirmar que es sensible el debilitamiento que se está dando al Poder Judicial y que ese debilitamiento solamente puede resultar en daño para los costarricenses.
Cuando se lesionan derechos, la ley dispone que es la administración de justicia, encargada al Poder Judicial, la que debe dar solución a los conflictos, esa función se nos asigna a los jueces y la hacemos para dar seguridad a todos los costarricenses. Desprestigiar injustificadamente la honorabilidad de los jueces y su trabajo con mentiras y verdades a medias, sólo genera que cuando alguno de nosotros requiera resolución de un conflicto, deberá recurrir a un órgano cada vez más débil, más manipulable y, por ende, con menor capacidad de resolverlo. Una vez más, no es que se tape la corrupción y que se cubran los errores, sólo es pedir que no se mienta y malinforme a las personas sobre cuál es nuestra función. Este desprestigio a los funcionarios forma parte de ese debilitamiento sistemático del Poder Judicial, en el que los únicos perjudicados van a ser los ciudadanos, las personas que, día con día, necesitan recurrir ante un fiscal o un juez porque no pueden resolver el conflicto sin mediación externa de la administración de justicia.
Tiempo atrás, la captación de personal partía de conseguir a los mejores profesionales, ofreciendo beneficios y salarios competitivos. No nos engañemos, si alguien me roba un carro, me gustaría que la investigación la llevara el mejor fiscal con los mejores investigadores y si me detuvieran injustamente, me gustaría que mi situación jurídica la resolviera el juez más capaz. Sin embargo, la captación de personal es cada vez más difícil. La Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas y la Ley de Empleo Público, si bien necesarias en ciertas ramas, generaron que el salario para jueces y fiscales fuera menos competitivo y por ende menos atractivo para los abogados, que conocedores de las oportunidades que pueden encontrar en el litigio privado, se apartan del servicio público. Por otro lado, la edad de la pensión es cada vez mayor, lo que ha llevado a que muchísimos funcionarios con experiencia hayan dejado el Poder Judicial. Frecuente es escuchar en pasillos que "A" o "B" compañeros dejaron la Corte en busca de mejores opciones. Sin querer ahondar mucho en este tema, la realidad es que los funcionarios experimentados se están yendo y cada vez es más difícil conseguir nuevos profesionales de calidad. Esto nos va a llevar a una realidad en la cual, si nos roban el carro o si nos detienen injustamente, el fiscal, el investigador o el juez, que preferiríamos fueran los mejores, pueden ser unas personas nuevas y sin experiencia, que entraron a la Corte porque no les quedó más remedio. Afortunadamente no hemos llegado a ese punto, pero es el camino que seguimos y la realidad con la que nos vamos a encontrar a muy corto plazo.
El principio de división de poderes parte de la premisa de que hay tres poderes claramente separados, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que se encuentran en relativa igualdad y que cada uno de ellos tiene, además de sus funciones propias, la facultad y obligación de controlar a los otros dos. La realidad de Costa Rica es difícil y nos encontramos ante una encrucijada que va a marcar el futuro de lo que queremos para nuestras hijas y nuestros hijos. Si seguimos usando la política y la prensa como arma para debilitar a la Corte Suprema de Justicia, si seguimos manipulando la información de forma mezquina para beneficiar nuestros intereses va a llegar el momento en que se va a generar una desigualdad de poderes donde uno de ellos no va a poder generar pesos y contra pesos a los otros dos. Si eso sucede, si llegamos a ese punto, como ha sucedido en otros países, terminaremos siendo una dictadura. Un país regido por unas pocas personas y donde el ciudadano no tiene ante quien recurrir. No estoy hablando de personas, estoy hablando de instituciones que brindan una protección y una garantía contra el poder desmedido que pueden tener las otras dos.
Por lo anterior, es importante plantearse lo que queremos para Costa Rica. Queremos seguir por este camino, el que ya han recorrido ya muchos otros que hoy nos acompañan como refugiados; o queremos —por el bien de Costa Rica— seguir un camino sano, de información responsable y comedida, en el que se favorezca al país y sus ciudadanos, a través de propuestas para fomentar la educación, el trabajo, la economía, la igualdad social y la seguridad.
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