Para que los países puedan convertirse en verdaderos promotores de la cultura, es necesario implementar cambios que faciliten la producción artística y reduzcan las barreras que enfrentan quienes trabajan en este sector. Especialmente porque en países como el nuestro, las campañas de promoción, tanto en el ámbito turístico como en atracción de inversión, los temas culturales son pilares y se utilizan de manera reiterativa a la hora de construir la oferta de valor.
Muy a pesar del aporte de la cultura para generar valor de marca país en Costa Rica, durante los últimos años la producción artística ha ido evidenciando y atenuando sus grandes debilidades estructurales, económicas y administrativas, a niveles en los que decrece la gestión y se desacelera la dinámica creativa. De no revertirse o al menos atender estructuralmente la situación, el riesgo, inevitablemente va a impactar en la sostenibilidad del sector. La alarma no la da esta columna, basta revisar los reincidentes reclamos de cientos de trabajadores de la cultura, a través de todas las plataformas, redes sociales y mesas de diálogo recientes.
En este sentido, el encadenamiento de acciones administrativas y marcos normativos para fortalecer la dinámica productiva debe ir más allá, además de que esta dinámica debe ser identificada y abordada estratégicamente para que se garantice un impacto positivo. Este es un tema nacional, que nos interpela, y suficientemente grave como para comprender que no puede conformarse un ecosistema si no prima, como sustento, el reconocimiento técnico, legal, social y solidario hacia las personas que laboran en los sectores culturales.
Para entender otro de los aspectos que impiden la activación económica del sector creativo, vamos a las bases y a la definición dada por OIT (GDFMCS/2014/7) sobre el trabajo cultural “el trabajo cultural y creativo depende del talento y la creatividad y por su naturaleza se ha caracterizado por una gran variedad de relaciones de trabajo y contratos civiles y comerciales en materia laboral, dentro de los cuales se incluyen los contratos de trabajo tradicionales de duración indeterminada, los contratos de duración determinada, el trabajo basado en proyectos o contratas, el trabajo por cuenta propia y el trabajo autónomo”.
En el engranaje de lo público, uno de los puntos parteaguas es la definición o clasificación de una profesión en categorías como liberal o no liberal. Esta interpretación polarizante deja a la mayoría de profesionales del ecosistema artístico y creativo, excluida de ciertas exoneraciones fiscales y algunos incentivos para la producción, especialmente para la formalización de sus actividades.
Bajo este concepto de lo liberal y lo no liberal, se ha venido desarrollando un marco normativo que incide en iguales condiciones en lo laboral y lo comercial. En ese proceso, se ha convertido en una regulación sujeta a un nivel de interpretación muy amplio, tanto en el ámbito nacional, como en el municipal.
¿Qué implicaciones tiene esto para el sector creativo costarricense? Se puede entender con un caso: si una persona se registra en los sistemas institucionales en la actividad económica de “Actividades Musicales y Artísticas (Servicios)”, ésta actividad según dictamen de la Procuraduría General de la República N° C-190-2010 de fecha 1° de setiembre del 2010, se interpreta que esta no es una profesión liberal: “ los profesionales liberales ponen a la orden del cliente sus conocimientos para la resolución de determinados asuntos –por ejemplo, la asesoría, cartulación o las acciones litigiosas... En cambio, en el campo artístico…su trabajo no es propiamente un producto que pueda estandarizarse bajo cánones rígidos o tablas de honorarios, ni tampoco su ejecución puede ser sometida a inspección de una fiscalía de un colegio profesional, toda vez que aquí prevalece ante todo la profunda creatividad, y con ello una libertad sui generis que distingue la individualidad de cada artista”.
Licencias y trámites engorrosos
Algunas instituciones públicas y municipalidades exigen a los artistas cumplir con trámites diseñados para actividades comerciales tradicionales, que son ajenas e innecesarias para la gestión cultural que se realiza. Hay muchos ejemplos de esto, pero podemos destacar la obtención de licencias comerciales domiciliadas o no domiciliadas, la cual se utiliza para ejercer una actividad económica en un territorio específico, la imposibilidad de cumplir con esto radica en que parte de la premisa de que se debe contar con un establecimiento físico.
En este sentido el concepto de profesionales liberales, excluye de competencia a muchas personas con idoneidad. Esto significa que sus ingresos no pueden beneficiarse de ciertas exenciones tributarias aplicadas a profesiones colegiadas, incrementando así su carga económica.
Imponer requisitos como certificados de uso de suelo o permisos sanitarios para eventos artísticos móviles, refleja una falta de comprensión sobre el quehacer artístico y sus particularidades. Estas exigencias, además de aumentar costos y favorecer tramitología, consumen tiempo valioso que podría invertirse en la creación y promoción de sus obras.
Hacia una ruta simplificada para el sector creativo
El fortalecimiento del sector creativo no depende únicamente de transferencias o contrataciones, sino de habilitar una ruta simplificada para el acceso a los mecanismos existentes. La exclusión de la actividad económica, por no ser considerada una profesión liberal, genera impactos negativos irrecuperables en el corto, mediano y largo plazo.
Crear esta ruta de atención de igualdad de oportunidades y condiciones para desarrollar el quehacer creativo sin barreras innecesarias, es una agenda apremiante si llegamos al consenso de construir un ecosistema creativo. Esta es una tarea colectiva, no debe relegarse a la institucionalidad sino debe surgir de conversaciones y propuestas multidisciplinarias del mismo sector, para fortalecer su capacidad de incidencia en la gestión pública. La escena debe despertar.
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