Representantes de más de 70 farmacias comunitarias firmaron oficio señalando que entrada en vigencia del decreto amenaza su existencia.
Un grupo de 73 representantes de farmacias comunitarias enviaron un oficio (del cual Delfino.cr tiene copia) al presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles, a la jerarca del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Patricia Rojas Morales y a la ministra de Salud, Mary Munive Angermüller, solicitando la revocación inmediata del Decreto Ejecutivo que pretende regular los márgenes máximos de comercialización bruta de los medicamentos en el país (Decreto 44863-MEIC).
El decreto, que entra a regir el próximo 17 de febrero, fija un tope máximo al margen de ganancia de las farmacias y droguerías por la venta de medicamentos en el país. El gobierno justificó la medida el pasado 15 de enero señalando que el precio de los medicamentos en Costa Rica es hasta 200% más caro respecto a otras naciones.
El decreto establece que las farmacias y droguerías tendrán un mes para adecuar los precios a un margen de ganancia máximo que, según un comunicado del Gobierno, será de entre un 11% y un 28% para las cadenas mayoristas (dependiendo del grupo terapéutico del medicamento), y de entre el 25% y el 43,5% para las cadenas minoristas.
Según indicaron en el oficio la entrada en vigencia del decreto amenaza la existencia de las farmacias comunitarias “poniendo en peligro no solo nuestras fuentes de empleo, sino el acceso de miles de costarricenses a medicamentos esenciales”.
Adicionalmente, el oficio señala que el decreto “lejos de ser una medida beneficiosa para la población, es un golpe mortal a las farmacias pequeñas y medianas que han sostenido el sistema de salud fuera de los hospitales públicos, garantizando la disponibilidad de medicamentos y la orientación profesional que el pueblo necesita”.
El oficio añade:
Nos resulta inaceptable que el MEIC afirme que hemos sido consultados en este proceso, cuando podemos asegurar con absoluta certeza que jamás hemos sido parte de una discusión real. Se ha impuesto una política sin considerar el impacto devastador que tendrá sobre las farmacias comunitarias y, en consecuencia, sobre la salud de la ciudadanía”.
El grupo de representantes de las farmacias comunitarias agregó:
Este decreto no es una regulación justa: es un atentado contra las Pymes de salud, una sentencia de cierre para innumerables farmacias que llevan décadas sirviendo a las comunidades”.
El grupo finalizó su oficio solicitando al Gobierno la apertura de una mesa de trabajo nacional en la que farmacias comunitarias puedan participar de la discusión sobre regulación de precios.
