En el pasado Foro Económico Mundial en Davos, el presidente de Costa Rica proclamó con entusiasmo: “Costa Rica is open for business”. Esta declaración, que busca posicionar al país como un destino atractivo para la inversión extranjera, es un mensaje claro para los mercados internacionales. Sin embargo, ¿realmente Costa Rica está abierta para los negocios? Y más aún, ¿para todos por igual?
La inversión extranjera recibe un trato privilegiado en comparación con la inversión local. Mientras las grandes corporaciones internacionales gozan de incentivos fiscales, exoneraciones de impuestos y facilidades burocráticas, los empresarios nacionales enfrentan una carga tributaria asfixiante, procesos regulatorios interminables y una falta de apoyo estructural que limita su crecimiento y competitividad.
Un claro ejemplo de esta desigualdad es el régimen de zonas francas, que otorga a las multinacionales exenciones fiscales durante varios años, además de beneficios en infraestructura y logística. Estas condiciones son difíciles de igualar para los negocios locales, que no cuentan con las mismas facilidades ni con una estructura de costos que les permita competir en igualdad de condiciones. Mientras tanto, los pequeños y medianos empresarios lidian con una maraña de trámites, regulaciones y costos operativos que obstaculizan su desarrollo, a pesar de generar el 80% del empleo en el país.
Otro caso evidente de esta inequidad es el sector de Generación Distribuida. Debido a problemas en la aplicación del reglamento de la Ley 10.086, el crecimiento de los proyectos fotovoltaicos ha disminuido significativamente en los últimos 18 meses. Mientras en otros países se incentiva la generación de energía renovable por parte de pequeños productores, en Costa Rica las trabas regulatorias y la falta de incentivos adecuados han frenado el desarrollo de este sector, dejando a muchos emprendedores en desventaja frente a las grandes compañías eléctricas.
El acceso a energía asequible y eficiente es crucial para la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial. Sin una infraestructura energética competitiva, Costa Rica podría quedar rezagada en la adopción de estas tecnologías que definirán el futuro económico global.
Otro problema grave es la salida de emprendedores costarricenses al extranjero en busca de entornos más favorables para desarrollar sus negocios. Muchos talentos locales, que podrían contribuir al crecimiento económico del país, buscan oportunidades en lugares donde las barreras regulatorias son menores y donde reciben mayor apoyo para la innovación y el emprendimiento. Esta fuga de talento representa una pérdida significativa de capital humano y potencial de crecimiento para la economía nacional.
La paradoja es evidente: mientras el país se esfuerza por atraer capital extranjero con un trato preferencial, los emprendedores costarricenses deben enfrentar enormes desafíos para sostener sus negocios en un entorno que no les favorece. La pregunta es inevitable: ¿por qué no ofrecer el mismo nivel de incentivos y facilidades a los inversionistas nacionales?
El discurso de que la inversión extranjera es la única vía para el desarrollo económico no solo es injusto, sino también miope. Una economía verdaderamente sostenible y equitativa debe impulsar tanto la inversión foránea como la local. Es imperativo que el gobierno adopte políticas que equilibren la balanza y permitan a los empresarios costarricenses competir en igualdad de condiciones.
Costa Rica no puede seguir vendiéndose como un país “abierto para los negocios” cuando la realidad es que solo lo está para algunos. La verdadera apertura económica debe incluir a todos los sectores productivos, garantizando un entorno donde tanto inversionistas extranjeros como locales puedan prosperar. Solo así podremos hablar de un desarrollo económico equitativo y sostenible,
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