Poder Judicial consultará si puede usarse Fondo de Emergencias del Poder Judicial para reforzar la seguridad en los circuitos judiciales de Limón, Pococí y el I Circuito Judicial de San José.

La Corte Suprema de Justicia anunció esta tarde su decisión de instruir a las diferentes direcciones del Poder Judicial para que revisen las partidas presupuestarias asignadas y redirijan recursos con el fin de fortalecer la seguridad de las personas usuarias y el personal judicial, sin afectar los servicios de administración de justicia que se brindan a la población.

Desde la Corte aseguraron que la medida busca “atender y prevenir posibles ataques a las distintas sedes judiciales, priorizando aquellas que, según los diagnósticos elaborados por la institución, enfrentan mayores riesgos o vulnerabilidades, como las ubicadas en la provincia de Limón”.

En el comunicado de prensa la Corte señaló que la medida se toma tras el lamentable asesinato del subjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, Geiner Zamora Hidalgo, luego de ser atacado con arma de fuego el pasado 1 de febrero.

El presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, explicó:

Para el Poder Judicial, la seguridad de las personas funcionarias y de quienes requieren nuestros servicios es una prioridad. Estamos tomando medidas, fortaleciendo programas y generando cambios, siempre con el objetivo de atender de manera oportuna la situación de violencia que enfrenta el país. El acuerdo de este lunes refleja el compromiso de todo el Poder Judicial y la unión hacia un mismo objetivo”.

Además, la Corte aprobó este lunes enviar una consulta a la Contraloría General de la República sobre la posibilidad de declarar un Estado de Urgencia y Necesidad, con el fin de que se pueda disponer de fondos adicionales del Fondo de Emergencias del Poder Judicial para reforzar la seguridad en los circuitos judiciales de Limón, Pococí y el I Circuito Judicial de San José.

Finalmente, durante la sesión de este lunes, la Corte aprobó la implementación del protocolo “Persona atacante activa” y la Guía de autoprotección para personas funcionarias del Poder Judicial, herramientas que forman parte del Proyecto Fortalecimiento de la Seguridad Institucional. En 2024, se capacitó a 12.000 personas funcionarias en estos temas, lo que representa un 80% del funcionariado, y se espera que este año se alcance a todo el personal judicial.