Tan solo en 2023, más de 27 mil viviendas fueron compradas por extranjeros que no viven en España.
El gobierno español anunció este lunes una serie de medidas para abordar la crisis de vivienda en el país, incluida la propuesta de un impuesto de hasta el 100% sobre las propiedades adquiridas por no residentes de países fuera de la Unión Europea. Esta medida busca frenar el aumento de los precios inmobiliarios, que han dejado a muchos ciudadanos fuera del mercado.
El presidente Pedro Sánchez destacó que el aumento de los precios de la vivienda ha sido un fenómeno global, con un incremento del 48% en la última década en toda Europa, superando ampliamente el crecimiento de los ingresos de los hogares.
Además del impuesto, las medidas incluyen ampliar la oferta de viviendas sociales, ofrecer incentivos a quienes renueven y alquilen propiedades vacías a precios asequibles, y tomar medidas contra los alquileres de temporada. Sánchez señaló que en España solo el 2,5% de las viviendas están destinadas a viviendas sociales, un porcentaje muy inferior al de países como Francia y los Países Bajos.
La propuesta de gravar a los compradores extranjeros no europeos fue la que acaparó más atención internacional. España ha sido históricamente un destino popular para la compra de segundas viviendas por parte de ciudadanos de fuera de la UE, especialmente del Reino Unido, Estados Unidos y Marruecos, quienes adquieren propiedades en lugares como Ibiza, Marbella y Barcelona.
Sánchez calificó el impuesto como "sin precedentes" en la historia de España y subrayó que los compradores extranjeros no lo hacen para vivir en las propiedades, sino para especular y generar ganancias. Tan solo en el 2023, 27.000 viviendas en España fueron compradas por extranjeros que no viven ni tienen familiares en España.
