Alto Chirrió se convirtió en el territorio número 12 en acceder a recursos financieros en el marco del programa REDD+.
El Territorio indígena de Alto Chirripó (Duchi) recibirá $6 millones de dólares por reducción de emisiones forestales generadas en sus bosques.
Alto Chirrió se convirtió en el territorio número 12 en acceder a recursos financieros tras la firma del Contrato por Reducción de Emisiones Forestales (CREF), creado por el Gobierno para fortalecer el Pago por Servicios Ambientales (PSA) en el marco de la implementación de la Estrategia Nacional REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques).
Esto significa un hito para los pueblos indígenas de Costa Rica, y el Ministerio de Ambiente y Energía, por medio del Fondo Nacional Forestal (Minae-Fonafifo), pues es el resultado de más de diez años de planificación y trabajo participativo entre las partes, con el fin de lograr un desarrollo sostenible, compartió Minae en un comunicado a la prensa.
Actualmente los territorios indígenas de Ujarrás, Talamanca Cabécar, Cabagra, Coto Brus, Abrojo Montezuma, Malecu, Boruca, Alto Laguna de Osa, Rey Curré, Bajo Chirripó y Bribri de Talamanca, cuentan con contratos de reducción de emisiones forestales. Tras este hito, el jerarca ratificó su compromiso con los pueblos indígenas en continuar este trabajo en conjunto, así como también una gran ilusión y agradecimiento.
Marcos García, presidente de la Asociación Integral de Desarrollo Indígena, comentó:
El territorio tiene muchas necesidades, principalmente en infraestructura, como puentes para las quebradas. Se pretende atender varias necesidades. El dinero se acaba y la necesidad siempre va a estar por eso se propone la figura de fideicomiso en el PAFT, para atender necesidades presentes y futuras”.
Los CREF son un instrumento financiero basado en pago por resultados tras mantener y cuidar las áreas con bosques, que comunidades indígenas, propietarios y poseedores de los bosques podrán participar a partir del reconocimiento por las reducciones de emisiones evitadas durante un período definido, gracias a las acciones realizadas por el Gobierno de Costa Rica, desde finales del año 2022.
Este mecanismo está basado en un pago por resultados por la protección del bosque de forma voluntaria y retroactiva, por un período de 7 años (2018-2024).
En los Planes Ambientales Territoriales (PAFTS), se indican cuáles recursos económicos serán direccionados para atender las actividades en las que estarán involucradas y serán beneficiados todos los sectores de la población de cada territorio indígena, incluyendo así grupos de jóvenes, ancianos, niños, mujeres, gobierno local (Asociación de Desarrollo Integral), entre otros.
Minae señaló que la elaboración de estos Planes Ambientales Forestales Territoriales, son el resultado de un extenso trabajo que incorporó diálogos, procesos participativos de información, preconsulta y consulta, realizado bajo la cosmovisión indígena, el marco legal costarricense y el convenio 169 de la OIT, así como también salvaguardas y políticas operacionales del Banco Mundial y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo respectivamente.
