Por una incapacidad de un mes cobraban 150 mil colones. Por una de tres meses el valor ascendía a los 400 mil colones.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacados en la Sección de Anticorrupción en conjunto la con Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción sede Puntarenas, desarrollaron la mañana de este 4 de diciembre una serie de allanamientos por una investigación por aparentes delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública, tráfico de influencias y concusión, en contra de los Deberes de la Función Pública.
Los investigados en este caso son un médico psiquiatra, de apellidos Mora Ávila, un médico emergenciólogo, de apellidos Solís Blanco, y un asistente administrativo apellidado Ibrahain, todos funcionarios del Hospital Monseñor Sanabria, quienes aparentemente trabajaban en conjunto para la supuesta venta de incapacidades.
De acuerdo con información del OIJ, seis de los allanamientos se realizaron en Puntarenas y uno en San José.
¿Cómo operaban?
Según los estudios del Ministerio Público y el OIJ, los sospechosos operaban bajo tres modalidades.
1.
Según las primeras indagaciones, las personas acudían al consultorio privado de un médico psiquiatra en El Roble de Puntarenas, donde, supuestamente, eran atendidas por la esposa del especialista. Esta les habría proporcionado referencias médicas privadas y les indicaba presentarse a emergencias del Hospital Monseñor Sanabria Martínez para ser valoradas.
En el área de emergencias, otro médico, especialista en esa área, habría atendido a los pacientes y, tras evaluarlos, emitía referencias al servicio de psiquiatría si necesitaban incapacidades mayores a cinco días.
Posteriormente, el médico psiquiatra sospechoso en este caso atendía a los pacientes en psiquiatría, facilitándoles incapacidades médicas. Se señala que estas incapacidades se habrían otorgado a personas ajenas al Área de Salud Pacífico Central, con documentación supuestamente generada desde el servicio de emergencias por el médico de esa unidad, también investigado.
2.
El segundo modo de operar detectado por las autoridades indica que algunas personas acudían directamente al servicio de emergencias del Hospital Monseñor Sanabria Martínez, aparentemente con el propósito de buscar al médico especialista en emergencias involucrado. Este, supuestamente, los remitía al Departamento de Psiquiatría mediante referencias físicas sin fecha y sin un debido registro en el sistema de atención médica del hospital.
Se señala además que los pacientes presuntamente no eran atendidos en los consultorios de emergencias ni en la sala de shock, áreas designadas para la valoración inicial antes de emitir notas médicas. Tampoco se encontraron registros de valoración por parte de médicos generales en emergencias, y aparentemente era el propio especialista en emergencias quien generaba las referencias para psiquiatría.
3.
Según la investigación, en una tercera modalidad las personas interesadas en obtener incapacidades médicas se presentaban directamente al Departamento de Psiquiatría del hospital. Allí, supuestamente, eran atendidas por el recepcionista del área, quien también es señalado como sospechoso en este caso.
El asistente administrativo habría asignado a estas personas directamente al médico psiquiatra involucrado, al parecer sin respetar las listas de espera establecidas en el servicio de Psiquiatría.
El OIJ destacó que, según lo obtenido a través de las investigaciones, se tuvo información de que aparentemente por una incapacidad de un mes emitida por el médico especialista en psiquiatría y sospechoso en esta causa, cobraban 150 mil colones. Además, aparentemente, si requerían dicha incapacidad por más de tres mes, les hacían un rebajo cobrando aproximadamente 400 mil colones.
Por otra parte, los investigadores se encontraron irregularidades en incapacidades presentadas por al menos 18 funcionarios del Ministerio de Educación Pública, una funcionaria del Poder Judicial, un funcionario del Ministerio de Justicia y Paz, un funcionario del Ministerio de Seguridad Pública y un funcionario del Patronato Nacional de la Infancia.
Los allanamientos se realizaron en las casas de dos de los tres funcionarios del Hospital Monseñor Sanabria, ubicadas en San Miguel de Barranca, El Roble en Puntarenas así como el consultorio privado del médico psiquiatra en el Roble de Puntarenas, y sus lugares de trabajo en dicho hospital; así como un allanamiento más en el Departamento de Tecnología de la Información de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Los sospechosos serán puestos a las órdenes del Ministerio Público, para que sea esta entidad judicial quien determine lo correspondiente
