En Costa Rica, la educación es un derecho constitucional cuya obligatoriedad garantiza igualdad de oportunidades para todas las personas menores de edad, estableciendo además la responsabilidad del Estado de brindarla e inspeccionarla. Sin embargo, los procesos de extranjerización y gentrificación que enfrenta el país han propiciado la proliferación de instituciones educativas privadas sin acreditación del Ministerio de Educación Pública (MEP), lo que cuestiona la capacidad del sistema educativo para regular de manera efectiva la enseñanza impartida dentro del territorio nacional.

Aunque la Dirección de Educación Privada del MEP acredita y supervisa a los centros educativos que lo solicitan, carece de normativa para regular aquellos que operan sin acreditación, además de no poseer injerencia sobre las relaciones contractuales entre padres de familia y estos centros educativos privados.

La falta de regulación es evidente, particularmente en las zonas costeras donde familias extranjeras optan por centros informales, desconectando a sus hijos del sistema educativo establecido. Estos centros suelen tener costos que exceden el promedio accesible para la población local y, puede ser usual que ni siquiera sea un compromiso la enseñanza del español. Esta desconexión debilita el mandato constitucional, perpetúa desigualdades y revela una institucionalidad incapaz de adaptarse a las dinámicas sociales del país.

Cuando la educación elitizada se privatiza sin regulación, además de comprometer la soberanía educativa, impide aún más las posibilidades de diálogo intercultural. Es un sistema paralelo que erosiona, por su propia conformación excluyente, la cohesión social. Claro que la segregación también ocurre con instituciones privadas acreditadas de élite, pero, peor aún, la informalidad ahonda la diferencia y dificulta las posibilidades de generar una mayor horizontalidad educativa.

Parece urgente que el MEP fortalezca su marco normativo para regular estas instituciones al margen de la institucionalidad. No se trata de limitar la libertad de enseñanza, sino de garantizar que toda oferta educativa cumpla con lo mínimo establecido. Reformar la legislación educativa es indispensable para enfrentar las nuevas dinámicas demográficas y culturales, sobre todo en el contexto de gentrificación de las zonas costeras del país.

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