₡529 millones fueron entregados a 2625 hogares que no cumplían con los criterios establecidos.
El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) incumplió las metas previstas para la entrega del beneficio temporal por inflación a hogares en condición de pobreza, según un informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR). Este programa, ejecutado entre 2022 y 2023, tenía como objetivo principal mitigar los efectos del alza de precios, pero enfrentó deficiencias en cobertura, asignación de recursos y ejecución presupuestaria.
El beneficio consistía en pagos de entre ₡60.000 y ₡300.000 a hogares seleccionados por el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), financiados con ₡20.000 millones del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Aunque el programa se diseñó para alcanzar a 111.111 hogares, solo 83.348 recibieron la ayuda, lo que equivale al 75% de la meta inicial. Además, el nivel de cobertura quedó por debajo del estándar mínimo aceptable del 80%, según los parámetros definidos por el IMAS.
La CGR destacó que 26.918 hogares, pese a tener el beneficio aprobado, no recibieron el apoyo económico. Estos hogares representaban sectores de alta vulnerabilidad, incluyendo 18.486 hogares en condición de pobreza extrema, 14.399 hogares liderados por mujeres, 18.534 con menores de edad como integrantes, 6340 con personas adultas mayores, y 3420 que incluían personas con discapacidad. Incluso, 3800 hogares enfrentaban simultáneamente al menos tres de estas condiciones de riesgo.
La CGR también señaló que el diseño del programa limitó su alcance desde el inicio. Aunque el Sinirube identificó un universo potencial de 218.038 hogares, el presupuesto disponible solo permitía atender al 51% de este total.
El informe identificó además que ₡529 millones fueron entregados a 2625 hogares que no cumplían con los criterios establecidos. Entre estos casos se detectaron 2316 hogares con miembros que ya habían recibido otras transferencias estatales, 251 hogares donde el beneficiario estaba privado de libertad, y 58 hogares cuyos beneficiarios habían fallecido.
Del presupuesto de ₡20.000 millones destinados al programa, el IMAS ejecutó solo ₡15.976 millones (77,2%), dejando ₡4024 millones sin utilizar. La CGR explicó que esta subejecución estuvo vinculada a la insuficiencia y antigüedad de la información contenida en los registros del Sinirube y del IMAS.
El 60% de los hogares que no recibieron el beneficio carecían de información de contacto actualizada, como números telefónicos o cuentas bancarias. Además, más de la mitad de los registros de hogares excluidos tenían datos con más de tres años de antigüedad, lo que dificultó su localización para la entrega del subsidio.
El informe subrayó que el beneficio se implementó únicamente como una medida asistencial, en contravención con lo estipulado por la Ley de Creación del IMAS (n.º 4760). Esta normativa exige que los beneficiarios de planes de ayuda participen en programas de estímulo, como capacitaciones o proyectos para mejorar su integración social y económica.
La falta de vinculación con actividades de estímulo fue considerada por la Contraloría como un retroceso en los objetivos de la institución, limitando las posibilidades de reducir la dependencia de ayudas estatales en la población beneficiada.
La CGR señaló que el marco normativo del IMAS presenta inconsistencias y carece de alineación con su Ley de Creación. Actualmente, tres reglamentos rigen la entrega de beneficios sociales, pero ninguno regula de manera integral la obligatoriedad de vincular la asistencia social con programas de estímulo.
